Denuncia sobre financiación de campaña de Iván Cepeda abre nuevas dudas ante autoridades electorales

La campaña presidencial de Iván Cepeda comenzó a enfrentar cuestionamientos luego de que se conociera una denuncia presentada por el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación.

El documento, según lo reveló un informe de la revista Semana, advierte posibles irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña del candidato del Pacto Histórico y plantea dudas sobre la forma en que fueron reportados algunos recursos ante las autoridades electorales.

Según la información de ese medio colombiano, en el sistema Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral aparecen registrados aportes por más de 700 millones de pesos vinculados al empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez y a la empresa Samat Publicidad S.A.S.

Los registros corresponden a la producción de material propagandístico para la campaña presidencial, incluyendo la impresión de periódicos, hojas volantes, pendones y piezas publicitarias distribuidas durante el proceso electoral interno de la coalición de izquierda.

Empresario niega haber realizado donaciones

La principal controversia surgió luego de que Javier Antonio Pérez Páez negara públicamente haber entregado dinero como aporte político a la campaña de Iván Cepeda.

En declaraciones conocidas en un medio nacional, el empresario afirmó que no realizó donaciones y explicó que el vínculo con la campaña correspondió exclusivamente a la prestación de servicios de impresión mediante un acuerdo de crédito comercial. “No he donado, yo no aporté nada”, señaló Pérez Páez, quien además indicó que el compromiso consistía en recibir el pago posteriormente, una vez la campaña obtuviera recursos derivados de la reposición de votos.

El empresario agregó que lleva más de una década trabajando con el Polo Democrático como proveedor de servicios, aunque aclaró que no participa en actividades políticas. La explicación entregada abrió interrogantes sobre la razón por la cual su nombre y el de su empresa aparecen registrados como aportantes y no como acreedores o proveedores de servicios dentro de los reportes oficiales.

Capacidad financiera y topes electorales

Otro de los aspectos que llamó la atención en el caso es la capacidad financiera de la empresa Samat Publicidad S.A.S.

De acuerdo con el certificado de Cámara de Comercio citado en la denuncia, la compañía tendría un capital registrado de 20 millones de pesos, cifra que contrasta con el monto superior a los 700 millones reportado en la operación relacionada con la campaña.

La situación llevó a que las autoridades deban establecer si la empresa contaba realmente con respaldo económico suficiente para asumir créditos de esa magnitud y cómo se financiaron los procesos de impresión, pagos operativos y proveedores involucrados.

Asesores del Consejo Nacional Electoral señalaron que la Resolución 00200 de 2025 autorizaba a la campaña de Cepeda a invertir hasta 3.040 millones de pesos. Según los informes oficiales, los gastos reportados habrían ascendido a 964 millones.

Además, la campaña habría argumentado que los registros relacionados con Samat Publicidad corresponden a créditos comerciales y no a aportes directos, por lo que no harían parte del cálculo de topes electorales.

Dian y Fiscalía deberán verificar la información

La Dian y la Fiscalía General quedaron a cargo de verificar la información financiera, tributaria y electoral relacionada con el caso.

Las autoridades deberán establecer si existieron inconsistencias en los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral, si hubo errores en la clasificación de los recursos o si eventualmente podrían configurarse irregularidades en la financiación de campaña.

La decisión final sobre el proceso electoral y los reportes financieros quedará en manos de la Sala Plena del CNE, que deberá analizar el expediente una vez avance el calendario presidencial.