Medida de aseguramiento contra coronel en retiro por crímenes de lesa humanidad en Granada, Antioquia

En una decisión judicial que revive uno de los capítulos más oscuros de la violencia en el Oriente antioqueño, la Fiscalía General de la Nación impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el coronel en retiro del Ejército Nacional, Wilson Humberto Velandia Serrano. El oficial es investigado por su presunta responsabilidad directa en el secuestro, agresión sexual y posterior asesinato de dos hermanas, de 17 y 19 años, hechos ocurridos en el municipio de Granada durante el año 2003.

La determinación judicial, dada a conocer este lunes 26 de octubre de 2026, vincula formalmente al entonces teniente Velandia Serrano con crímenes cometidos en presunta connivencia con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para la época de los hechos, el uniformado se desempeñaba como oficial activo del Batallón de Artillería N.° 4, una unidad orgánica de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional con jurisdicción en la ciudad de Medellín y diversas zonas del departamento.

El expediente que cursa en la Fiscalía detalla que los trágicos sucesos tuvieron lugar entre el 21 y el 22 de febrero de 2003. Según el acervo probatorio recolectado, las dos jóvenes víctimas fueron interceptadas y retenidas en la plaza principal del casco urbano de Granada por miembros del Frente Batallas del Santuario, una facción perteneciente al Bloque Metro de las AUC. Posteriormente, las mujeres fueron trasladadas contra su voluntad a una vivienda del sector.

La fiscalía especializada que lidera el caso sostiene que el entonces teniente Velandia Serrano no solo habría promovido y facilitado la retención ilegal de las hermanas, sino que también habría participado activamente en agresiones sexuales contra ellas. El relato de los hechos indica que, tras los vejámenes, el oficial habría impartido la orden de ejecutar a las víctimas y sepultar sus cuerpos de manera clandestina en un cerro aledaño a la zona urbana del municipio.

Adicionalmente, la hipótesis del ente acusador señala que, años después de los homicidios, el militar habría coordinado la exhumación de los restos mortales con el objetivo premeditado de desaparecer las evidencias y evitar que las autoridades judiciales lograran el hallazgo de los cuerpos. Hasta el momento, las identidades de las dos hermanas se mantienen bajo reserva por parte de los investigadores.

Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos fue la encargada de vincular al coronel en retiro mediante diligencia de indagatoria. En este escenario procesal, Velandia Serrano fue escuchado formalmente sobre los graves señalamientos que pesan en su contra. Los delitos endilgados por el ente investigador incluyen secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

Es fundamental precisar que la denominación de "persona protegida" se deriva directamente de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta categoría ampara a la población civil que no tiene una participación activa en las hostilidades del conflicto armado. Bajo el Código Penal colombiano, cualquier conducta punible cometida contra este grupo poblacional en el contexto de la guerra conlleva sanciones y penas significativamente más severas.

Debido a que los hechos ocurrieron en el año 2003, el proceso judicial se rige bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, sistema procesal anterior al actual modelo acusatorio. Bajo esta normativa, la Fiscalía General de la Nación posee la facultad legal de resolver la situación jurídica de los implicados y dictar medidas de aseguramiento de manera directa, sin requerir la intervención de un juez de control de garantías, figura que solo es obligatoria en los procesos bajo la Ley 906 de 2004.

La captura del oficial en retiro fue ejecutada en la ciudad de Medellín por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, siguiendo las órdenes impartidas por la fiscalía de derechos humanos. Aunque se confirmó la detención, las autoridades no han especificado el día exacto en que se llevó a cabo el operativo de aprehensión en la capital de Antioquia.

El municipio de Granada ha sido históricamente reconocido como uno de los territorios más afectados por la degradación del conflicto armado en Colombia. A principios de la década de 2000, la población civil quedó atrapada en medio de las confrontaciones entre diversos grupos guerrilleros, estructuras paramilitares y la Fuerza Pública. El Bloque Metro de las AUC mantuvo un dominio violento en esta subregión hasta su eventual desarticulación, producto de guerras internas con otras organizaciones de autodefensas.

Este caso se suma a una serie de investigaciones que buscan esclarecer los nexos entre agentes del Estado y grupos al margen de la ley durante los años más intensos de la confrontación en Antioquia. La labor de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continúa enfocada en resolver crímenes de violencia sexual y desaparición forzada que, a pesar de haber ocurrido hace más de dos décadas, siguen demandando justicia y verdad para las víctimas y sus familias.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quién es el oficial capturado y de qué delitos se le acusa?

Se trata del coronel en retiro Wilson Humberto Velandia Serrano, señalado por el secuestro, tortura, abuso sexual y asesinato de dos hermanas en Granada, Antioquia, en 2003. La Fiscalía le imputa cargos como homicidio y desaparición forzada en persona protegida, cometidos presuntamente en alianza con paramilitares.

¿Cómo habrían ocurrido los crímenes según la Fiscalía?

Las víctimas, de 17 y 19 años, fueron retenidas por el Bloque Metro de las AUC y llevadas a una vivienda donde habrían sido agredidas sexualmente con la participación del oficial. Posteriormente, Velandia habría ordenado su ejecución y, años después, la exhumación de los cuerpos para desaparecer la evidencia.

¿Por qué la Fiscalía pudo ordenar su captura de manera directa?

Debido a que los hechos ocurrieron en 2003, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000, el sistema penal anterior. Bajo esta normativa, el ente acusador tiene la facultad de dictar medidas de aseguramiento sin necesidad de la intervención previa de un juez de control de garantías.