(ESPECIAL) Gobierno de Abelardo de la Espriella endurece la ofensiva contra grupos armados durante sus primeros días de mandato

Operaciones contra el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo

Los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella estuvieron marcados por una ofensiva militar contra estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país. Tras asumir la Presidencia el 7 de agosto de 2026, el Ejecutivo estableció como una de sus primeras prioridades el fortalecimiento de las operaciones de la Fuerza Pública y el combate directo contra organizaciones dedicadas a actividades criminales.

Entre las primeras acciones reportadas se encuentra un operativo aéreo contra una estructura del ELN ubicada en una zona rural entre Tibú y San Calixto, en Norte de Santander. La operación fue presentada como parte de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno frente a los grupos armados que mantienen presencia en distintas regiones.

En Meta, una operación conjunta del Ejército y la Fuerza Aeroespacial se desarrolló contra la Estructura 39 de las disidencias de las FARC en jurisdicción de Mapiripán. El resultado reportado fue la muerte de cuatro integrantes de la organización, entre ellos alias “Ruso” o “Alemán”, señalado como cabecilla del Frente 28 de las disidencias comandadas por alias “Iván Mordisco”.

La acción también dejó tres capturados, una menor de edad recuperada y el rescate de un ciudadano que permanecía secuestrado desde meses atrás. El operativo se convirtió en uno de los primeros resultados de alto impacto anunciados por el Gobierno tras el cambio de administración.

En Antioquia también se desarrollaron operaciones contra integrantes del Clan del Golfo. El balance inicial reportó dos miembros de esa organización abatidos en acciones militares en Anorí. De acuerdo con la información suministrada, uno de los fallecidos era señalado como cabecilla. Durante los procedimientos fueron incautados fusiles y material de guerra.

Un balance inicial de seis integrantes abatidos y 12 capturados

De acuerdo con el balance incluido en la información oficial citada, las primeras operaciones militares del nuevo Gobierno dejaron seis integrantes de grupos armados ilegales abatidos. Cuatro correspondieron a las disidencias de las FARC en Meta y dos al Clan del Golfo en Antioquia.

A estos resultados se suman al menos 12 capturas relacionadas con organizaciones armadas y redes de narcotráfico. En Necoclí, Antioquia, fueron detenidas cuatro personas vinculadas, según el reporte, al componente financiero y al envío de estupefacientes del Clan del Golfo.

La operación de Mapiripán dejó otras tres capturas. En Tumaco, Nariño, la Armada Nacional interceptó una embarcación en la que fueron encontradas 2,3 toneladas de cocaína y capturó a tres personas.

En El Bagre, Antioquia, se reportaron dos capturas adicionales durante enfrentamientos registrados en la vereda El Tigre. La información señala que uno de los integrantes abatidos en esas acciones era conocido con el alias de “Momo”. Entre los detenidos aparecen alias “Mónica”, señalada de cumplir funciones logísticas, y alias “Chuzo”, identificado como cabecilla de una comisión de la subestructura Manuel Alexander Ariza.

También fue capturado alias “Bonito”, mediante una orden judicial y labores de inteligencia de la Policía en el sur del país. El Gobierno presentó este procedimiento como otro de los golpes iniciales contra objetivos considerados estratégicos.

Paralelamente, el Ministerio de Justicia tramitó las primeras cinco órdenes de extradición dirigidas contra ciudadanos requeridos por tribunales internacionales, según el balance suministrado.

La nueva política de seguridad rompe con la estrategia anterior

La ofensiva militar está acompañada por un cambio de orientación frente a la política de negociación con grupos armados que caracterizó al gobierno anterior. La administración De la Espriella anunció el cierre de los enfoques de negociación previos y adoptó una postura de confrontación directa contra las organizaciones que no se sometan a la justicia.

Antes de asumir formalmente la Presidencia, el mandatario había lanzado en Santander un ultimátum dirigido a alias “Zorrito” y alias “Volkswagen”, señalados como cabecillas del ELN. En esa oportunidad exigió su sometimiento a la justicia y advirtió que, de no hacerlo, serían perseguidos por las autoridades. De acuerdo con la información suministrada, ninguno de los dos se ha entregado hasta ahora.

La política también ha generado preocupación entre antiguos integrantes de las FARC que dejaron las armas tras el Acuerdo de Paz de 2016. Los excombatientes han expresado inquietudes frente a las decisiones del nuevo Ejecutivo y a la posibilidad de modificaciones en los compromisos derivados de ese proceso.

El Gobierno, por su parte, mantiene una posición crítica frente a la Jurisdicción Especial para la Paz y a los mecanismos de beneficios asociados a la política de “paz total”. La administración también suspendió los diálogos vigentes y ordenó medidas más estrictas para los responsables de estructuras criminales.

Traslado de 117 presos a cárceles de máxima seguridad

La estrategia de seguridad no se limitó a las operaciones en territorio. Por orden presidencial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ejecutó el traslado de 117 presos considerados de alto perfil hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad.

La mayoría, 103 internos, fueron trasladados desde la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia. El Gobierno cuestionó las condiciones bajo las cuales algunos cabecillas recluidos en ese establecimiento continuaban ejerciendo influencia sobre actividades criminales desde el interior del penal.

Entre los reclusos trasladados figuran alias “Douglas”, señalado como cabecilla de La Terraza; alias “Carlos Pesebre”; alias “El Indio”, relacionado en el reporte con la Oficina de Envigado, y el exparamilitar Hernán Giraldo.

Los internos fueron distribuidos en establecimientos penitenciarios ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada y Palmira. La decisión busca impedir que los jefes de organizaciones criminales mantengan comunicación y continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.

El Ejecutivo ha señalado que el objetivo es cortar las comunicaciones de los cabecillas para evitar que desde los centros penitenciarios se impartan órdenes relacionadas con extorsiones, homicidios y narcotráfico.

Seguridad como prioridad del nuevo Gobierno

La primera semana de la administración De la Espriella deja así un balance concentrado en acciones militares, operaciones policiales, incautaciones, capturas y medidas penitenciarias. Las intervenciones se han desplegado contra tres de las principales estructuras mencionadas por el Gobierno: el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

El Ejecutivo ha acompañado estas acciones con un discurso de endurecimiento frente a los grupos armados y con advertencias dirigidas a sus principales cabecillas. La instrucción presidencial apunta a mantener las operaciones en diferentes regiones del territorio nacional y a reforzar el control sobre quienes continúan vinculados a organizaciones ilegales.

Los resultados iniciales incluyen seis integrantes abatidos, al menos 12 capturados y el rescate de personas en medio de operaciones contra estructuras armadas. A ello se suma la decisión de trasladar a 117 internos de alto perfil a establecimientos de máxima seguridad.

La nueva administración ha establecido de esta manera una línea de seguridad diferenciada de la estrategia de negociación aplicada durante el periodo anterior. Su primera semana de Gobierno estuvo marcada por la decisión de fortalecer la acción militar y policial, reducir los espacios de operación de los cabecillas y ejercer un mayor control sobre los integrantes de organizaciones criminales recluidos en establecimientos penitenciarios.