Firma de víctimas de Miguel Uribe Turbay rechazó insubsistencia de juez que precluyó investigación contra jefe de esquema de protección

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de las víctimas en el caso del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, expresó públicamente su rechazo a la declaratoria de insubsistencia del juez penal militar que, recientemente, decretó la preclusión de una investigación adelantada contra el jefe del esquema de protección del dirigente político.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la firma jurídica cuestionó la decisión adoptada contra el mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y que, según el documento, fue declarado insubsistente apenas una hora después de concluir la audiencia en la que resolvió cerrar el proceso por atipicidad de la conducta investigada.

Los abogados, que actúan en representación de la familia de Miguel Uribe Turbay, señalaron que continuarán impulsando todas las actuaciones legales encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables del crimen. Sin embargo, calificaron como preocupante la decisión administrativa adoptada contra el funcionario judicial en un momento particularmente sensible del proceso.

“Resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”, indicó la firma en el pronunciamiento.

De acuerdo con el comunicado, durante el desarrollo de la diligencia judicial el juez concluyó que el oficial investigado había cumplido con diversas acciones orientadas a garantizar la seguridad del protegido, pese a las limitaciones operativas existentes. En ese sentido, la firma destacó que el despacho judicial estableció que “el oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido”.

Asimismo, la decisión judicial habría señalado que las principales responsabilidades relacionadas con las deficiencias en la protección recaerían sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según el comunicado, el juez precisó que “la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria”.

La firma también llamó la atención sobre investigaciones que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación en torno a presuntas omisiones relacionadas con la protección de Miguel Uribe Turbay. En particular, mencionó el proceso por presunto prevaricato por omisión que involucra al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

Según el comunicado, existe una coincidencia temporal que genera inquietudes, pues la imputación dentro de ese proceso habría sido retirada el mismo día en que se presentó la solicitud relacionada con el caso y, hasta ahora, no habría sido reprogramada.

Otro de los aspectos que genera preocupación para los representantes de las víctimas es la posible relación entre la decisión judicial y la medida administrativa adoptada contra el juez. En el documento, la firma sostiene que el funcionario habría advertido sobre la existencia de un vínculo directo entre ambos hechos, situación que, a su juicio, podría representar una afectación a principios fundamentales del Estado de Derecho.

“Estas actuaciones representan vulneraciones a la seguridad jurídica y la independencia judicial”, señala el comunicado.

Finalmente, los representantes de la familia del senador reiteraron que mantendrán su búsqueda de verdad y justicia, al tiempo que insistieron en la necesidad de preservar las garantías institucionales para los jueces y demás operadores judiciales.

“Nuestra lucha por la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay no dará tregua, pero siempre se enfatizará en el respeto de las garantías e independencia de los servidores judiciales”, concluye el pronunciamiento.