A nueve años del atentado del Andino, víctimas alertaron por posible prescripción del proceso judicial

La inquietud se centra en la proximidad del vencimiento del término de prescripción de la acción penal, mientras el juicio contra varios de los procesados continúa sin una sentencia definitiva y otro expediente relacionado con una presunta integrante del ELN permanece abierto.

El 17 de junio de 2017 una explosión en el baño de mujeres del segundo piso del centro comercial Andino alteró la jornada previa a la celebración del Día del Padre. En ese momento el establecimiento registraba una alta afluencia de visitantes. La detonación dejó tres personas fallecidas y varias más con lesiones de distinta consideración.

Entre las víctimas mortales estuvo la ciudadana francesa Julie Huyn, quien falleció en el lugar de los hechos. También murieron Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Leidy Paola Jaime Ovalle, de 31 años, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Otras personas resultaron heridas por la explosión y algunas enfrentan secuelas físicas y psicológicas derivadas del atentado.

Irma del Pilar Molano perdió una pierna como consecuencia de las lesiones sufridas. Otras sobrevivientes, entre ellas Edilia del Pilar Hormiga, María Aura García Lizarazo, Ingrid Margarita Ramírez Cueva, Yuri Belly Céspedes y Julieth Patricia Jaime Ovalle, fueron atendidas por heridas ocasionadas por esquirlas, afectaciones auditivas y otras consecuencias relacionadas con la explosión.

Cuando se cumple el noveno aniversario del atentado, los representantes de las víctimas han manifestado preocupación por la posibilidad de que el proceso penal llegue a su término legal sin una decisión de fondo. El abogado Francisco Bernate, apoderado de varias de las personas afectadas, indicó que la acción penal podría prescribir dentro de aproximadamente un año si no se logra concluir el juicio que actualmente se adelanta contra varios de los acusados.

El expediente principal continúa en etapa de juicio ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. En este proceso figuran como acusados Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Boris Ernesto Rojas Quijano, César Andrés Barrera Téllez, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Cristian Santiago Sandoval Moreno, Juan Camilo Pulido Ribero e Iván Darío Ramírez León. Otra de las procesadas, Natalia Trujillo Nova, suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía.

De acuerdo con la defensa de las víctimas, el desarrollo del juicio ha sido prolongado y aún no existe una sentencia que determine responsabilidades dentro del caso. Bernate señaló que el avance del proceso genera inquietud debido al tiempo restante antes de que se cumpla el término máximo previsto para la acción penal.

Paralelamente continúa otro proceso judicial relacionado con Violeta Arango Ramírez, conocida como alias “Violeta”, quien ha sido señalada por las autoridades de participar presuntamente en la planeación y ejecución del atentado. Según la investigación, habría tenido acceso a información relacionada con el centro comercial antes de la explosión.

Arango Ramírez fue capturada y posteriormente designada gestora de paz del ELN durante el proceso de diálogos adelantado por el Gobierno Nacional con esa organización. Sin embargo, dicha designación fue revocada posteriormente. En febrero de este año, una juez de Bogotá reactivó la orden de captura en su contra, luego de que se levantaran los beneficios asociados a esa condición.

Según la información conocida dentro del proceso, actualmente las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer. Su expediente se encuentra en etapa preparatoria para juicio, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Además de las discusiones relacionadas con la responsabilidad penal de los procesados, las víctimas también han planteado preocupaciones sobre los procesos de reparación. De acuerdo con la información suministrada por su representación jurídica, únicamente una de las familias afectadas ha recibido una reparación derivada de acciones judiciales promovidas tras el atentado. Otras personas continúan a la espera de decisiones relacionadas con sus reclamaciones.

La conmemoración de los nueve años del atentado coincide así con un momento clave para el futuro judicial del caso, mientras las víctimas, sus familiares y los organismos de justicia continúan pendientes del avance de los procesos que permanecen abiertos por uno de los ataques que más impacto generó en Bogotá durante la última década.

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