Andesco solicitó al Consejo de Estado suspender el nuevo marco tarifario de aseo por riesgos operativos

La estabilidad del servicio público de aseo en Colombia se encuentra en un punto crítico de debate jurídico y técnico. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) ha formalizado una solicitud de coadyuvancia ante el Consejo de Estado, sumándose a la demanda de nulidad que cursa contra la Resolución CRA 1040 de 2026. Esta normativa, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), pretende establecer las nuevas reglas para el cobro del servicio en municipios y distritos que superan los 5.000 suscriptores, pero ha generado una profunda preocupación en el sector gremial.

El gremio ha sido enfático al señalar que la norma, cuya entrada en vigencia está programada para el próximo 1 de enero de 2027, presenta inconsistencias estructurales que podrían poner en jaque la prestación del servicio para aproximadamente 36 millones de ciudadanos. La intervención de Andesco ante el alto tribunal busca aportar una visión técnica detallada sobre por qué la metodología propuesta no se ajusta a las realidades operativas del país, solicitando además que se decrete la suspensión provisional de la resolución como una medida cautelar necesaria mientras se resuelve el fondo del asunto.

Inconsistencias en el proceso de participación y legalidad

Uno de los pilares de la argumentación presentada por Andesco radica en las presuntas fallas durante la etapa de construcción de la regulación. Según la asociación, el texto definitivo de la Resolución 1040 incorporó más del 50% de disposiciones nuevas que no formaban parte del proyecto original sometido a consulta pública. Esta situación, a juicio del gremio, vulnera el principio de participación ciudadana, ya que los actores de la cadena del servicio no tuvieron la oportunidad de conocer, analizar ni discutir estas modificaciones sustanciales antes de su aprobación final.

Adicionalmente, se han identificado preocupaciones sobre la aplicación retroactiva de ciertas disposiciones. Específicamente, aquellas que regulan el cálculo de la actividad de aprovechamiento podrían generar impactos negativos en organizaciones de recicladores y en usuarios que, en teoría, no deberían estar bajo el ámbito de aplicación de este marco tarifario específico. Para Andesco, es imperativo que cualquier regulación respete los principios de la Ley 142 de 1994, los cuales exigen que las tarifas se basen en criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Brecha entre la teoría regulatoria y la realidad operativa

En el plano técnico, la asociación ha expuesto discrepancias significativas entre los parámetros definidos por la CRA y lo que sucede diariamente en la operación del servicio de aseo. Un punto crítico es el rendimiento de la maquinaria. Mientras que la metodología de la resolución establece que las barredoras sobre chasis deben tener una productividad de 57,42 kilómetros diarios, los datos operativos del gremio indican que una referencia real y alcanzable se sitúa cerca de los 32 kilómetros. Imponer una meta de eficiencia tan alejada de la realidad podría derivar en un desfinanciamiento de la actividad de limpieza urbana.

Asimismo, la resolución plantea una reducción drástica en la tasa de mantenimiento de estos equipos, pasando de un 21,14% a un 10%. Andesco advierte que este porcentaje es insuficiente para cubrir las necesidades reales de conservación de la maquinaria pesada utilizada en el aseo, lo que a largo plazo afectaría la disponibilidad de los equipos y, por ende, la frecuencia y calidad de la recolección de residuos en las ciudades colombianas.

Impacto social y defensa de los prestadores

La preocupación del gremio no se limita a las cifras financieras de las empresas públicas, privadas y mixtas. El trasfondo de la discusión es el impacto directo sobre el usuario final. "Lo que está en juego es la continuidad y la calidad del servicio para 36 millones de usuarios", manifestó Camilo Sánchez, presidente de Andesco. El directivo aclaró que la acción judicial no representa una ruptura con el Gobierno nacional, sino una medida necesaria para proteger la sostenibilidad del sistema.

Antes de acudir al Consejo de Estado, la asociación ya había intentado agotar vías administrativas. El pasado 22 de septiembre, se radicó ante el Gobierno una solicitud de revocatoria directa de la Resolución 1040, argumentando la necesidad de una revisión profunda antes de que su implementación sea irreversible. La falta de reconocimiento de los costos eficientes de operación es vista como una amenaza que podría derivar en una disminución de la cobertura y en el deterioro de los estándares de saneamiento básico en el país.

Propuesta de diálogo y mesas técnicas

Como alternativa constructiva, Andesco ha propuesto la creación de una mesa técnica y participativa. El objetivo de este espacio sería rediseñar la regulación partiendo de información verificable y actualizada. Entre los temas que el gremio considera urgentes de revisar se encuentran los costos laborales, la inversión necesaria para nuevas tecnologías, la disposición final de residuos y los rendimientos reales por ciudad, considerando las particularidades geográficas de Colombia.

Finalmente, el gremio hizo un llamado especial a la protección de los recicladores de oficio. Andesco sostiene que cualquier cambio en el modelo tarifario debe asegurar la formalización de esta población, garantizando una remuneración justa y permitiendo que sus organizaciones tengan voz propia en la construcción de las normas que los afectan. El desafío actual para el Consejo de Estado y las autoridades regulatorias será encontrar un equilibrio que proteja el bolsillo de los ciudadanos sin sacrificar la viabilidad técnica y financiera que permite que las ciudades permanezcan limpias y saludables.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicita Andesco al Consejo de Estado y por qué?

El gremio solicitó la suspensión inmediata de la Resolución CRA 1040 de 2026, argumentando que contiene fallas técnicas y legales que ponen en riesgo la calidad del servicio de aseo para 36 millones de colombianos.

¿Cuáles son las principales inconsistencias técnicas señaladas?

Andesco advierte que la norma impone metas de eficiencia irreales, como exigir un rendimiento de barrido de 57 km diarios cuando la realidad es de 32 km, y reducir a la mitad el presupuesto para mantenimiento de maquinaria.

¿Qué fallas se reportan en el proceso de creación de esta norma?

La asociación denuncia que más del 50% del texto final no fue sometido a consulta pública, lo que vulnera el principio de participación ciudadana al impedir que los actores del sector analizaran los cambios antes de su aprobación.