Reforma Tributaria: Impactos y Peligros para Empresas y Ciudadanos

El proyecto de Reforma Tributaria presentado por el gobierno ha generado intensas discusiones en los sectores económicos del país debido a los cambios profundos que propone, afectando tanto a empresas como a personas naturales. A continuación, se detallan los puntos clave de esta reforma, así como los riesgos que conlleva para las finanzas corporativas y personales.

Uno de los principales cambios es la disminución gradual del impuesto de renta para personas jurídicas, lo que aparentemente podría beneficiar a las empresas. Sin embargo, este ajuste viene acompañado de una tarifa progresiva según los ingresos y un aumento de la tasa mínima de tributación al 20%, lo que podría resultar en una mayor carga fiscal para aquellas empresas con ingresos más altos, reduciendo su competitividad.

La eliminación del Régimen Simple de Tributación para el año gravable 2025 es otro cambio significativo. Este régimen había sido un alivio para pequeñas y medianas empresas, ya que les permitía simplificar su contabilidad y disminuir su carga tributaria. Sin este beneficio, muchas PYMEs enfrentarán dificultades para cumplir con las nuevas exigencias fiscales, afectando su liquidez y estabilidad.

Para las personas naturales, uno de los aspectos más preocupantes es el incremento en las tarifas del impuesto a la renta y las ganancias ocasionales, que llegarán hasta el 41% en renta y un 20% en ganancias ocasionales. Esto incluye un cambio en las tarifas de retención en la fuente, lo que podría impactar negativamente los ingresos netos de los asalariados, generando una mayor carga tributaria sobre los trabajadores de más altos ingresos. Además, se incluye un ajuste en la renta exenta para dependientes, limitando los beneficios tributarios que las personas naturales podían obtener por este concepto.

El impuesto al patrimonio también se amplía y endurece. Se reduce la base gravable, lo que implicará que más personas deban pagar este tributo a partir de un patrimonio líquido superior a 1.800 millones de pesos (o 40.000 UVT). A su vez, se incluye dentro de esta base gravable los activos no productivos en el caso de las personas jurídicas, penalizando a las empresas que no logren vincular ciertos activos a la generación de renta.

Otro aspecto que afecta tanto a personas como a empresas es la modificación de la deducción por facturación electrónica, la cual se incrementa progresivamente, con un 5% en 2026 y 3% en 2027. Esta medida busca fomentar la bancarización, pero al mismo tiempo endurece las obligaciones fiscales para quienes no cumplan con la facturación electrónica.

En el caso de los impuestos ambientales, el proyecto contempla un incremento de la tarifa del impuesto al carbono, lo cual podría tener efectos en sectores industriales y de transporte. Al mismo tiempo, se introduce una exención de IVA para la generación de energía con fuentes no convencionales, una medida positiva para las energías renovables, aunque se ve opacada por el aumento en el IVA sobre vehículos híbridos, que pasaría del 5% a la tarifa general del 19%.

Otro de los puntos sensibles de esta reforma es el condicionamiento de las deducciones a la previa declaración y pago de la retención en la fuente, lo que implica un mayor control sobre las obligaciones fiscales de las empresas, limitando su capacidad de optimización fiscal. A esto se suma la graduación de la retención en la fuente de asalariados para que esta sea lo más cercana posible al impuesto a pagar, reduciendo los saldos a favor, lo que puede tener un impacto en la planeación financiera de los trabajadores.

Una de las medidas que más ha generado controversia es la introducción de recompensas para ciudadanos que denuncien delitos tributarios y aduaneros, lo que podría derivar en un clima de desconfianza y conflictos entre empleados y empresas. Esta medida propone recompensar con un 20% del monto corregido y pagado por la empresa en caso de detectarse omisiones tributarias.

En cuanto a la facturación y control fiscal, se endurecen las medidas de fiscalización para quienes incumplan con la expedición de facturas, y se modifica el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, incentivando el uso de pagos electrónicos y limitando los pagos en efectivo, lo cual afectará especialmente a sectores informales.

En resumen, esta Reforma Tributaria implica una reconfiguración de las cargas fiscales en el país. Las empresas deberán enfrentar una mayor progresividad en las tarifas de renta, eliminación de beneficios, y endurecimiento en los controles de facturación y retención. Para las personas naturales, el aumento en las tarifas de renta y patrimonio, junto con las restricciones en las deducciones, generará una mayor presión sobre los ingresos, afectando la capacidad de ahorro e inversión.

Si bien algunas medidas buscan incentivar el uso de tecnologías y energías limpias, las cargas adicionales sobre sectores clave, como las PYMEs y las empresas con activos no productivos, pueden generar una desaceleración en la inversión y un aumento en los costos operativos.

La reforma entra en reversa al Congreso, con un Senado en contra y los desacuerdos on el Gobierno Nacional por el proyecto de presupuesto. El debate esta abierto.