El superintendente de salud, Daniel Quintero, admite fracaso de las intervenciones a las EPS y cuestiona capacidad de la Supersalud

El superintendente nacional de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, admitió que las intervenciones realizadas a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no han dado resultados positivos ni en el actual Gobierno ni en administraciones anteriores, reconociendo el error en el que incurrió el Gobierno con estas decisiones.

Las declaraciones fueron entregadas a través de un video publicado en redes sociales, luego de que la Contraloría General de la República presentara un informe sobre la situación financiera y operativa de varias EPS bajo intervención estatal. “Las intervenciones para administrar como mecanismo para recuperar las EPS no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno”, afirmó Quintero.

El funcionario sostuvo que existe un problema estructural en el modelo de intervención estatal y señaló que históricamente ninguna administración ha logrado rescatar una EPS intervenida. “¿Qué gobierno ha salvado una sola EPS intervenida? Ninguno. En los últimos veinte años, cien EPS han sido liquidadas”, aseguró.

Contraloría advierte deterioro financiero y operativo

El pronunciamiento del superintendente se produjo después de las alertas emitidas por la Contraloría General, encabezada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, sobre la situación crítica de varias EPS intervenidas.

Entre las entidades mencionadas en el informe se encuentran Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Savia Salud, Emssanar, SOS, Asmet Salud y Capresoca. Según el organismo de control, las medidas de intervención no han generado mejoras estructurales y, por el contrario, las EPS presentan un deterioro financiero que compromete la prestación de los servicios de salud.

Uno de los casos más delicados es el de Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país. La Contraloría advirtió que no cuenta con estados financieros certificados para los años 2024 y 2025 y reportó un faltante de 4,9 billones de pesos en reservas técnicas, además de 13,6 billones en anticipos pendientes de legalización.

El informe también evidenció un incremento significativo en los pasivos de entidades como Coosalud y un deterioro financiero acelerado en Famisanar y Savia Salud.

Críticas al funcionamiento de la Superintendencia

Durante su intervención, Quintero cuestionó además el funcionamiento histórico de la Superintendencia Nacional de Salud. El funcionario aseguró que la entidad ha presentado fallas en los sistemas de vigilancia y control, así como problemas graves en el manejo de información.

“La Superintendencia de Salud es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control”, manifestó. Quintero afirmó que muchos de los interventores designados por el Estado no cuentan con herramientas suficientes para capitalizar las EPS y recuperar financieramente las entidades.

Asimismo, señaló que en algunos casos se mantuvieron prácticas administrativas y financieras que habrían contribuido originalmente a la crisis de las aseguradoras.

Crecen las quejas y tutelas en el sistema

La Contraloría también alertó sobre el aumento histórico de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) en el sistema de salud durante 2025.

De acuerdo con el informe, el país registró más de dos millones de reclamaciones relacionadas principalmente con demoras en citas médicas y problemas en la entrega de medicamentos. El incremento representa un crecimiento del 27,4% frente al año anterior.

El organismo de control también advirtió bajos niveles de cumplimiento de fallos judiciales relacionados con el derecho a la salud. En el caso de Emssanar, por ejemplo, el cumplimiento de tutelas apenas alcanza el 4,48%.Ante la gravedad de la situación, la Contraloría anunció la convocatoria de una mesa de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas para evaluar medidas correctivas.

Mientras tanto, las declaraciones de Daniel Quintero reavivan el debate nacional sobre la crisis estructural del sistema de salud y la efectividad de las intervenciones estatales como mecanismo de recuperación.