Exministros alertaron sobre decreto que busca redistribuir vigencias futuras en proyectos de infraestructura

Seis exministros de Hacienda y Transporte dirigieron una carta abierta al Gobierno y a la opinión pública en la que expresan su “enorme preocupación” por las consecuencias que tendría el borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el cual busca redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas para proyectos de infraestructura de transporte bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Los exministros advierten que el borrador “pretende regular materias que solo pueden ser modificadas o definidas por el legislador y no por el Ejecutivo”, lo que genera serias dudas sobre su legalidad y constitucionalidad. Según el documento, el decreto también desconoce instancias y procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la Ley de APP.

Asimismo, señalan que la propuesta contradice lo expresado por la Contraloría General de la República, cuyo titular, Carlos Hernán Rodríguez, había advertido que “las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente”. De expedirse el decreto, agregan, los funcionarios responsables podrían incurrir en faltas disciplinarias y fiscales.

En la carta también se plantean riesgos de demandas por parte de los concesionarios, ya que el Estado estaría incumpliendo los contratos de concesión vigentes. “Preocupan, por lo demás, las demandas que desde ya se vislumbran por parte de los concesionarios, en caso de ser expedido el decreto”, señala el texto.

Uno de los puntos críticos expuestos es la posible afectación al proyecto de la vía El Estanquillo–Popayán, considerada la principal apuesta del actual gobierno en materia de infraestructura vial. Los exministros advierten que “la eventual redistribución de vigencias futuras… dejaría en el limbo la única apuesta de este gobierno en materia de infraestructura carretera”. En este caso, el 97% de su financiación depende de vigencias futuras, pues el corredor solo contará con un peaje. Según el documento, este escenario generaría incertidumbre y desconfianza en el mercado, lo que podría llevar a que el proceso licitatorio quede desierto.

El texto también alerta sobre un riesgo adicional: aunque el gobierno actual no modificaría las vigencias del proyecto, el próximo mandatario quedaría facultado para hacerlo si el decreto se expide, lo que “afectaría su cabal ejecución”.

Los firmantes subrayan que la expedición del decreto pondría en riesgo la credibilidad del sistema de Asociaciones Público-Privadas, utilizado no solo en carreteras sino también en infraestructura social, esencial para reducir la desigualdad en el país.

La carta está suscrita por Ángela María Orozco y Germán Cardona, exministros de Transporte, así como por José Antonio Ocampo, Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo, exministros de Hacienda.

“De cara a lo aquí planteado, y por las incontrovertibles afectaciones que todo ello acarrearía para el sector de la infraestructura de transporte, solicitamos al gobierno abstenerse de expedir el referido decreto”, concluye la comunicación.