Presidente Petro con temor por futuro de los procesos en su contra en la Comisión de Acusación

A pocas semanas de concluir el actual periodo legislativo, en la Casa de Nariño aumenta la preocupación por el rumbo que podrían tomar los procesos que enfrenta el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La corporación acumula actualmente más de 3.200 expedientes activos, de los cuales cerca de 270 corresponden a investigaciones relacionadas con el jefe de Estado, según datos conocidos en medio del cierre del actual Congreso.

El escenario adquiere relevancia política debido a que la conformación de la próxima Comisión de Acusación, que comenzará funciones tras la posesión del nuevo Congreso elegido en marzo, podría modificar las mayorías que hasta ahora han acompañado al Gobierno.

En sectores cercanos al Ejecutivo existe expectativa frente a la posibilidad de que varios de los procesos de mayor impacto político sean archivados antes del relevo legislativo.

Oficialismo y oposición miden fuerzas

Durante el actual periodo, el petrismo ha mantenido una influencia importante dentro de la Comisión, donde varios procesos contra el mandatario han sido cerrados o archivados.

Sectores de oposición sostienen que muchas de esas decisiones han tenido un fuerte componente político y no exclusivamente jurídico, debido a que la Comisión de Acusación históricamente ha sido cuestionada por el manejo político de las investigaciones contra altos funcionarios del Estado.

El panorama podría cambiar a partir de julio. Desde ya se anticipa que la próxima conformación de la Comisión tendría una presencia más amplia de congresistas independientes y de oposición.

Entre los nombres que podrían integrar el nuevo escenario aparece el del representante Daniel Briceño, quien se ha convertido en una de las voces más activas en la denuncia de presuntas irregularidades y controversias relacionadas con el Gobierno Petro.

La posibilidad de un cambio en las mayorías genera inquietud en sectores oficialistas ante el riesgo de que investigaciones que hasta ahora no han avanzado puedan retomar impulso político y jurídico.

Cámara seguirá sesionando hasta julio

Aunque el periodo ordinario del Congreso finaliza el próximo 16 de junio, la Comisión de Investigación y Acusación continuará funcionando hasta el 20 de julio con el propósito de evacuar procesos pendientes, en un hecho inédito.

La decisión fue confirmada en medio de las tensiones políticas que rodean el futuro de las investigaciones contra el presidente.

Sin embargo, el ambiente interno no parece favorable para acelerar cierres masivos de expedientes. Según versiones conocidas en el Congreso, sectores de oposición vienen promoviendo estrategias para dificultar la conformación del quórum necesario en algunas sesiones.

La disputa política alrededor de la Comisión ocurre en un contexto preelectoral marcado por fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y sus críticos.

Un órgano históricamente cuestionado

La Comisión de Acusación ha sido durante años uno de los organismos más cuestionados del sistema político colombiano debido a la baja cantidad de procesos que terminan avanzando contra presidentes y altos dignatarios.

En distintos sectores existe la percepción de que las decisiones suelen responder más a correlaciones políticas que a criterios estrictamente judiciales. Coloca menté organismos llamado la comisión de absoluciones, desde que declaró inocente al presidente Ernesto Saint Pierre, por el proceso 8000 en que se evidenció el ingreso de dineros del narcotráfico a su Campaña presidencial y repitiéndose con Gustavo Petro, quien envió los topes de su campaña y esta comisión también lo declaró inocente.

Ahora, con el cambio de Congreso en el horizonte, el futuro de las investigaciones contra Gustavo Petro vuelve a convertirse en un tema central del debate político nacional. Pues si no son evacuados todos los procesos de investigación actuales el próximo congreso los podrá retomar toda vez si quedan abiertos y al fin el presidente podrá ser juzgado por la comisión de más de 370 irregularidades que podrían llevarlo a la cárcel.

Y es que la Constitución colombiana considera que el presidente no puede ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria ni por la Corte Suprema de Justicia, pues su fuero es especial y sólo puede ser investigado por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes

Mientras el oficialismo busca preservar el control institucional antes del relevo legislativo, la oposición se prepara para un nuevo escenario en el que espera tener mayor capacidad de incidencia dentro de la Comisión de Acusación.