Sector productivo de Antioquia solicita formalmente el desmonte de la Tasa de Seguridad

En un nuevo capítulo de las tensiones fiscales entre el sector privado y la administración departamental, los principales gremios de la región han manifestado su firme oposición a la continuidad de un tributo que consideran lesivo para la economía local. Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial enviaron una solicitud formal dirigida al gobernador Andrés Julián Rendón, con el objetivo primordial de solicitar el desmonte definitivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este cobro, que se aplica en todo el departamento, es la fuente principal de financiación para la dotación de la Fuerza Pública y la infraestructura tecnológica de vigilancia en el territorio antioqueño.

La postura del sector productivo no es una novedad en el panorama político y económico de 2026. Ya en febrero de este mismo año, tanto Fenalco como el Comité Intergremial habían expresado su preocupación y solicitado la suspensión inmediata del recaudo. En aquel momento, los argumentos se centraron en la asfixia financiera que perciben los empresarios debido a la carga tributaria acumulada, sumada a los incrementos en el salario mínimo que han impactado directamente los costos operativos.

Según los representantes gremiales, estas condiciones afectan la generación de empleo formal y restan competitividad a la región frente a otros departamentos. Por ello, propusieron en su momento la apertura de mesas de concertación técnica para explorar fuentes alternativas de financiación que no dependan exclusivamente del bolsillo de los contribuyentes y empresarios.

De acuerdo con la visión de los gremios, la tasa se ha transformado en un gravamen que castiga la formalidad empresarial. Advierten con preocupación que la permanencia de este cobro pone en serio riesgo la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cuales constituyen el grueso del tejido empresarial de Antioquia. A pesar de la urgencia manifestada en la misiva, hasta el cierre de la presente edición, la Gobernación de Antioquia no ha emitido una respuesta pública oficial ante esta nueva solicitud de los sectores productivos.

Para comprender el alcance de la petición, es necesario recordar que la Tasa Especial de Seguridad comenzó su aplicación en enero de 2025 y, según la normativa vigente, tiene una hoja de ruta que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. El mecanismo de liquidación está directamente vinculado al consumo de energía eléctrica de los usuarios.

El cálculo del valor a pagar resulta de una operación matemática que multiplica los kilovatios hora consumidos mensualmente por una tarifa específica según el sector, ajustada además por la Unidad de Valor Tributario (UVT) correspondiente al año en curso. La norma establece topes máximos de cobro para los sectores industrial, comercial y oficial, buscando evitar desproporciones extremas.

El recaudo recae sobre los hogares clasificados en los estratos 4, 5 y 6, así como sobre los establecimientos de carácter industrial, comercial y las sedes oficiales. Por el contrario, se mantienen exentos de este pago los ciudadanos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, la normativa beneficia a aquellos usuarios que han optado por la transición energética y producen la totalidad de su energía mediante sistemas de autogeneración, como es el caso de los paneles solares.

La Gobernación realiza la facturación apoyándose en los reportes suministrados por las empresas comercializadoras de energía, permitiendo que el pago se efectúe a través de diversos canales virtuales para facilitar el trámite al contribuyente.

Los fondos recaudados a través de este mecanismo tributario tienen una destinación específica: alimentan el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad de Antioquia. Este fondo opera bajo cinco líneas estratégicas de inversión que buscan fortalecer el orden público y la convivencia.

Estas líneas incluyen el desarrollo de tecnología y conectividad; la dotación integral de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPAS); la construcción y mantenimiento de una cárcel departamental; mejoras estructurales en instalaciones de la Policía y las Fuerzas Militares; y la creación de escenarios deportivos enfocados en la convivencia ciudadana. Como medida de transparencia, la ley exige la presentación de informes semestrales detallados ante la Asamblea Departamental.

En el balance más reciente, presentado en septiembre, la administración departamental reportó inversiones que superan los 473.000 millones de pesos derivados de la tasa. Entre los logros materiales destacados se encuentra la entrega de 55 camionetas (seis de ellas con blindaje), 178 motocicletas, un camión, una lancha y siete botes destinados al apoyo fluvial. En el ámbito de la defensa técnica, se adquirieron cinco sistemas antidrones, 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas para la protección del personal uniformado.

En el componente tecnológico, el reporte oficial señala la conexión de más de 9.000 cámaras al Nodo Departamental de Seguridad y el despliegue de más de 381 kilómetros de fibra óptica en más de 100 municipios. También se han destinado recursos significativos para el fortalecimiento de la línea de emergencias 123 Antioquia.

En cuanto a infraestructura, se han intervenido 25 estaciones de Policía, con 15 de ellas ya finalizadas, y se han entregado más de 50 escenarios deportivos. Recientemente, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad, Justicia y Paz, anunció la incorporación de más de 25 drones adicionales para fortalecer la vigilancia aérea.

La resolución de este conflicto de intereses queda ahora supeditada a la voluntad política del gobernador y de la Asamblea Departamental, corporación que originalmente aprobó la ordenanza. La petición de los gremios surge en un momento coyuntural, mientras el Gobierno nacional se encuentra definiendo sus prioridades de gasto en materia de seguridad para el cuatrienio 2026-2030. Aunque la solicitud gremial alude a la necesidad de buscar respaldo en el presupuesto nacional, ni los representantes del sector privado ni las fuentes consultadas han precisado el monto exacto o el mecanismo de financiamiento nacional que podría sustituir los recursos que hoy genera la tasa departamental.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué están solicitando los gremios de Antioquia al gobernador?

Fenalco y el Comité Intergremial piden el desmonte definitivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Argumentan que el tributo genera asfixia financiera y pone en riesgo la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo funciona actualmente este cobro y a quiénes afecta?

La tasa se liquida según el consumo de energía eléctrica y aplica para los estratos 4, 5 y 6, además de los sectores industrial, comercial y oficial. Los estratos 1, 2 y 3, así como quienes usan sistemas de autogeneración de energía, están exentos del pago.

¿En qué se han invertido los recursos recaudados por este tributo?

Se han destinado más de 473.000 millones de pesos a la compra de vehículos, drones y equipos de protección para la Fuerza Pública. También se financia la conexión de 9.000 cámaras de seguridad, fibra óptica y la mejora de estaciones de Policía y escenarios deportivos.