Abelardo De La Espriella emite prohibición estricta a interventores de EPS sobre contactos con Mario Urán

En una contundente declaración emitida este jueves 5 de noviembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, fijó una postura radical frente a la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo control estatal. A través de sus canales oficiales, el mandatario impartió una directriz que no admite matices: cualquier agente interventor que establezca comunicación o sostenga encuentros con el empresario Mario Urán será removido de su posición de manera fulminante.

Una instrucción con carácter perentorio

La orden presidencial fue difundida en las primeras horas de la jornada mediante la red social X, donde el jefe de Estado calificó la medida como una "orden terminante". En su mensaje, De La Espriella fue explícito al señalar las consecuencias del incumplimiento de esta disposición administrativa y política. "Queda terminantemente prohibido a todos los interventores de las EPS reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con el siniestro Mario Urán. Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones", sentenció el mandatario.

Esta determinación subraya la política de tolerancia cero que la actual administración busca proyectar sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la sanidad. Según el presidente, el objetivo primordial es erradicar las estructuras que han afectado históricamente al sector. En sus palabras, en este Gobierno "se acabarán las mafias, los negociados y la corrupción en el sistema de salud, incluyendo los negocios irregulares con los medicamentos".

Defensa de los recursos públicos y transparencia

El presidente De La Espriella enfatizó que la prioridad absoluta de su gestión es el bienestar del ciudadano y la eficiencia en la prestación de los servicios médicos. Bajo la premisa de que "los recursos de la salud son sagrados", el Ejecutivo sostiene que el capital del sistema debe orientarse exclusivamente a la atención de pacientes, el aseguramiento de tratamientos y la provisión oportuna de fármacos. El mandatario fue enfático al declarar que estos fondos no deben servir "para enriquecer a intermediarios inescrupulosos".

A pesar de la vehemencia del anuncio, hasta el momento no se ha hecho público un soporte documental adicional, como decretos o resoluciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud o del Ministerio de Salud, que formalice el procedimiento administrativo de esta prohibición. No obstante, el peso de la declaración presidencial establece un precedente de vigilancia estricta sobre los funcionarios que hoy lideran las EPS intervenidas.

El rol de los interventores y el contexto de la medida

Es fundamental comprender que, cuando la Superintendencia Nacional de Salud decide intervenir una EPS, el control administrativo total pasa a manos del Estado. En este proceso, se designa a un agente interventor que asume las facultades de los antiguos directivos. Este funcionario tiene la potestad de decidir sobre el flujo de caja, los pagos a clínicas, hospitales y la contratación con proveedores de insumos médicos. Debido a este amplio poder de decisión, la transparencia en sus relaciones con actores privados es un tema de alta sensibilidad nacional.

La restricción impuesta por De La Espriella se produce en un momento clave, coincidiendo con la prórroga de las intervenciones en diversas entidades de salud. La lucha contra la corrupción se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la narrativa gubernamental, buscando blindar los procesos de pago y contratación frente a posibles influencias externas que puedan comprometer la ética pública.

Antecedentes y perfil de Mario Urán

Mario Andrés Urán es una figura conocida en el ámbito de la salud en Colombia, con una trayectoria que abarca cargos de alta relevancia tanto en el sector público como en el privado. En su historial destaca su paso como subsecretario de Salud de Bogotá durante el periodo de Luis Eduardo Garzón, la dirección de la hoy liquidada Caprecom, y roles directivos en empresas como la farmacéutica Roche y la gerencia comercial de Lafrancol. Asimismo, se registra su desempeño como asesor de Coosalud EPS hasta hace aproximadamente dos años.

No es la primera vez que el nombre de Urán suscita controversia. En el año 2024, Luis Carlos Leal, quien fungía como superintendente de Salud, lo vinculó con presuntas irregularidades relacionadas con el direccionamiento de pagos dentro de ciertas EPS. En aquel entonces, la Superintendencia mencionó una posible "confabulación" derivada de su rol como contratista en Coosalud, sugiriendo que ciertos giros financieros requerían de su aval previo, lo que habría favorecido a prestadores y laboratorios específicos.

Ante tales señalamientos, la entidad Coosalud manifestó en su oportunidad que el vínculo con Urán se limitaba a un contrato de prestación de servicios profesionales, aclarando que dicha relación contractual no implicaba la participación de la empresa en las conductas cuestionadas por las autoridades de vigilancia.

Impacto en la administración de las EPS

La medida anunciada por el presidente tiene un impacto disciplinario directo y preventivo. Dado que los interventores son funcionarios de libre remoción cuya permanencia está supeditada a la confianza del Ejecutivo y de la Superintendencia, la advertencia de la Casa de Nariño funciona como una hoja de ruta ética obligatoria. Con esta acción, el Gobierno busca enviar un mensaje de control absoluto sobre las entidades que actualmente manejan el aseguramiento de millones de afiliados en todo el territorio nacional, cerrando la puerta a cualquier interlocución con figuras que el mandatario considera nocivas para la transparencia del sistema.