Gobierno ordenó traslado de 20 presos de Barranquilla a Bogotá para frenar delitos dirigidos desde cárceles

El Gobierno nacional anunció una nueva ofensiva contra las estructuras criminales que, según las autoridades, continúan operando desde las cárceles del país. El presidente Abelardo De La Espriella informó que ordenó directamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, trasladar a Bogotá a 20 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en diferentes lugares de Barranquilla.

La decisión hace parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para reforzar el control estatal sobre los establecimientos penitenciarios y evitar que personas privadas de la libertad mantengan capacidad para impartir órdenes, coordinar acciones criminales o ejercer presión sobre sus organizaciones desde los sitios de reclusión.

De acuerdo con el jefe de Estado, diez de los internos permanecían en estaciones de Policía, mientras que los otros diez estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. El mandatario señaló que la instrucción busca terminar con las condiciones que, a su juicio, han permitido que algunos integrantes de organizaciones delincuenciales continúen desarrollando actividades criminales pese a encontrarse privados de la libertad.

“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, afirmó De La Espriella al comunicar la operación.

Entre las personas trasladadas se encuentran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias “Rodrigo” o “El Gamo”, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias “El Lobo” o “Comandante Gabino”, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias “Caballo”, también señalado de integrar Los Costeños; y Adrián Hernán Guerrero Peña, alias “El Miquito”, de la misma estructura.

La lista también incluye a Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias “Pastel”; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias “Makelele”; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias “Chocolate”; José Eulises Flórez Blanco, alias “Ñeco”; José Luis Barrios Álvarez, alias “El Huequito”; Dairo Luis García Quintero, alias “El Pequeño”; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias “El Gordo Pan”, entre otros.

El traslado hacia la capital del país se desarrolla bajo un esquema especial de seguridad. Según explicó el presidente, los movimientos cuentan con el acompañamiento de la Fuerza Pública y se ejecutan bajo “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con el propósito de reducir los riesgos de fuga, rescate o posibles atentados durante el procedimiento.

La operación no terminará con la llegada de los internos a Bogotá. El Gobierno informó que, una vez completados los traslados, las 20 personas permanecerán durante un periodo de 15 días en la capital antes de ser distribuidas en distintos establecimientos penitenciarios del país.

La asignación de los nuevos centros de reclusión estará a cargo del INPEC y se realizará teniendo en cuenta las determinaciones de seguridad que adopte la entidad. Con ello, el Gobierno busca evitar que la concentración de personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales facilite la coordinación de actividades delictivas desde un mismo establecimiento penitenciario.

La medida se suma a la estrategia del Ejecutivo para fortalecer el control de las cárceles y cortar los canales de comunicación que puedan ser utilizados para mantener operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios. Uno de los principales objetivos planteados por la administración es impedir que las personas privadas de la libertad continúen ejerciendo influencia sobre organizaciones que operan en las calles.

El presidente fue enfático al establecer el alcance de la instrucción impartida al INPEC. “La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”, sostuvo.

De La Espriella insistió además en que los establecimientos penitenciarios deben permanecer bajo control institucional y no convertirse en espacios desde los cuales las estructuras delincuenciales puedan conservar su capacidad de acción. “Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”, afirmó.

El mandatario concluyó su pronunciamiento con una advertencia sobre el nuevo enfoque de su administración frente al manejo penitenciario: “Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.