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(OPINIÓN) Voto-fusil: ¿Solo la punta del iceberg? Por: Eduardo Mackenzie

El “voto-fusil” es el tema principal que emerge, en mi opinión, tras el triunfo heroico y espectacular de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo y, sobre todo, de los electores colombianos en las dos vueltas presidenciales.

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(OPINIÓN) Voto-fusil: ¿Solo la punta del iceberg? Por: Eduardo Mackenzie

Aunque marginal a primera vista, ese capítulo de la elección es de enorme importancia. Son hechos documentados aunque incompletos que podrían, sin embargo, exponer bajo una nueva luz la serie de delitos y abusos cometidos por el gobierno de Gustavo Petro desde el comienzo de su mandato en 2022.

En otras palabras, es la bomba atómica contra las ambiciones actuales y futuras del petrismo. La pérdida del poder que esa corriente ha sufrido no quiere decir que la barbarie se transformará de un día para otro en civilización.

Hay ya una lista de 504 puestos de votación en donde los jurados encontraron que casi todos los votos depositados (hasta el 83%) eran por Iván Cepeda. Esa rareza, propia de las dictaduras más viciosas --en donde el ciudadano es obligado por el partido o, como en nuestro caso, por grupos criminales, a votar por un personaje escogido por un poder que quiere seguir atornillado a la Casa de Narino--, podría ser más amplia.

Por el momento, el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación Colombia 2050 afirman que 361.313 votos han sido detectados hasta ahora en regiones de alta peligrosidad, según informes de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) (1). Esas fuentes atestiguan que 200 veedores denuncian “restricciones a la movilidad de la gente, carnetización forzada de poblaciones enteras, exigencia de un ‘certificado de votación’ y amenazas de hacer pagar ‘multas’” a ciertas bandas armadas. Y que ello afecta a 8 departamentos: Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Caquetá, Norte de Santander y 5 subregiones en Antioquia, Sucre, Córdoba, Bolívar y Meta.

¿Estamos ante la punta de un iceberg?

Hay que intensificar la búsqueda de ese perfil de voto-fusil o votación forzada y de candidato único en todos los departamentos, sobre todo en aquellos donde la fuerza pública fue barrida o colocada a la defensiva o sumida en la inercia por decisión del gobierno de Gustavo Petro en beneficio exclusivo de las estructuras narco-subversivas.

Si el voto-fusil apareció como una realidad inocultable en la elección de 2026, es posible que esa misma artimaña haya existido bajo otra forma en la elección de 2022. Solo que nadie ha investigado aquella documentación desde ese ángulo. Es posible que ese tipo de fraude haya sido inventado y ensayado en 2022, para perfeccionarlo en 2026 como un instrumento de robo electoral en una coyuntura vital para el petrismo. Ese sector necesitaba ganar en 2026 para continuar la destrucción del capitalismo en Colombia.

No lo logró. Colombia comprendió que únicamente una enorme avalancha de votos en favor del candidato más recio y determinado a poner fin a ese régimen de extrema izquierda corrupta podría destrozar las trampas invisibles que Petro y sus aliados pusieron para minar esa elección. Gracias sean dadas al Registrador Hernán Penagos Giraldo quien no cedió ante las presiones de Gustavo Petro (affaire del “código fuente” del software de la Registraduría, entre otras presiones), a los testigos electorales de las formaciones de oposición y a los observadores extranjeros que actuaron como testigos en las dos vueltas. Todos ellos dificultaron la aplicación más general de los trucos ilegales. ¿Qué quería hacer Petro con el “código fuente”? ¿Interferir en los sistemas de computación de la Registraduría?

Y viceversa: los métodos empleados por Petro para ganar la elección de 2022 --uso desequilibrado de “testigos” electorales que llegaban en grupos motorizados a objetar los conteos e imponer, a última hora del día electoral, en cientos de mesas de votación, traslados masivos de votos a favor de Petro, quitándoselos, a la vista de todos, a otras formaciones políticas tradicionales.

Nadie debe olvidar que en 2022 vimos, además, la ejecución de un plan avieso no investigado hasta ahora donde varios poderes se concertaron para que Gustavo Petro llegara como candidato único a la segunda vuelta, ya que el candidato rival designado en la primera desertó del campo de lucha en la segunda vuelta.

Desde luego, el voto-fusil de hoy no es el único elemento constitutivo de un intento de robo de la elección presidencial. Otros instrumentos intentaron hacerle creer a la población que Iván Cepeda encarnaba un “proyecto progresista” creíble. Ciertas oficinas de sondeos crearon, desde octubre de 2025, ese espejismo. Cepeda se llevó en uno de esos primeros sondeos un 31% de la preferencia de los consultados, frente a un 18,2% del abogado Abelardo de la Espriella.

