Educar en Democracia en IFMNOTICIAS: Lawfare en temporada electoral

En el centro de las discusiones políticas y jurídicas en Colombia ha comenzado a tomar relevancia el término lawfare, una expresión que, aunque proviene del ámbito internacional, ha sido adoptada con fuerza en el debate público nacional para referirse a la relación entre justicia y poder político.

El concepto, cuyo origen se remonta al lenguaje militar, surge de la unión de las palabras inglesas law (ley) y warfare(guerra). Inicialmente, fue utilizado para describir estrategias de guerra no convencional en las que el derecho se convierte en un instrumento para alcanzar objetivos estratégicos, particularmente en escenarios de confrontación asimétrica.

Con el paso del tiempo, su significado ha evolucionado hacia un uso más amplio en contextos civiles y políticos. De acuerdo con el Cambridge English Dictionary, el término hace referencia al “uso de acciones legales para causar problemas a un oponente”, mientras que el diccionario de Oxford lo define como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.

En el ámbito hispanohablante, distintas organizaciones lingüísticas han sugerido alternativas para su uso. Desde la Fundación del Español Urgente se han planteado expresiones como “persecución judicial”, “instrumentalización de la Justicia” o “judicialización de la política”, con el objetivo de adaptar el concepto al contexto del idioma español sin perder su sentido original.

El término adquirió especial notoriedad en América Latina a comienzos del siglo XXI, en medio de procesos judiciales contra figuras políticas de alto perfil. Casos como los de los expresidentes brasileños Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, así como las investigaciones por corrupción contra la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner o el ecuatoriano Rafael Correa, fueron interpretados por algunos sectores como ejemplos de este fenómeno.

En Colombia, el uso del concepto ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en escenarios de alta polarización política. Analistas y actores públicos han comenzado a emplearlo para describir lo que consideran una tendencia a trasladar las disputas políticas al terreno judicial.

En ese contexto, el lawfare, o “guerra jurídica”, es entendido como la posible instrumentalización del sistema judicial con fines políticos, lo que incluiría la persecución de opositores, la judicialización de decisiones públicas o el uso de mecanismos legales para frenar reformas. Este fenómeno, según diversas voces, “se ha exacerbado profundamente, transformando la contienda política en una batalla de tutelas, investigaciones y fallos judiciales”.

La discusión sobre el alcance y la validez del término no está exenta de controversia. Mientras algunos lo consideran una categoría útil para analizar dinámicas de poder en democracias contemporáneas, otros advierten sobre el riesgo de deslegitimar las instituciones judiciales al sugerir que sus decisiones responden a intereses políticos.

Para analistas y líderes de opinión, el debate sobre el lawfare continúa creciendo en Colombia, en paralelo con un entorno político marcado por la confrontación y el uso cada vez más frecuente de herramientas legales en disputas públicas. La forma en que se interprete y utilice este concepto podría tener implicaciones directas en la percepción ciudadana sobre la justicia, la política y el funcionamiento del Estado de derecho.