Proyecto de “Borrón y Cuenta Nueva 2.0” quedó archivado en el Congreso tras no ser agendado para debate

La iniciativa buscaba otorgar alivios a personas reportadas en centrales de riesgo, permitiendo el retiro de reportes negativos una vez se pusieran al día con sus obligaciones financieras. Tras conocerse el archivo de la propuesta, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo cuestionó la actuación de la Mesa Directiva de la Cámara y aseguró que el proyecto permaneció sin programación desde agosto del año pasado, pese a haber superado etapas previas dentro del trámite legislativo.

Según el congresista, la decisión afecta a millones de ciudadanos que continúan reportados en bases de datos crediticias como Datacrédito. Ocampo sostuvo que muchos de esos registros corresponden a deudas de bajo monto y señaló que la iniciativa tenía como objetivo facilitar la recuperación de la vida crediticia de quienes ya cancelaron sus obligaciones.

“El proyecto de ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 se hundió en esta plenaria. Y se hundió porque la Mesa Directiva no quiso desde agosto hasta la fecha programarlo para discutirlo”, manifestó el representante durante sus declaraciones sobre el archivo de la iniciativa.

El congresista también afirmó que, a su juicio, se priorizaron intereses del sector financiero sobre la discusión del proyecto. “Fue más fuerte el lobby de Asobancaria que la necesidad del pueblo colombiano”, indicó al referirse al trámite que tuvo la propuesta dentro del Legislativo.

La iniciativa pretendía establecer un régimen transitorio para eliminar reportes negativos en centrales de riesgo de personas morosas que hubieran pagado sus deudas con entidades financieras, comerciales, crediticias y de servicios. El objetivo era incentivar la normalización de obligaciones y permitir la reactivación del historial financiero de los usuarios.

De acuerdo con el alcance del proyecto, quienes cancelaran sus obligaciones podrían solicitar la eliminación de los reportes negativos en las bases de datos administradas por operadores de información crediticia. El texto también contemplaba medidas especiales para personas con créditos educativos.

Uno de los apartados incluidos en la propuesta era el denominado “caso Icetex”, dirigido a beneficiarios de créditos estudiantiles. La disposición establecía que los usuarios podrían salir de los registros negativos luego de cumplir seis cuotas consecutivas dentro de acuerdos de pago, aun cuando la deuda total no hubiera sido cancelada en su totalidad.

El representante Ocampo aseguró que cerca de siete millones de colombianos continúan afectados por reportes negativos en centrales de riesgo y señaló que algunos casos corresponden a obligaciones pequeñas. “A la Mesa Directiva no le importaron 7 millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito, algunos de ellos injustamente, algunos por 500 pesos, por 5 mil pesos o por 10 mil pesos”, afirmó.

El proyecto tenía como antecedente la Ley 2157 de 2021, conocida como la primera versión de “Borrón y Cuenta Nueva”. Esa normativa fue presentada como un mecanismo para permitir a personas morosas limpiar su historial crediticio tras ponerse al día con sus obligaciones.

Sin embargo, distintos sectores señalaron que el alcance de esa ley fue limitado frente a las expectativas iniciales. Según cifras citadas durante el debate público sobre el nuevo proyecto, aunque la norma de 2021 buscaba beneficiar a cerca de 16 millones de personas, aproximadamente 1,7 millones lograron eliminar reportes negativos de sus historiales crediticios.

Entre los factores mencionados sobre el bajo impacto de la primera ley estuvieron la falta de difusión, los efectos derivados de la pandemia y las dificultades en la implementación de los alivios contemplados para los usuarios del sistema financiero. La discusión sobre “Borrón y Cuenta Nueva 2.0” se mantuvo durante varios meses dentro del Congreso. No obstante, la iniciativa no alcanzó a ser debatida nuevamente antes de concluir los tiempos legislativos establecidos para su trámite.

Con el hundimiento del proyecto, las disposiciones planteadas para eliminar reportes negativos y facilitar la recuperación del historial financiero no continuarán su curso en esta legislatura. Entretanto, los sectores que respaldaban la propuesta insistieron en la necesidad de retomar una discusión relacionada con los mecanismos de acceso al crédito y las condiciones de permanencia en centrales de riesgo para personas con obligaciones ya canceladas.

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