Desalojo en el monumento a Gandhi en Bogotá dependerá de una querella y podría tardar un mes

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó que el proceso de desalojo de la protesta que se desarrolla en el monumento a Gandhi, ubicado en la carrera Séptima con calle 100, podría tardar cerca de un mes.

La manifestación es liderada por el sargento José Espinoza, quien permanece en el lugar junto a un grupo de personas.

Quintero señaló en una entrevista reciente que para iniciar el procedimiento de recuperación del espacio público es necesario contar con una querella. Con este recurso, la administración distrital puede solicitar el acompañamiento judicial y avanzar en el desalojo.

“Necesitamos instaurar una querella. Con eso, podemos arrancar el proceso, que puede durar un mes. Tenemos un soporte judicial para hacer la recuperación de predio que es muy importante para la ciudad”, manifestó el funcionario.

El Secretario también aclaró por qué no se había presentado antes la querella, ya que la administración procura, en primera instancia, entablar un diálogo con los manifestantes para lograr un retiro voluntario. Solo en caso de que esa vía no prospere, se procede a las acciones legales correspondientes. Agregó que, una vez culminado el proceso, se emprenderán labores de recuperación y mantenimiento del monumento.

En cuanto a las motivaciones de la protesta, el sargento José Espinoza afirmó, recientemente, que permanecerán en el lugar hasta que exista un fallo judicial relacionado con la campaña del presidente Gustavo Petro. Argumentó que el artículo 109 de la Constitución establece consecuencias en caso de comprobarse la violación de topes de financiación o la recepción de recursos indebidos en campañas políticas.

“Aquí nos quedamos hasta que haya un fallo en contra de la campaña. El artículo 109 habla de que, si se comprueba el delito, lleva a la destitución”, aseguró Espinoza.

La protesta en el monumento a Gandhi ha generado la atención de la administración distrital, que busca balancear el derecho a la manifestación con el uso adecuado del espacio público. Mientras tanto, las autoridades locales insisten en que el desalojo solo se podrá ejecutar tras cumplir con los trámites legales correspondientes, lo que podría extender el proceso hasta por un mes.