Ley de sometimiento del Gobierno supera el primer debate y queda a las puertas de las plenarias

¿Qué propone el proyecto?

El texto, que llegó al Congreso con 27 artículos, modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público, que es la norma que le da al Estado herramientas para manejar el conflicto armado y la criminalidad organizada. A diferencia de los modelos de justicia transicional, el proyecto no crea una jurisdicción especial: los procesos se adelantarán ante la justicia ordinaria y no habrá negociaciones políticas con las estructuras armadas ni reconocimiento de carácter político.

El mecanismo contempla rebajas de pena de hasta 50% para integrantes rasos y de hasta 30% para quienes ejerzan funciones de mando. Esos beneficios estarían condicionados a la entrega de armas y bienes, la colaboración con las autoridades, la identificación de fuentes de financiación, rutas del delito y vínculos con redes de corrupción, así como a contribuir a la búsqueda de desaparecidos, la liberación de secuestrados y menores reclutados y el desminado humanitario.

El llamado “tratamiento penal diferenciado” no elimina las penas accesorias ni las inhabilidades para aspirar a cargos de elección popular. Las víctimas tendrían derecho a información sobre los procesos y a representación judicial a través de la Defensoría del Pueblo.

Cambios en el debate

Durante la discusión, en la que se presentaron unas 320 proposiciones, los ponentes incorporaron ajustes. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, explicó que se endurecieron las penas por lavado de activos y que quedaron excluidos del sometimiento quienes recluten menores de 14 años. También advirtió que si la información entregada resulta falsa o inútil para desarticular las estructuras, se pierden los beneficios. “Las órdenes de captura y extradición no se negocian”, afirmó.

Cancino, por su parte, precisó que quienes estén vinculados con lavado u ocultamiento de bienes deberán entregar la totalidad de su patrimonio ilícito y solo accederían a los beneficios a los tres años, y no al primero, para dar tiempo a la Fiscalía de verificar la información. El ministro rechazó que se trate de un escenario de impunidad y anunció que acelerará los acercamientos con las bancadas para lograr apoyos.

Lara, en su última intervención como ministro, sostuvo que el Gobierno no reconoce actores políticos, sino organizaciones narcoterroristas, que serán incluidas en un registro que se presentaría junto con la ley antiterrorista.

Las críticas

Desde la oposición, la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, advirtió que el texto podría otorgar beneficios penales a narcotraficantes, lavadores y testaferros. Esa bancada también cuestionó la falta de concepto del Consejo Superior de Política Criminal y de aval fiscal, así como el cierre de la salida negociada al conflicto. Desde otra orilla, el senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, rechazó cualquier tipo de beneficio judicial para quienes delinquen.

Lo que viene

El proyecto pasa ahora a las plenarias de Senado y Cámara, donde debe superar los debates restantes. El calendario es estrecho: la prórroga de la Ley 418, aprobada en 2022 con la Ley 2272, vence a comienzos de noviembre, por lo que el Gobierno necesita la aprobación antes de esa fecha para no quedarse sin el marco legal de orden público.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento aprobado en primer debate?

Es una iniciativa que busca que integrantes de organizaciones criminales se entreguen a la justicia ordinaria a cambio de rebajas de pena de hasta el 50%, sin otorgarles reconocimiento político ni crear una jurisdicción especial.

¿Qué condiciones deben cumplir los criminales para acceder a los beneficios penales?

Deben entregar armas y bienes, colaborar con las autoridades identificando rutas del delito y fuentes de financiación, y contribuir a la reparación de las víctimas mediante la liberación de secuestrados y el desminado humanitario.

¿Cuál es el plazo que tiene el Gobierno para lograr la aprobación definitiva de esta ley?

El Ejecutivo cuenta con menos de dos semanas para que el proyecto supere los debates en las plenarias de Senado y Cámara, antes de que la actual ley de orden público pierda su vigencia a comienzos de noviembre.