Iris Marín alertó por subregistro del reclutamiento infantil y reportó más de 60 menores muertos en operaciones militares
La funcionaria señaló que el departamento del Cauca continúa siendo el territorio con mayor incidencia de este fenómeno y alertó sobre las dificultades para conocer su dimensión real.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la persistencia del reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia y aseguró que existe un elevado subregistro que impide establecer con precisión la magnitud de esta vulneración de derechos.
Durante una intervención pública, la funcionaria explicó que la información recopilada por la entidad evidencia que el subregistro ha aumentado durante el presente año, situación que, según indicó, no corresponde con la realidad del fenómeno en los territorios donde operan grupos armados ilegales.
Marín afirmó que el departamento del Cauca continúa concentrando el mayor número de casos reportados y señaló que una parte significativa de las víctimas corresponde a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. La defensora explicó que, de acuerdo con los casos conocidos por la entidad, varios de los menores reclutados en el Cauca son trasladados posteriormente hacia otros departamentos, entre ellos Guaviare, donde terminan involucrados en escenarios de confrontación armada.
Según manifestó, algunos de estos menores han perdido la vida durante enfrentamientos entre organizaciones ilegales o en medio de operaciones adelantadas por la Fuerza Pública. La funcionaria sostuvo que estas circunstancias reflejan las dificultades que enfrentan las instituciones para identificar oportunamente los casos y brindar medidas de protección a las víctimas y sus familias.
Uno de los aspectos señalados por la defensora del Pueblo es el temor de los familiares a denunciar el reclutamiento de sus hijos ante las autoridades. De acuerdo con Marín, ese miedo, sumado al desconocimiento sobre las rutas institucionales disponibles para solicitar protección, ha contribuido a que numerosos casos permanezcan sin ser reportados oficialmente.
La funcionaria indicó que esta situación limita la capacidad del Estado para establecer cifras consolidadas y adoptar respuestas acordes con la dimensión del problema. Durante el mismo pronunciamiento, Iris Marín fue consultada sobre el número de menores de edad fallecidos en medio de bombardeos realizados por la Fuerza Pública durante el actual gobierno.
En respuesta, señaló que la Defensoría del Pueblo cuenta con registros sobre estos hechos y afirmó que, según la información disponible, más de 60 niños, niñas y adolescentes habrían muerto en este tipo de operaciones. No obstante, precisó que no tenía a la mano la cifra actualizada y advirtió que el número podría ser superior.
Las declaraciones de la defensora ponen nuevamente en el centro del debate la situación de los menores de edad afectados por el conflicto armado y los desafíos que enfrentan las instituciones para prevenir el reclutamiento forzado, garantizar la protección de las comunidades y fortalecer los mecanismos de denuncia en las zonas más afectadas por la violencia.


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