En su última reunión en Cartagena, la Comisión Electoral evaluó riesgos de seguridad y violencia
Durante la más reciente sesión de la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral, autoridades nacionales y organismos de observación analizaron el panorama de seguridad para candidatos, campañas y votantes.
En Cartagena se llevó a cabo la última reunión de la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral, en este espacio las autoridades nacionales, organismos de control y entidades encargadas de la vigilancia del proceso democrático evaluaron las principales alertas de cara a las elecciones presidenciales que serán el próximo 31 de mayo.
De acuerdo a lo que se ha conocido, hasta ahora sobre el balance uno de los puntos centrales de la reunión se vinculó con las garantías de seguridad para los candidatos presidenciales, sus fórmulas vicepresidenciales y los equipos de campaña.
De igual manera, durante la jornada fue presentado el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), donde se evidenció un panorama complejo en materia de violencia política, financiación de campañas, desinformación y garantías para el ejercicio periodístico.
Según el reporte, entre enero de 2025 y abril de este año se registraron 565 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunitarios, aunque el consolidado general mostró una disminución frente al ciclo anterior, la MOE alertó sobre un aumento del 18,9 % en asesinatos y un incremento del 6,3 % en agresiones dirigidas específicamente contra actores políticos.
El informe también reveló que los partidos con mayor número de afectaciones fueron el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Pacto Histórico, además, señaló que algunas campañas presidenciales se vieron impactadas directamente por hechos violentos que afectaron sus estructuras territoriales.
Otro de los temas analizados durante la comisión fue la seguridad del proselitismo político en distintas regiones del país, donde se incluyó a Antioquia, Norte de Santander, Bogotá y Santander que se registraron como los territorios con más reportes relacionados con hostigamientos, daños a sedes de campaña, restricciones al ejercicio político y afectaciones a publicidad electoral.
Las autoridades también revisaron las medidas de coordinación institucional y los protocolos de seguridad previstos para las próximas semanas, especialmente en municipios considerados de riesgo extremo o alto por factores de violencia y presión de grupos armados ilegales.
En cuanto a la observación electoral, la MOE informó que desplegarán más de 2.500 voluntarios en 452 municipios del país, con prioridad en zonas donde existen alertas por posibles afectaciones a la transparencia electoral y se confirmó la presencia de observadores internacionales en distintas ciudades de Colombia y en consulados ubicados en el exterior.
La reunión también abordó las alertas sobre desinformación y discurso de odio en plataformas digitales. El monitoreo presentado por la organización identificó cerca de 200 incidencias desinformativas relacionadas con el proceso electoral, además de una alta presencia de contenidos considerados como “comunicación tóxica” en redes sociales.
Entre las principales narrativas detectadas, aparecieron publicaciones relacionadas con supuestos fraudes electorales, ataques contra candidaturas, circulación de encuestas falsas y mensajes orientados a generar desconfianza frente a la institucionalidad electoral.
Otro de los puntos que generó preocupación durante la comisión fue el aumento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con el informe presentado junto a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los ataques contra comunicadores crecieron un 175 % en comparación con el proceso electoral de 2022.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, en su participación de la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral, dio declaraciones llamando a la prudencia y la legalidad.
Sobre el tema, recordó que cerca de un millón de funcionarios en todo el territorio nacional estaban advertidos sobre los límites legales para evitar la indebida participación en política.
Acerca de lo cual dijo que “sin violar la norma lo que podía decir era que había mucho funcionario público, mucho de diferente orden, incluyendo el orden nacional, que tienen procesos abiertos, unos de investigación preliminar, otros de investigación disciplinaria ya en forma".
Por última, declaró que la invitación que hacía era que se sumaran a la Paz Electoral, “ayudemos a que las elecciones presidenciales transcurran en tranquilidad, que gane quien gane, aceptemos todos los resultados que digan las urnas", aseveró Eljach.

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