Contraloría alertó por más de $10 billones del MinSalud pendientes de legalizar y obras hospitalarias sin terminar

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la gestión de los recursos públicos en el Ministerio de Salud y Protección Social, revelando que, con corte al 30 de junio, existían más de $10,18 billones en transferencias condicionadas que aún están pendientes de legalización.

Esta situación implica que, aunque el dinero ya fue girado por la cartera de salud, no se han presentado ni aprobado los soportes técnicos y financieros que demuestren en qué se utilizaron dichos fondos y si efectivamente cumplieron con el propósito social para el cual fueron asignados originalmente.

El panorama de la infraestructura hospitalaria es igualmente crítico, pues el ente de control advirtió que apenas el 1,61% de los recursos asignados entre los años 2022 y 2025 correspondían a proyectos que han sido reportados como terminados. Tras un seguimiento detallado a una muestra de 40 proyectos financiados en dicho periodo, la Contraloría encontró que 22 de ellos presentan graves retrasos o suspensiones, comprometiendo una cifra superior a los $541.000 millones, lo que representa más de la mitad del valor total de los recursos evaluados en este ejercicio de vigilancia.

Vale decir que, la alerta lanzada por el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, se refiere específicamente a los recursos públicos destinados a fortalecer la red hospitalaria del país. El funcionario explicó que el estado de "pendiente de legalización" es una señal de alarma administrativa y financiera, ya que el flujo de caja salió del Ministerio, pero el ciclo contable y de verificación de la inversión no se ha cerrado, dejando un vacío sobre el destino final de billones de pesos que deberían estar transformados en servicios de salud para la ciudadanía.

Según el ente de control, el seguimiento exhaustivo se realizó durante el primer semestre de este año, sobre una muestra representativa de proyectos cuya asignación presupuestal ronda los $1,03 billones. El hallazgo de que más del 50% de estos recursos estén en obras detenidas o con cronogramas vencidos pone de manifiesto una crisis en la ejecución de la política pública de salud. "Al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Salud registra más de 10,18 billones (de pesos) en transferencias condicionadas pendientes de legalización", señaló de forma categórica Laverde Vargas.

El contralor fue enfático al manifestar su preocupación por la baja tasa de finalización de las obras: "Más preocupante aún: apenas el 1,61% de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponden a proyectos reportados como terminados". Esta cifra revela una desconexión entre la asignación de presupuestos y la entrega real de infraestructura a las comunidades, lo que impacta directamente en la calidad de vida de los colombianos que dependen del sistema público.

En el análisis técnico, la Contraloría identificó múltiples deficiencias estructurales en la planeación de los proyectos. Se detectaron fallas en estudios, diseños y presupuestos iniciales que, según el organismo, son la causa principal de sobrecostos potenciales y dilaciones injustificadas. Además, el equipo auditor encontró modificaciones recurrentes en el alcance de las obras, mayores cantidades de obra ejecutada respecto a lo planeado, actividades no previstas en los contratos originales e insuficiencias presupuestales que obligan a paralizar las construcciones.

Otro de los puntos críticos señalados por el ente de control es la debilidad en la trazabilidad de los recursos. Esto se traduce en una incapacidad técnica para seguir el rastro del dinero desde el momento en que se realiza el giro hasta su aplicación en el territorio. Esta falta de transparencia dificulta verificar si se cumplieron los objetivos de inversión y aumenta el riesgo de pérdida de recursos públicos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. "Los colombianos necesitan hospitales funcionando, no recursos comprometidos en obras que no se terminan", afirmó con contundencia el contralor Laverde.

Este pronunciamiento de la Contraloría se produce en un contexto de alta tensión institucional, apenas días después de que la ministra de Salud, Ana María Vesga, solicitara el pasado 27 de octubre una revisión especial a la Contraloría y a la Procuraduría. La ministra pidió poner la lupa sobre $885.000 millones asignados entre el 1 y el 6 de agosto de 2026, justo en la víspera del cambio de gobierno, destinados supuestamente a infraestructura y equipos básicos de salud.

De acuerdo con las denuncias del propio Ministerio, de ese monto específico, unos $403.000 millones carecían de registro presupuestal, $57.000 millones fueron aprobados sin contar con una propuesta técnica sólida y $45.000 millones presentaron soportes que fueron radicados de manera extemporánea, es decir, después de que ya se había otorgado la aprobación. "La premura no justifica omitir la ley", sentenció en su momento la ministra Vesga, quien aseguró que todos los expedientes están a disposición de los entes de control.organismos de control para las investigaciones pertinentes.

Cabe recordar que en septiembre, la cartera de Salud ya había emitido una circular interna para suspender nuevos procesos de contratación y convenios, con el fin de revisar minuciosamente los compromisos heredados de administraciones anteriores. Para ese entonces, la Contraloría ya había emitido una opinión contable negativa sobre los estados financieros del Ministerio correspondientes a la vigencia 2025, lo que ya vaticinaba los problemas de legalización que hoy se confirman.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la principal alerta emitida por la Contraloría sobre el Ministerio de Salud?

La entidad advirtió que el Ministerio tiene más de $10,18 billones en transferencias pendientes de legalizar y que solo el 1,61% de los proyectos hospitalarios financiados entre 2022 y 2025 han sido terminados.

¿Qué problemas se identificaron en la ejecución de las obras hospitalarias?

Se detectaron deficiencias en estudios y diseños, sobrecostos, retrasos en 22 de los 40 proyectos analizados y falta de trazabilidad en el uso final del dinero.

¿Qué acciones ha tomado el Ministerio de Salud frente a estas irregularidades?

La ministra Ana María Vesga solicitó revisar $885.000 millones asignados irregularmente en agosto de 2026 y suspendió nuevos procesos de contratación mientras se revisan los compromisos heredados.