Exalcalde Hurtado deberá cumplir 160 meses de prisión; defensa acudirá a recurso de casación

El Tribunal Superior de Antioquia confirmó en segunda instancia la condena contra el exalcalde de Marinilla, Gildardo Hurtado Alzate, por su presunta participación en un esquema de apropiación irregular de bienes públicos durante su administración municipal entre 2012 y 2015.

Expertos han indicado que la decisión mantiene la responsabilidad penal establecida en primera instancia y ratifica las penas impuestas a los demás procesados vinculados al caso. No obstante, la defensa aún podrá acudir al recurso extraordinario de casación, último mecanismo jurídico disponible para controvertir el fallo.

De acuerdo con la información entregada y según el expediente judicial, los hechos investigados se originaron a partir de la declaración irregular de 25 predios como bienes baldíos, a través de la escritura pública 1066 del 3 de junio de 2014.

En medio de la investigación se indicó que el documento fue soportado con certificaciones expedidas por Planeación Municipal y por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De acuerdo con la sentencia, estas certificaciones fueron falsas, alteradas o emitidas sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el propósito de permitir la legalización de terrenos que no contaban con las condiciones para ser catalogados como baldíos de propiedad municipal.

Para la época en la que Hurtado era alcalde se emitió seis resoluciones mediante las cuales se otorgaron lotes públicos de manera gratuita a particulares, información que reposa en la escritura. Entre los beneficiarios figuraban familiares y allegados de los propios implicados en la investigación, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de un entramado destinado a despojar al municipio de bienes fiscales.

El proceso penal avanzó en primera instancia ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito, autoridad que encontró responsables a cuatro personas:

• Gildardo Hurtado Alzate, exalcalde de Marinilla.
• Edwin Norbey Posada Castaño, contratista.
• Miguel de Jesús Rincón Villegas, funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
• Blanca Nohelia Duque Montoya, asesora jurídica de la administración.

La sentencia determinó que los procesados incurrieron en varios delitos relacionados con la administración pública, entre ellos peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y asociación para la comisión de delito contra la administración pública.

De acuerdo con la decisión ratificada por el Tribunal Superior, Hurtado, Posada y Rincón deberán cumplir 160 meses de prisión, además del pago de multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos durante el tiempo señalado en el fallo. Por su parte, Duque Montoya fue condenada específicamente por el delito de peculado a favor de terceros, en atención a su rol en la elaboración jurídica que permitió la transferencia irregular de los predios.

Mientras tanto, las partes cuentan con la posibilidad de acudir a la casación, recurso que será resuelto por la Corte Suprema de Justicia.