Crecen dudas sobre financiación y reporte de gastos en la campaña presidencial de Iván Cepeda

Más de 100 actos públicos sin gastos reportados. La campaña presidencial de Iván Cepeda enfrenta nuevos cuestionamientos luego de conocerse detalles de los reportes financieros entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según los documentos oficiales, la campaña registró ingresos por 15.000 millones de pesos provenientes exclusivamente de créditos bancarios otorgados por la cooperativa financiera Confiar. Los informes fueron firmados por el gerente de campaña, Antonio Javier Peñaloza, y el auditor Juan Carlos Lemus.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que en los reportes oficiales no aparece un solo peso destinado a eventos públicos, pese a que el propio candidato ha destacado reiteradamente la realización de actividades masivas en diferentes regiones del país.

El pasado 8 de mayo, Cepeda aseguró en su cuenta de X haber participado en 106 actos multitudinarios con una asistencia superior a medio millón de personas.

“Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas”, escribió el candidato presidencial.

No obstante, en los informes radicados ante el CNE el rubro correspondiente a eventos públicos figura en cero pesos, situación que abrió interrogantes sobre la financiación logística de dichas actividades.

La mayor parte del gasto se concentró en propaganda

Los documentos oficiales muestran que el principal gasto reportado por la campaña corresponde a propaganda electoral, con una inversión superior a los 1.405 millones de pesos.

Dentro de esos costos aparecen pagos realizados a Casa Editorial El Tiempo por impresión de periódicos y material publicitario. También figuran recursos destinados a You Ticket S.A.S. para avisos y piezas promocionales, además de 15 millones de pesos para la producción de la canción oficial de campaña.

En cuanto a logística y transporte, la campaña reportó gastos cercanos a 387 millones de pesos, incluyendo tiquetes aéreos, distribución de correspondencia y movilización de materiales publicitarios hacia diferentes regiones del país.

Los gastos administrativos sumaron aproximadamente 75 millones de pesos, destinados principalmente al pago de honorarios profesionales y manejo de estrategia digital.

Persisten dudas sobre aportes y créditos reportados

Las preguntas sobre la financiación de la campaña aumentaron luego de revelarse inconsistencias relacionadas con aportes registrados durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada en 2025.

De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por medios nacionales, parte de los recursos reportados inicialmente como donaciones corresponderían realmente a créditos o cuentas por pagar.

Uno de los casos más mencionados involucra a Samat Publicidad S.A.S., empresa de Barranquilla que aparece registrando aportes en especie por más de 609 millones de pesos relacionados con impresión de propaganda electoral.

Sin embargo, posteriormente surgieron versiones según las cuales dichos recursos no habrían sido donaciones sino créditos comerciales pendientes de pago.

También se conoció que Javier Antonio Pérez Páez, relacionado con la misma empresa, negó públicamente haber realizado donaciones directas a la campaña y aseguró que únicamente prestó servicios de impresión financiados mediante acuerdos de pago posteriores.

Debate sobre transparencia electoral vuelve al centro de la campaña

El caso ha provocado nuevas comparaciones con las controversias que rodearon la financiación de campañas políticas anteriores en Colombia, especialmente por las discusiones relacionadas con topes electorales y reportes ante las autoridades.

Sectores políticos y analistas consideran que las inconsistencias entre los eventos realizados y los gastos reportados deben ser aclaradas por las autoridades electorales y los organismos de control.

Por ahora, el equipo de campaña de Iván Cepeda sostiene que todos los recursos utilizados han sido reportados legalmente y que la financiación proviene exclusivamente de créditos bancarios y obligaciones comerciales debidamente registradas.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la DIAN y la Fiscalía continúan recibiendo solicitudes y denuncias relacionadas con la verificación de las cuentas de campaña y la trazabilidad de los recursos utilizados durante la contienda presidencial.

El debate sobre la transparencia en la financiación electoral vuelve así a ocupar un lugar central en la discusión política nacional en plena recta decisiva de la campaña presidencial.