Redes sociales, pobreza y violencia: las alertas de HRW sobre el reclutamiento infantil

El documento, publicado el 24 de agosto, analiza la situación registrada durante los últimos años y formula recomendaciones al nuevo Gobierno para fortalecer las acciones de prevención, protección y atención de las víctimas.

De acuerdo con el análisis de la organización, elaborado a partir de información de distintas entidades nacionales e internacionales, los casos reportados de reclutamiento aumentaron de manera significativa desde 2023. HRW señala que no existe un registro único que permita establecer con precisión la totalidad de menores reclutados, debido, entre otros factores, al subregistro y a las posteriores actualizaciones de las cifras oficiales.

La investigación identificó además una concentración territorial de los casos. Entre 2021 y 2025, el 69,5 % de los registros de la Defensoría del Pueblo correspondió a Cauca, Norte de Santander y Antioquia. El Cauca concentró el 57 % de los casos, mientras que Norte de Santander representó el 6,9 % y Antioquia el 6,5 %. En total, 172 municipios registraron al menos un caso durante ese periodo.

Los datos examinados por HRW indican que los adolescentes de 15 y 16 años fueron los más afectados entre 2020 y 2025. Sin embargo, también se documentaron casos de menores de edades inferiores. Más del 30 % de los reportes analizados involucró a niños de entre 10 y 14 años, mientras que funcionarios de protección infantil informaron sobre casos de menores de nueve y diez años.

La organización señaló que los grupos armados recurren a diferentes mecanismos para captar a los menores. Entre ellos aparecen las condiciones de pobreza y exclusión social, además de la utilización de plataformas digitales para establecer contacto y presentar contenidos relacionados con la vida dentro de las estructuras armadas. HRW también examinó publicaciones difundidas a través de redes sociales que promueven o muestran actividades de estos grupos.

El informe señala que los menores reclutados pueden ser utilizados en labores de vigilancia, recolección de información, logística y control social, además de otras actividades vinculadas con las estructuras armadas.

Ante este panorama, Human Rights Watch pidió al presidente Abelardo de la Espriella adoptar una política integral que priorice la protección de los menores y fortalezca las instituciones encargadas de prevenir el reclutamiento y atender a quienes han sido víctimas.

Entre las recomendaciones se encuentran actualizar la política pública de prevención, garantizar recursos suficientes, mejorar la coordinación entre las entidades nacionales y territoriales y fortalecer los sistemas de alerta temprana. La organización también planteó la necesidad de asegurar que los niños, niñas y adolescentes reclutados sean tratados principalmente como víctimas y puedan acceder a medidas de protección y restablecimiento de derechos.

HRW también llamó la atención sobre la situación de las autoridades locales en algunos de los municipios con mayores registros. Siete administraciones consultadas por la organización señalaron limitaciones presupuestales, de personal y de respaldo institucional para ejecutar acciones preventivas.

La organización extendió sus recomendaciones al Congreso, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, las empresas de redes sociales y gobiernos de otros países, con el propósito de reforzar las acciones contra el reclutamiento de menores y mejorar las condiciones de protección en las zonas más afectadas.