Grupo de los 38 cuestionó momento procesal de decisión judicial contra Álvaro Uribe y pidió preservar la confianza en la justicia

Un grupo de ciudadanos identificado como el Grupo de los 38 hizo público un pronunciamiento sobre la resolución emitida el pasado 17 de junio de 2026 por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se ordenó la apertura formal de instrucción y la vinculación del expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de diligencia de indagatoria.

En el documento, el colectivo aclaró que no busca anticipar conclusiones sobre el fondo del proceso ni intervenir en la definición judicial del caso, sino expresar inquietudes relacionadas con el momento procesal y el impacto institucional que, según señala, podría generar esta decisión.

“No nos pronunciamos sobre su responsabilidad penal, que corresponde exclusivamente a la justicia, sino sobre las condiciones en que la decisión se adopta y los riesgos que, para la confianza ciudadana, entraña su coincidencia con el cierre de la contienda electoral”, señaló el grupo.

El pronunciamiento recuerda que la apertura de instrucción no constituye una sentencia ni una declaración de culpabilidad y subraya que esta etapa forma parte del procedimiento contemplado en la Ley 600 de 2000.

En ese sentido, el documento sostiene que el procesado mantiene plenamente vigentes las garantías constitucionales y convencionales asociadas al debido proceso.

“La apertura de instrucción no es una condena ni una declaración de responsabilidad penal. Es apenas el acto que inicia la etapa de instrucción (…) y el procesado es vinculado mediante indagatoria y amparado, en todo momento, por la presunción de inocencia”, expresa el texto.

El grupo también planteó observaciones sobre los tiempos del proceso. Según expuso, la investigación tendría antecedentes que se remontan al año 2000 y cuestionó que el inicio formal de la instrucción ocurra después de un periodo prolongado.

A juicio de los firmantes, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable protege tanto al procesado como a las víctimas y a la sociedad.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento se concentra en la coincidencia temporal entre la actuación judicial y el cierre del proceso electoral presidencial.

El Grupo de los 38 sostuvo que la legitimidad institucional depende no solo de la independencia material de las autoridades judiciales, sino también de la percepción ciudadana sobre el ejercicio de esa independencia.

“La confianza en la justicia no depende solo de la independencia real de jueces y fiscales, sino de que resulte creíble ante los ciudadanos, pues las apariencias también cuentan”, indicó.

En el documento también se hace referencia al concepto de lawfare, entendido por los firmantes como el uso del proceso judicial con fines de desgaste o afectación política.

Asimismo, señalaron que previamente habían planteado ante instancias internacionales la necesidad de evitar tanto la instrumentalización política de la justicia como la criminalización de la actividad política.

Otro de los elementos mencionados por el grupo tiene relación con el desarrollo de la investigación y la práctica de pruebas que, según expusieron, aún se encontraban pendientes al momento de adoptarse la decisión de apertura de instrucción.

Sin embargo, el colectivo insistió en que la defensa de garantías procesales no debe interpretarse como una posición favorable a la impunidad.

“El esclarecimiento de hechos graves y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia reclaman una actuación judicial independiente y alejada de cualquier sospecha de cálculo político”, señalaron.

Finalmente, el Grupo de los 38 hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que el proceso avance bajo criterios de transparencia y respeto por el debido proceso.

También pidió a medios de comunicación, actores políticos y ciudadanía mantener la diferencia entre una actuación preliminar y una decisión definitiva.

“Que no conviertan una actuación preliminar en un veredicto anticipado y distingan entre la justicia y el espectáculo”, concluyó el pronunciamiento.