Tal relación de fuerzas habría sido aceptable si el gobierno saliente hubiera presentado un balance exitoso. Lo que ocurrió fue lo contrario. ¿Cómo explicar que en el ambiente de repudio al petrismo el senador comunista apareciera como un candidato creíble? Lo que se veía en las calles decía lo contrario.

Desde el comienzo de su mandato, Petro preparó el terreno para consolidar su aventura. Garantizó el control de amplios territorios del Urabá antioqueño, y de otros departamentos, con sus poblaciones y votantes incluidos, a las mafias, sobre todo al Cartel del Golfo, la mayor organización criminal del país, y se comprometió a impedir la acción en esas regiones de la fuerza pública y a frenar la extradición de los cabecillas. Las notables revelaciones del excomisionado de paz Danilo Rueda, a Noticias Caracol, este 24 de junio, muestran que la creación de condiciones para el robo de las elecciones de 2026 había comenzado en septiembre de 2022. “Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados” fue la esencia del mensaje a esa organización armada por el nuevo poder instalado ese año en la Casa de Nariño.

También, con el apoyo de su ministro de Defensa, Iván Velázquez, Petro le ratificó al Cartel del Golfo, en la operación gerenciada por Danilo Rueda, que cesarían los bombardeos de la Fuerza Aérea, que sacarían de esos territorios las fuerzas especiales del Ejército que dificultaban el narcotráfico y que “depurarían” la inteligencia de la Policía Nacional. Ese modelo de traición fue extendido a las bandas reforzadas de las FARC y del ELN. Eso fue la “paz total”.

Gustavo Petro cedió todo lo que el Clan del Golfo, por boca de alias Jerónimo, le exigía, para cumplir, probablemente, el llamado “acuerdo de la Picota”. Es más: les hizo saber que dos semanas antes de ese pacto criminal, el nuevo jefe de Estado había llamado a retiro a 35 generales de las Fuerzas Armadas y a 13 oficiales de inteligencia de la Policía Nacional. Todos ellos eran militares y policías patriotas de alto valor en la lucha contra la insurgencia narco.

Ello hizo que las bandas ampliaran su dominio sobre los territorios nacionales y que la producción de drogas se disparara. Si bien en 2019 había 56.000 hectáreas sembradas de coca, en 2024 esa cifra subió a 114.000 hectáreas. Los mercados de la cocaína en Europa y Estados Unidos fueron inundados (2).

Pocos fueron sorprendidos cuando vimos que la mayor parte de los votos por Iván Cepeda en las dos vueltas venían de lo que la prensa llamó “zonas rojas” bajo la influencia del narcotráfico. Y que los votos obtenidos por Cepeda en la primera vuelta se duplicaron en la segunda, sin explicación, dando una diferencia entre los dos momentos de 1.757.000 votos más. ¿De dónde salieron esos casi dos millones de votos? ¿Si fueron votos reales por que no aparecieron en la primera vuelta? ¿Fueron manipulación de los informes?

La gritería incendiaria de Petro tras el triunfo del 21 de junio de Abelardo de la Espriella, su exigencia de que declaren nula la segunda vuelta —retirada después--, no debe desviarnos del pedido a las autoridades, sobre todo al CNE y a la Registraduría, de que investiguen el fenómeno del voto-fusil y las otras manipulaciones ejercidas por las fuerzas petristas para adulterar los resultados de la elección presidencial.

Lo del voto-fusil y sus variantes muestra la existencia de estructuras fijas de control territorial y de coacción electoral que podrían sobrevivir si no hay un desmantelamiento completo de ese andamiaje poco visible. No hay que olvidar ese tema creyendo que debemos embarcarnos en las disputas que Petro lanza para desvanecer el problema principal.

(1) Ver el excelente artículo de Vanguarda, de Bucaramanga: https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/2026/06/23/elecciones-colombia-2026-denuncian-voto-fusil-y-anomalias-en-504-puestos-de-votacion/#goog_rewarded

(2). A esa lista debemos agregar la macromanipulación del presupuesto nacional para crear, mediante contratos y nombramientos innecesarios, una burocracia militante dispuesta a respaldar la agenda de Petro, como el aumento brutal del salario mínimo legal para hacer un acto de “justicia social” y, de paso, golpear las empresas; el crecimiento de las masacres de campesinos indígenas y afrodescendientes a manos de los grupos de la “paz total”; el asesinato en Bogotá del senador y candidato opositor Miguel Uribe Turbay; el asesinato ulterior de dos responsables del movimiento Defensores de la Patria y del Centro Democrático.

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