La Corte Constitucional avocó conocimiento y comenzó el estudio de control de constitucionalidad de ocho decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.
Dentro del paquete de decretos sometidos a revisión se encuentran medidas enfocadas en generar alivios para el sector agropecuario, los créditos de campesinos afectados, el sector turismo, transporte y la producción de alimentos. La Corte ya ordenó la práctica de pruebas relacionadas con el contenido de estas disposiciones.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia defendió la necesidad de estas medidas argumentando que se requiere mayor presupuesto y que las herramientas ordinarias implementadas han resultado insuficientes para contener la crisis de orden público y los enfrentamientos en la región.
“Se evidencia la necesidad de implementar un enfoque integral y no exclusivamente limitado al desarrollo de las funciones de la Fuerza Pública, para impedir la extensión de los efectos de la crisis de orden público en mención, en atención a que una acción segmentada y específica por parte de las autoridades va a tener un impacto negativo en las garantías mínimas de subsistencia y dignidad de las poblaciones afectadas”, señaló la Secretaría Jurídica en su concepto enviado a la Corte.
Adicionalmente, la Corte Constitucional recibió otro paquete de siete decretos promulgados la semana pasada por el Gobierno Nacional. Estos incluyen medidas en materia de telecomunicaciones, ajustes en la disposición de dineros del Sistema General de Participaciones y restricciones al uso de productos químicos y combustibles.
Cada uno de los decretos fue asignado mediante sorteo a magistrados ponentes, quienes liderarán su análisis y comenzarán a decretar las pruebas necesarias para su estudio.
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