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Nombramiento de interventora suplente en Nueva EPS tras incapacidad médica del agente titular

La médica Mariam Liliana Carrillo Peña asume la intervención de Nueva EPS tras la incapacidad de Roberto Solano, en medio de una deuda que supera los 22 billones de pesos.

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Redacción IFM
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Nombramiento de interventora suplente en Nueva EPS tras incapacidad médica del agente titular

La Superintendencia Nacional de Salud ha formalizado un ajuste en la cúpula administrativa de Nueva EPS, la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados en el territorio colombiano. Esta decisión surge como respuesta directa a la situación de salud reportada por Roberto José Solano Navarra, quien se desempeñaba como agente interventor titular y cuya incapacidad médica le impide, por el momento, continuar al frente de las responsabilidades de gestión de la aseguradora. Ante esta contingencia, el organismo de control ha designado a la doctora Mariam Liliana Carrillo Peña para asumir las funciones en calidad de interventora suplente.

La doctora Mariam Liliana Carrillo Peña cuenta con una trayectoria consolidada dentro de la organización, a la cual se vinculó desde mayo de 2008. Su formación académica incluye el título de médica y cirujana, complementado con una especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud. Durante sus más de 15 años de servicio en Nueva EPS, Carrillo Peña ha desempeñado roles estratégicos que le otorgan un conocimiento profundo de la operación interna; entre estos cargos destacan la gerencia zonal en el departamento de Boyacá, la gerencia encargada de Gestión Territorial y la vicepresidencia de Salud, también en calidad de encargada.

Este nombramiento busca asegurar la continuidad operativa de la entidad en un momento crítico. Aunque la designación es oficial, las autoridades competentes aún no han detallado la duración exacta de la ausencia de Solano Navarra ni han hecho público el número del acto administrativo que protocoliza este relevo temporal. Es fundamental precisar que este cambio en la administración no altera las condiciones de aseguramiento para los usuarios; los afiliados mantienen sus derechos vigentes y deben continuar gestionando sus requerimientos de salud a través de los puntos de atención y canales de comunicación habituales de la EPS.

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Nueva EPS, que para inicios del presente año reportaba una base de usuarios cercana a los 11,5 millones de personas, se encuentra bajo la figura de intervención forzosa administrativa desde el 3 de abril de 2024. Esta medida excepcional faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para tomar las riendas de la administración cuando se identifican deficiencias críticas que ponen en riesgo la prestación del servicio. Desde que se inició este proceso, la entidad ha experimentado diversos cambios en su liderazgo administrativo.

En abril de 2026, tras el vencimiento del periodo inicial de la intervención, la Superintendencia determinó prorrogar la medida y nombró al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor. No obstante, dicho nombramiento estuvo rodeado de controversia, al punto que la propia Delegatura para Entidades de Aseguramiento de la Supersalud remitió un informe a la Procuraduría General de la Nación advirtiendo sobre posibles irregularidades en el procedimiento de designación. Posteriormente, el 19 de agosto de 2026, se produjo un nuevo giro con el nombramiento de Roberto José Solano Navarra y la vinculación de la firma Baker Tilly Colombia para ejercer las labores de contraloría, estableciendo que la intervención se extenderá, inicialmente, hasta el 10 de abril de 2027.

La situación que enfrenta la interventora suplente es compleja, dado que la Supersalud ha identificado fallas estructurales en cuatro áreas fundamentales: la gestión financiera, la suficiencia de la red de prestadores de servicios, el cumplimiento de órdenes administrativas y la transparencia en el reporte de información. Un dato alarmante es que la entidad carece de estados financieros debidamente certificados, auditados y aprobados para los ejercicios correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

Las cifras proporcionadas por organismos de control como la Procuraduría evidencian una crisis de grandes proporciones. Los pasivos de Nueva EPS superan los 22 billones de pesos, mientras que las pérdidas acumuladas ya rebasan los 11 billones de pesos. Esta inestabilidad financiera se traduce directamente en dificultades para los pacientes; solo durante el primer trimestre de 2026, se contabilizaron 40.668 acciones de tutela y 10.031 incidentes de desacato derivados del incumplimiento de fallos judiciales previos.

Impacto en la atención al usuario

El análisis de las quejas ciudadanas realizado por la Superintendencia revela que el 51% de las reclamaciones se agrupa en tres problemáticas recurrentes: la negación de servicios y tecnologías que ya contaban con autorización previa, los obstáculos para el agendamiento de citas médicas y las demoras prolongadas en la prestación efectiva de la atención. Ante este panorama, el nombramiento de Carrillo Peña se presenta como una medida de urgencia para evitar un vacío de poder que agrave la situación de los pacientes.

Para aquellos usuarios que enfrentan retrasos en la entrega de medicamentos o en la programación de procedimientos quirúrgicos, el Ministerio de Salud ha dispuesto un tablero de seguimiento vinculado al Plan de Choque en Salud. Las autoridades instan a los ciudadanos a utilizar esta herramienta y, en caso de no obtener una solución efectiva, a radicar sus quejas formales ante la Superintendencia Nacional de Salud empleando los canales oficiales de atención al ciudadano.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quién asumirá la dirección de Nueva EPS y por qué?

La médica Mariam Liliana Carrillo Peña fue designada como interventora suplente debido a una incapacidad médica del titular, Roberto José Solano Navarra.

¿Cuál es la situación financiera actual de la entidad?

Nueva EPS enfrenta una crisis profunda con pasivos que superan los 22 billones de pesos y pérdidas acumuladas de más de 11 billones, además de carecer de estados financieros certificados desde 2023.

¿Cómo afecta este cambio administrativo a los usuarios?

El aseguramiento no cambia y los afiliados deben seguir usando los canales habituales; sin embargo, la entidad registra altas cifras de tutelas y quejas por negación de servicios y demoras en citas.

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