Cartera hospitalaria en Antioquia alcanza $16,77 billones y prende las alarmas de la Asamblea Departamental
La Asamblea de Antioquia sesionó en Envigado para analizar la situación financiera y operativa de la red pública de salud. El departamento reporta una cartera de $16,77 billones con las IPS, mientras que las obligaciones con la red pública ascienden a $2,39 billones, un panorama que también está acompañado por barreras para acceder a medicamentos, especialistas, procedimientos y otros servicios.
La situación financiera de los hospitales públicos y las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder oportunamente a los servicios de salud fueron el centro de una sesión descentralizada de la Asamblea Departamental de Antioquia, realizada en el nuevo Centro Administrativo Municipal de Envigado.
Durante la jornada, los diputados conocieron cifras relacionadas con las deudas que las EPS mantienen con las instituciones prestadoras de servicios de salud, así como las dificultades operativas que atraviesa la red hospitalaria. El encuentro permitió poner sobre la mesa la presión que el crecimiento de la cartera está generando sobre las instituciones públicas y su capacidad para mantener la atención a los pacientes.
Según los datos presentados por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, a junio de 2026 la cartera total reportada por las IPS con la red del departamento alcanzó los $16,77 billones. En el caso específico de las instituciones que hacen parte de la red pública, la cifra llegó a $2,39 billones.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeEl comportamiento representa un incremento significativo frente a años anteriores. En 2022, la cartera registrada por las IPS de la red pública se ubicaba en aproximadamente $920.000 millones. El crecimiento de las obligaciones ha generado preocupación por los efectos que puede tener sobre la liquidez de los hospitales, la adquisición de insumos, el pago de obligaciones y la capacidad de mantener y ampliar sus servicios.
Uno de los casos examinados durante la sesión fue el del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, que reportó una cartera de $123.133 millones a junio de 2026. La situación del hospital hace parte de un escenario más amplio que involucra a instituciones de diferentes municipios del Valle de Aburrá y de otras subregiones del departamento.
El debate no se limitó al componente financiero. Los diputados también analizaron las dificultades que encuentran los pacientes para acceder a los servicios. Entre las principales barreras expuestas están las demoras para conseguir citas con especialistas, los problemas en las autorizaciones de procedimientos y servicios, los retrasos en la entrega de medicamentos y las dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos, cirugías y exámenes diagnósticos.
A este panorama se suma la presión sobre los servicios de urgencias. De acuerdo con la información presentada durante la jornada, la ocupación de estos servicios se mantuvo por encima del 100 % de la capacidad reportada durante los meses analizados de 2026, una situación que evidencia la demanda que actualmente enfrenta la red hospitalaria.
El presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, Juan Carlos Palacio Fernández, defendió la realización de sesiones fuera de la sede habitual de la corporación como una herramienta para conocer directamente las problemáticas de los territorios y acercar el ejercicio de control político a las comunidades.
“La crisis que atraviesa el sistema de salud en Antioquia y en el país impacta de manera directa la vida y la tranquilidad de las familias. Como representantes de los antioqueños, tenemos la responsabilidad de escuchar la realidad que enfrentan los usuarios, las EPS y las instituciones prestadoras, ejercer control político y promover soluciones concretas frente a las dificultades financieras y operativas que afectan a la red hospitalaria”, afirmó Palacio.
El presidente de la corporación señaló además que el propósito del encuentro era revisar el tamaño de las deudas, conocer sus efectos sobre la prestación de los servicios y promover una mayor coordinación entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Envigado y el Gobierno Nacional.
Durante la sesión también se planteó la necesidad de que el debate derive en compromisos concretos orientados a fortalecer la red pública y garantizar el pago oportuno de las obligaciones con las Empresas Sociales del Estado y las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia se presentaron las acciones que actualmente adelanta el departamento para hacer seguimiento a la situación. Entre ellas se encuentran las mesas técnicas, la inspección y vigilancia a las EPS, el monitoreo mediante alertas tempranas y el seguimiento a las barreras de acceso reportadas por los usuarios.
La administración departamental también informó sobre el acompañamiento a los municipios y a las Empresas Sociales del Estado, además de iniciativas relacionadas con infraestructura, dotación hospitalaria, fortalecimiento tecnológico y mecanismos destinados a mejorar la liquidez del sector.
El diputado Jorge Correa, quien promovió inicialmente la realización de esta sesión, sostuvo que el departamento debe avanzar de la identificación de los problemas hacia la construcción de alternativas.
“Desde Antioquia, no solo estamos señalando los problemas, estamos proponiendo soluciones; como una hoja de ruta construida desde el territorio, con los actores del sistema y pensando en lo más importante: garantizar una atención en salud oportuna, sostenible y con capacidad de responder a las necesidades de los pacientes”, manifestó Correa.
La sesión en Envigado dejó así sobre la mesa dos asuntos estrechamente relacionados: la crisis financiera que afecta a las instituciones hospitalarias y las dificultades que persisten para que los ciudadanos reciban servicios de manera oportuna.
La Asamblea Departamental anunció que continuará promoviendo escenarios de diálogo, control político y articulación institucional para hacer seguimiento a la evolución de la cartera, las condiciones de la red pública y las barreras que enfrentan los usuarios. El objetivo planteado durante la jornada es que las cifras conocidas se traduzcan en acciones coordinadas que contribuyan a la sostenibilidad de los hospitales y a la protección del acceso de los antioqueños a los servicios de salud.
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