Denunciaron contrataciones en Colpensiones y generó polémica previo a la Ley de Garantías

A pocos días de la entrada en vigencia plena de la Ley de Garantías, el Gobierno nacional quedó en el centro de un nuevo debate por la apertura de miles de vacantes y la creación de cerca de 800 cargos en Colpensiones, una decisión que ha generado cuestionamientos desde el Congreso, sindicatos y analistas de gestión pública.

Las críticas apuntan tanto a la oportunidad temporal de las medidas como a los mecanismos utilizados para ampliar la planta y la contratación estatal.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que, bajo la dirección de Jaime Dussán y con el aval del Gobierno de Gustavo Petro, se habrían habilitado 800 nuevos puestos en Colpensiones mediante esquemas de tercerización, justo antes de que entren en vigor las restricciones electorales.

En la misma línea, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza sostuvo que estas vinculaciones se realizaron a través de una empresa privada, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre el manejo del empleo público en un momento sensible del calendario electoral.

El foco de la controversia se sitúa en un contrato suscrito con Falcon VI S.A.S., una firma que tenía menos de un año de constituida cuando fue seleccionada por Colpensiones. El contrato inicial, por 382 millones de pesos, fue modificado en seis oportunidades hasta multiplicar su valor.

De acuerdo con lo expuesto por Pedraza, la selección se hizo mediante invitación a un solo proponente, modalidad que evitó una licitación pública. Según la congresista, existen denuncias documentadas sobre fallas en pruebas, resultados inconsistentes, entrevistas discrecionales y decisiones judiciales que ordenaron suspensiones de procesos.

Desde el sindicato Sintracolpen, las alertas se centran en el impacto interno de las contrataciones. La organización sindical ha señalado que durante la presidencia de Dussán se produjo el reemplazo de personal con experiencia por nuevos vinculados, a quienes identifica como cuotas políticas. Su presidente, Daniel Pulido, afirmó que los salarios proyectados para los nuevos cargos, entre siete y once millones de pesos, alimentan las dudas sobre el objetivo real de la expansión de la planta.

Petro respondió a los señalamientos y negó la creación de nuevos empleos. Aseguró que Colpensiones adelanta un proceso de modernización asociado a la reforma pensional y que más de 800 personas que llevaban años como contratistas pasarán a la planta, en cumplimiento de un mandato constitucional de formalización laboral. Según el mandatario, no se trata de nuevas plazas sino de regularizar vínculos existentes.

El debate se amplía con cifras sobre el crecimiento de la contratación por prestación de servicios en el Estado. Un análisis del especialista José David Castellanos, basado en más de 105.000 contratos registrados en Secop, indica que entre 2022 y 2025 el valor de estos contratos pasó de 12,1 a 19,3 billones de pesos y que los cargos vinculados bajo esta modalidad aumentaron de 11.851 a 18.685. El estudio también señala que, en la actual administración, se redujo la duración promedio de los contratos y se incrementaron los de corto plazo.

En paralelo, el Gobierno anunció la apertura de más de 8.000 vacantes en tres entidades: la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Trabajo y Colpensiones. Estas decisiones, formalizadas mediante decretos del Ministerio del Interior, se adoptaron a días de que comiencen las prohibiciones de contratación directa previstas en la Ley de Garantías, lo que mantiene abierto el debate político e institucional sobre su alcance y efectos.

Retraso del Gobierno pone en riesgo el pago de nómina docente en Bogotá