El DAPRE denunciará presunta red de instrumentalización de mujeres en la Casa de Nariño

En una declaración que sacudió el panorama político nacional, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos, anunció que acudirá formalmente ante las autoridades judiciales para denunciar la supuesta instrumentalización de al menos 48 mujeres a través de contratos de prestación de servicios (OPS) en la sede de gobierno.

Durante su intervención pública, Ríos lanzó duras acusaciones contra la administración saliente del expresidente Gustavo Petro. Según el funcionario, tras revisiones internas y hallazgos en la contratación del Estado, existen indicios de que en la Casa de Nariño operaron dinámicas comparables a las de una red de prostitución, amparadas bajo la fachada de vinculaciones laborales por prestación de servicios.

El director del DAPRE enfatizó que el uso de contratos de prestación de servicios para presuntamente coaccionar o instrumentalizar a mujeres en el ejercicio de sus funciones públicas representa una violación flagrante de los principios éticos del Estado y de la legislación penal colombiana. Según las declaraciones oficiales, se recopilará el material probatorio correspondiente para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se determinen las responsabilidades penales e institucionales a las que haya lugar.

El impacto de las acusaciones ha generado reacciones inmediatas en diversos sectores políticos y sociales del país. Mientras la oposición exige celeridad en las investigaciones e imputación de cargos a los responsables, defensores de la administración anterior sostienen que estas denuncias carecen de sustento y forman parte de un ataque político.

Este nuevo capítulo se suma a precedentes controversiales que ya venían enrareciendo el clima político respecto a la gestión interna de la Presidencia. Previamente, Angie Rodríguez y Eva Ferrer habían rendido declaraciones públicas y testimonios en los que señalaban presuntas irregularidades, tratos preferenciales y presiones vinculadas a la presencia y rol de personal femenino dentro del palacio presidencial.

Las menciones de Rodríguez y Ferrer sobre un ambiente laboral enrarecido y la presunta instrumentalización de contratistas sirvieron como detonante para las auditorías y revisiones que culminaron con los hallazgos expuestos por Carlos Ríos. Los señalamientos de ambas personas ya habían encendido las alarmas en organismos de control y colectivos de derechos de la mujer.

Analistas han manifestado que la formalización de esta denuncia ante la justicia obligará a los entes de control incluidos la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República, a abrir investigaciones de carácter penal y disciplinario para constatar la veracidad de los hechos denunciados. De comprobarse la existencia de conductas punibles como inducción a la prostitución, acoso sexual o concierto para delinquir mediante recursos públicos, las consecuencias legales para los implicados serían de máxima severidad.

El caso reabre el debate sobre la vulnerabilidad y el eventual uso indebido de la figura de contratación por prestación de servicios (OPS) en el sector público, un mecanismo que históricamente ha sido cuestionado por la falta de estabilidad laboral que genera y que, en este escenario, habría facilitado abusos de poder.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué denunció el director del DAPRE sobre la Casa de Nariño?

Carlos Ríos denunció la presunta instrumentalización de al menos 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios para actividades comparables a una red de prostitución.

¿Qué acciones legales se tomarán frente a estos hallazgos?

El DAPRE presentará formalmente el material probatorio ante la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes.

¿Cuál es el origen de esta investigación interna?

Las auditorías se detonaron tras declaraciones previas de Angie Rodríguez y Eva Ferrer, quienes señalaron irregularidades y presiones vinculadas al personal femenino en el palacio presidencial.