SIC reportó 40.316 denuncias por suplantación de identidad desde 2020 y reforzó campaña de prevención en Colombia

En un contexto en el que la entidad ha reforzado acciones de prevención y control frente al uso indebido de datos personales para la contratación de servicios, adquisición de productos y generación de obligaciones financieras a nombre de terceros, la situación ha motivado el lanzamiento de la campaña “No entregues la llave de tu identidad” orientada a la ciudadanía para el reconocimiento de riesgos asociados a la entrega de información personal en entornos digitales y presenciales.

De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Industria y Comercio, el fenómeno de suplantación de identidad ha tenido una incidencia significativa en el sector de las telecomunicaciones, donde se concentra la mayor parte de los reportes, con un comportamiento que refleja la utilización de datos personales en procesos de contratación de servicios de telefonía e internet sin autorización del titular, lo que ha derivado en reclamaciones ante la plataforma SIC Facilita, mecanismo habilitado para la gestión de controversias entre usuarios y proveedores de bienes y servicios.

Las cifras consolidadas por la entidad indican que entre 2022 y mayo de 2026 se presentaron 13.983 reclamaciones relacionadas con suplantación de identidad, de las cuales 11.365 corresponden a operadores de telecomunicaciones, representando la mayor proporción dentro del total de casos reportados en ese periodo, lo que ha sido asociado por la autoridad a fallas en los procesos de validación de identidad en la vinculación de usuarios a servicios del sector.

El comportamiento de las denuncias por este tipo de fraude también ha mostrado variaciones al alza en los últimos años, al pasar de 1.158 casos en 2022 a 1.822 en 2025 en lo relacionado con irregularidades en contratación, facturación y suscripción de servicios de telecomunicaciones, mientras que el total de denuncias registradas en los últimos cuatro años por estas prácticas asciende a 4.718, según los datos reportados por la Superintendencia, que ha señalado que los ciudadanos suelen identificar el uso indebido de su información cuando aparecen obligaciones económicas no reconocidas o reportes en centrales de riesgo.

La entidad ha señalado que las afectaciones derivadas de la suplantación de identidad incluyen la generación de cobros no autorizados, el registro de obligaciones financieras sin consentimiento y la inclusión en reportes negativos en bases de datos de riesgo crediticio, lo que impacta el acceso a productos financieros y servicios comerciales, además de generar trámites posteriores de reclamación ante operadores, entidades de vigilancia y autoridades judiciales, principalmente cuando los afectados desconocen los procedimientos de corrección de información.

En respuesta a este panorama, la Superintendencia puso en marcha la campaña “No entregues la llave de tu identidad”, enfocada en la difusión de recomendaciones para evitar la entrega de información personal a través de mensajes, llamadas o enlaces no verificados, así como en la promoción de canales oficiales de verificación y denuncia, con el objetivo de fortalecer la prevención de fraudes digitales y orientar a los usuarios sobre los mecanismos institucionales disponibles para la atención de estos casos.

Dentro de las acciones de control, la entidad informó que desde 2023 ha impuesto sanciones por un valor superior a 2.390 millones de pesos a operadores de telecomunicaciones por incumplimientos en los protocolos de verificación de identidad en procesos de vinculación de usuarios, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sector.

La Superintendencia ha emitido recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para reducir el riesgo de suplantación, entre las que se incluyen la no entrega de códigos de verificación, la desconfianza ante solicitudes urgentes de información personal, la verificación de enlaces antes de su apertura, la consulta periódica del historial crediticio en centrales de información financiera como Datacrédito y TransUnion, y la verificación de la autenticidad de las comunicaciones recibidas por distintos canales, así como la adopción de medidas de protección frente a la pérdida de documentos o dispositivos.

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