Presupuesto de salud 2027: el Gobierno pide 13,9 billones más y los gremios advierten que la brecha persiste

La petición de la ministra

El Presupuesto General de la Nación de 2027, radicado por el Ministerio de Hacienda por 634,95 billones de pesos (el 29,9% del PIB), es insuficiente para el sector salud, según la ministra de Salud, Ana María Vesga. A comienzos de septiembre, la funcionaria pidió al Congreso adicionar 13,9 billones de pesos.

De ese monto, 12 billones estarían destinados al aseguramiento y la atención en salud, y 1,4 billones a reconstruir hospitales afectados por el sismo, además de ampliar el programa de vacunación. El resto cubriría rubros menores, entre ellos 24.000 millones para el Instituto Nacional de Salud (INS) y 7.000 millones para el Fondo Nacional de Estupefacientes, que financia medicamentos de control especial.

La ministra también anticipó que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027 podría ubicarse entre el 12% y el 13%, y que debería superar, como mínimo, la inflación. La UPC es el valor fijo que el Estado reconoce por cada afiliado a las EPS para cubrir su atención en salud.

Lo que advierten los análisis

La consultora Sectorial calculó que, mientras el gasto total del proyecto de presupuesto crece 16,1%, los recursos de salud aumentarían apenas 1,8%. Según ese análisis, el sistema necesitaría 121,6 billones de pesos el próximo año, es decir, un 16,9% más que en 2026.

La brecha se explica, en parte, por la inflación propia del sector, que llegó a 8,3% en agosto frente a 6,24% del promedio nacional, lo que representa cerca de 9,3 billones de pesos en necesidades adicionales. A ello se suman desbalances entre ingresos y gastos de las EPS por unos 8,32 billones.

Deudas y presión sobre los hospitales

El panorama financiero que describió la ministra incluye una deuda de las EPS con prestadores y proveedores de 58,06 billones de pesos al cierre de 2025, un 26,5% más que en 2024. Según el Gobierno, el 83 % de esa cifra corresponde a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

El sismo también dejó daños en 440 instituciones de salud de 11 departamentos, de las cuales 19 resultaron pérdidas totales, según lo expuesto por la ministra en reuniones con bancadas del Congreso.

La posición de las instituciones prestadoras

La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS) pidió el 29 de septiembre que el Presupuesto de 2027 contemple "una ruta clara" para garantizar el dinero que requiera el sistema. El gremio solicitó que el Congreso no fije de antemano el porcentaje de aumento de la UPC, sino que primero se calcule cuánto necesita el sector y luego se aseguren los recursos.

UNIPS recordó además que, según la Corte Constitucional, la UPC del régimen subsidiado debe ser al menos el 95% de la del contributivo, salvo que estudios técnicos justifiquen una diferencia mayor. También pidió a los ministerios de Salud y Hacienda y a la ADRES, la entidad que administra los recursos del sistema, explicar de dónde saldrán los fondos y cómo se harán los giros en 2027.

Qué sigue

La discusión se mantiene en el Congreso, donde el articulado del presupuesto debía quedar aprobado a finales de septiembre. La definición final de la UPC corresponde al Gobierno. Las cifras de la petición y de los análisis privados aún no corresponden a montos aprobados.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuánto dinero adicional está solicitando el Ministerio de Salud para el presupuesto de 2027?

La ministra de Salud solicitó al Congreso una adición de 13,9 billones de pesos, de los cuales 12 billones se destinarían al aseguramiento y atención en salud.

¿Por qué los gremios y consultoras advierten que los recursos son insuficientes?

Se estima que el sistema requiere un 16,9% más de presupuesto que en 2026 debido a la inflación del sector salud y a un desbalance financiero de las EPS que asciende a 8,32 billones de pesos.

¿Cuál es la situación de las deudas en el sistema de salud colombiano?

Al cierre de 2025, la deuda de las EPS con prestadores y proveedores alcanzó los 58,06 billones de pesos, donde el 83% de este monto corresponde a entidades intervenidas por el Gobierno.