La Defensora alertó sobre riesgos para elecciones, llamó la atención sobre “las actitudes del gobierno nacional”

Durante la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un informe en el que expuso los principales riesgos identificados en el contexto de las elecciones presidenciales.

La funcionaria señaló que existían cuatro factores que requerían atención prioritaria por parte de las autoridades: la actuación de grupos armados y organizaciones criminales, el comportamiento de las campañas políticas, la violencia digital y la desinformación en redes sociales, y las actitudes de instituciones del Estado, incluido el Gobierno nacional en materia de neutralidad.

Según lo expuesto, la Defensora advirtió que el ejercicio de las autoridades públicas debía mantenerse dentro de los principios de imparcialidad, especialmente en escenarios electorales, donde cualquier percepción de intervención puede generar tensiones sobre la legitimidad del proceso.

En su intervención, la funcionaria aclaró que las alertas no buscaban generar alarma, sino fortalecer la prevención institucional frente a posibles riesgos, por lo cual insistió en que una respuesta oportuna del Estado podría reducir el impacto de los factores identificados.

Sobre la situación de orden público, la Defensoría explicó que la incidencia de grupos armados en el proceso electoral se ha manifestado a través de distintas formas, como restricciones a la movilidad, limitaciones para el ingreso a determinados territorios, presiones indirectas mediante acciones de control armado y, en algunos casos, coacciones directas sobre la ciudadanía para influir en el voto. Además, señaló que esto no pertenecía a una sola candidatura en específico.

Por otra parte, y en materia de violencia digital, la Defensoría informó que entre el 13 de marzo y el 19 de mayo se identificaron 722 hechos relacionados con estigmatización, amenazas, discursos de odio, discriminación, violencia contra mujeres y ataques a sedes políticas; estos casos fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral.

Asimismo, la institución alertó sobre la circulación de contenidos falsos generados con herramientas de inteligencia artificial, incluyendo piezas gráficas y animaciones sobre supuestas alianzas políticas. En ese contexto, hizo un llamado a las campañas para desautorizar este tipo de contenidos y promover un debate público basado en información verificable.

La Defensora también se refirió a la responsabilidad reforzada de las autoridades frente a la información electoral y reiteró la importancia de garantizar la transparencia en la difusión de datos sobre el proceso democrático.

De cara a la jornada electoral, la entidad anunció el despliegue de más de 2.100 funcionarios en todo el territorio nacional, además de la presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional y en los PMU departamentales, con el fin de recibir quejas y monitorear posibles vulneraciones a los derechos políticos y electorales.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral se llevó a cabo hace unas horas en Cartagena, donde se abordaron los principales riesgos de seguridad, violencia política y desinformación de cara a los comicios del 31 de mayo.

Allí se mencionó que la MOE informó que desplegaría a más de 2.500 voluntarios en 452 municipios del país, con prioridad en zonas donde existen alertas por posibles afectaciones a la transparencia electoral, y se confirmó la presencia de observadores internacionales en distintas ciudades de Colombia y en consulados ubicados en el exterior.

Igualmente, en la sesión de la Comisión, el procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a la prudencia y la legalidad y recordó que cerca de un millón de funcionarios en todo el territorio nacional estaban advertidos sobre los límites legales para evitar la indebida participación en política.

En su última reunión en Cartagena, la Comisión Electoral evaluó riesgos de seguridad y violencia