Colombia amplió criterios para solicitar eutanasia con nueva normativa

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 000813 del 28 de abril de 2026, mediante la cual actualiza el marco para garantizar el derecho a morir dignamente en Colombia. La norma da cumplimiento a órdenes de la Corte Constitucional y redefine los criterios de acceso a la eutanasia, ampliando su alcance más allá de pacientes en fase terminal.

De acuerdo con el documento oficial, la resolución establece lineamientos para la práctica de la eutanasia y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, incorporando parámetros relacionados con el consentimiento informado y el rol de los comités de ética hospitalaria. En ese sentido, se reconoce la posibilidad de solicitar el procedimiento en casos de sufrimiento intenso derivado de enfermedades graves e incurables, incluso si no existe un pronóstico de muerte inminente.

El texto indica que la medida se fundamenta en decisiones previas de la Corte Constitucional, así como en disposiciones legales como la Ley 100 de 1993, la Ley 1733 de 2014 sobre cuidados paliativos y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud. También retoma criterios de bioética y estándares internacionales para fortalecer la atención centrada en el paciente.

Entre los cambios introducidos, la resolución precisa que los profesionales de la salud deberán garantizar información clara, suficiente y oportuna para la toma de decisiones. Asimismo, se refuerza la importancia del Documento de Voluntad Anticipada como mecanismo válido para expresar la decisión del paciente cuando no pueda manifestarla directamente.

En relación con los comités de ética, la normativa redefine sus funciones dentro del proceso de evaluación de solicitudes de eutanasia. Estas instancias tendrán un papel de acompañamiento y verificación del cumplimiento de requisitos, en concordancia con principios de autonomía, dignidad y confidencialidad.

El documento también establece que los servicios de salud deberán articular la atención con equipos interdisciplinarios, incluyendo apoyo en cuidados paliativos y orientación al paciente y su familia. De esta manera, se busca asegurar que la decisión se adopte en un contexto de evaluación integral de las condiciones médicas y personales.

La resolución forma parte de la evolución normativa en torno al derecho a morir dignamente en el país, en respuesta a desarrollos jurisprudenciales que han ampliado su interpretación. Con su expedición, el Ministerio actualiza los procedimientos y define responsabilidades para los actores del sistema de salud, con el objetivo de garantizar el acceso bajo criterios establecidos.