Enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN dejan más de 1.300 personas afectadas en Chocó

La situación humanitaria en el sur del departamento del Chocó se agravó debido a los enfrentamientos entre estructuras del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que han generado desplazamientos y confinamientos de comunidades en los municipios de Sipí y Nóvita.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, la confrontación armada ha dejado a 1.339 personas afectadas, quienes enfrentan restricciones para movilizarse, dificultades para acceder a bienes y servicios básicos y condiciones de seguridad que limitan sus actividades cotidianas.

La entidad manifestó su preocupación por las consecuencias que estos hechos están generando en las comunidades, especialmente en zonas rurales donde la presencia de los grupos armados y los enfrentamientos han incrementado los riesgos para la población civil.

Uno de los principales factores de preocupación está relacionado con la posible presencia de artefactos explosivos en los territorios afectados. La Defensoría alertó sobre este riesgo luego de que se registraran ataques mediante drones en el marco de las acciones armadas entre las estructuras ilegales.

Ante esta situación, las comunidades permanecen expuestas a nuevos hechos de violencia y a las restricciones derivadas de la confrontación. El riesgo de artefactos explosivos representa además una amenaza para la movilidad de los habitantes y para el desarrollo de actividades esenciales en las zonas afectadas.

Impacto sobre las comunidades

Los desplazamientos y confinamientos se presentan en un territorio que enfrenta condiciones de vulnerabilidad y que requiere atención institucional permanente. La situación afecta directamente a familias que han tenido que abandonar sus lugares de residencia o permanecer en sus comunidades bajo restricciones de movilidad debido a la presencia y confrontación de los grupos armados.

La Defensoría del Pueblo mantiene la alerta frente a la situación de derechos humanos y ha llamado la atención sobre la necesidad de proteger a la población civil, garantizar su seguridad y facilitar el acceso a la asistencia humanitaria.

El escenario también genera una presión adicional sobre las autoridades locales y departamentales, que deben responder simultáneamente a las consecuencias de la violencia armada y a la emergencia ocasionada por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Una emergencia que se suma al terremoto

La confrontación armada ocurre mientras Chocó continúa afrontando las consecuencias del movimiento telúrico que afectó al departamento. La emergencia derivada del terremoto ha obligado a las autoridades y organismos de socorro a concentrar esfuerzos en la atención de las comunidades damnificadas.

En este contexto, los desplazamientos y confinamientos representan un desafío adicional para la respuesta institucional y humanitaria, debido a que las comunidades afectadas por la violencia requieren asistencia mientras persisten las consecuencias de la emergencia natural.

La Defensoría del Pueblo continúa haciendo seguimiento a la situación y advierte sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los habitantes de Sipí y Nóvita. La entidad ha reiterado la importancia de adoptar medidas para prevenir nuevas afectaciones contra la población civil y garantizar sus derechos fundamentales.

La situación en estos municipios refleja la complejidad de la crisis que atraviesa el Chocó, donde la emergencia causada por el terremoto coincide con hechos de violencia que afectan la movilidad y seguridad de las comunidades. Mientras las autoridades avanzan en la atención de las personas damnificadas por el desastre natural, persiste la necesidad de responder a las familias afectadas por el conflicto armado y de reducir los riesgos asociados a la presencia de artefactos explosivos en las zonas donde se han registrado los enfrentamientos.