Briceño alertó sobre contratación por $469 mil millones en el MinIgualdad durante su proceso de liquidación

El representante a la Cámara electo por Bogotá, Daniel Briceño, alertó sobre la existencia de decenas de procesos de contratación que, según cifras divulgadas por él mismo, superan los 469 mil millones de pesos. La denuncia surge después de que el Gobierno nacional formalizara la liquidación de la cartera tras el vencimiento del plazo otorgado por la Corte Constitucional para corregir los problemas jurídicos identificados en la ley que dio origen al ministerio.

A través de sus redes sociales, Briceño publicó una relación de procesos contractuales asociados al Ministerio de la Igualdad y Equidad y expresó preocupación por los recursos comprometidos antes de que la entidad iniciara oficialmente su proceso de liquidación. El congresista electo señaló que el monto total registrado asciende a $469.548 millones y pidió atención sobre la destinación de esos recursos en medio del cierre institucional de la cartera.

La advertencia se produce luego de la expedición del Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación del ministerio. La decisión se adoptó después de que concluyera el plazo fijado por la Corte Constitucional para subsanar los vicios de trámite detectados en la creación de la entidad. El término venció con el cierre de la legislatura sin que el Congreso aprobara una nueva iniciativa que corrigiera las observaciones realizadas por el alto tribunal.

Según la información divulgada por Briceño, el componente más significativo corresponde a contratos ya adjudicados. La tabla presentada por el congresista registra 38 procesos por un valor superior a los $430.000 millones. Dentro de esa cifra aparecen 27 convenios que concentran más de $355.000 millones y una invitación cerrada por cerca de $45.790 millones.

Los datos también incluyen 16 procesos que aún se encontraban en curso por más de $25.600 millones. En ese grupo figuran convocatorias abiertas, invitaciones abiertas e invitaciones públicas. Adicionalmente, el informe registra seis procesos declarados fallidos por más de $10.159 millones, un proceso sin adjudicar por más de $1.172 millones y un acuerdo de cofinanciación por $2.525 millones para el que, según la información compartida, no aparecen documentos asociados.

Briceño, quien asumirá su curul en la Cámara de Representantes el próximo 20 de julio, ha centrado buena parte de su actividad pública en el seguimiento a la contratación estatal. Durante los últimos años ha divulgado informes relacionados con entidades del orden nacional y ha realizado denuncias sobre la ejecución de recursos públicos. En las elecciones legislativas de marzo de 2026 obtuvo más de 262.000 votos, convirtiéndose en el candidato individual con la mayor votación para la Cámara de Representantes.

La desaparición del Ministerio de la Igualdad y Equidad se produjo como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley mediante la cual fue creada la entidad. El tribunal encontró irregularidades en el trámite legislativo, entre ellas aspectos relacionados con el análisis del impacto fiscal de la iniciativa. Aunque el Gobierno promovió mecanismos para intentar mantener la cartera, el Congreso no alcanzó a aprobar una nueva ley dentro del plazo establecido.

El ministerio inició funciones durante el gobierno Petro y estuvo encabezado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez. Tras la entrada en vigor del decreto de liquidación, la entidad pasó oficialmente a denominarse Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación. El proceso tendrá una duración inicial de un año y contempla la redistribución de funciones entre otras dependencias del Estado.

La publicación de las cifras de contratación abrió una nueva discusión sobre los compromisos presupuestales adquiridos por la entidad antes de iniciar su cierre administrativo. Mientras avanza el proceso de liquidación, la información divulgada por el representante electo mantiene la atención sobre la ejecución de los recursos y los contratos suscritos durante la etapa final de funcionamiento del ministerio.

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