(OPINIÓN) ¿Tienes corazón o cerebro? Por: Juan Ortiz

Con los años entendí que aquella frase no era una descalificación a mi compasión, sino una advertencia sobre los peligros del romanticismo político. A los veinte años te enamoras de las promesas. ¿Cómo no hacerlo? Una sociedad sin pobres, sin explotadores, sin privilegios heredados; un mundo en el que cada quien aporte según sus capacidades y reciba según sus necesidades. La desaparición de las clases sociales y, por qué no, la paz definitiva. Es difícil encontrar un corazón noble que no se conmueva ante semejante catálogo de buenas intenciones. El problema aparece cuando los años te demuestran que los que prometen esas ideas son incapaces de realizarlas y, además, no tienen intención real de cumplirlas.

A los veinte años crees que todo conflicto puede resolverse con el diálogo. Los fusiles con flores, los enemigos se abrazan y la guerra termina. Suena hermoso. Pero después de los cuarenta, uno descubre que la búsqueda de la paz es un incentivo perverso porque viola a la justicia. Colombia ha firmado varios acuerdos de desmovilización y, sin embargo, la violencia ha mutado con la obstinación de un virus. El M-19 dejó las armas en 1990; el EPL en 1991; las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006; las FARC firmaron en 2016. Y, aun así, la guerra no desapareció. Cambió de rostro. Se fragmentó. Se atomizó. Las FARC desmovilizaron oficialmente a 13.196 combatientes. Hoy Colombia registra 27.000 integrantes de grupos armados ilegales, la cifra más alta de los últimos años. La promesa de Santos era el fin de la guerra y la realidad fue la multiplicación de sus franquicias. Los armados obtuvieron atención del Estado, interlocución política, subsidios y programas especiales. Los violentos ganan dos veces: cuando toman las armas y cuando las entregan. La paz es una tarjeta de fidelización criminal: después de suficientes delitos, el Estado paga todo al bandido más violento.

La paz sin justicia se parece a esa madre agotada que termina comprándole el dulce al niño que hizo la pataleta en el supermercado. El problema no es el dulce. El problema es la pedagogía. La justicia, desde hace siglos, es representada con una venda en los ojos porque debe ignorar quién es el acusado y limitarse a juzgar qué hizo. La paz le quita la venda y le pide excepciones. Nos inventamos justicias especiales, tratamientos especiales y castigos especiales. En Colombia creamos la JEP bajo la premisa de que sacrificar una parte de la justicia era el precio necesario para alcanzar la paz. Para muchas víctimas ese precio nunca fue consultado. Mientras responsables de secuestros y otros crímenes atroces recibieron derechos políticos y evitaron la prisión, miles de víctimas continúan esperando reparaciones efectivas. Y solo obtuvieron la crónica cínica de cómo les mataron a sus familiares.

¿Qué siente una mujer, reclutada siendo menor de edad, obligada a convivir con sus victimarios y sometida a abusos sexuales, al ver que quienes la reclutaron y violaron ocupan curules en el Congreso? Deisy Guanaro ha señalado públicamente a la hoy senadora Sandra Ramírez, excompañera sentimental de Tirofijo, de haberla vestido para llevarla a abusos sexuales cometidos dentro de las FARC. ¿Qué tipo de paz le estamos ofreciendo a una víctima cuando el Estado le pide resignación mientras ella observa que quienes participaron del horror reciben escoltas, investiduras y micrófonos? La paz sin justicia corre el riesgo de convertirse en una amnesia administrada. Y una sociedad que olvida que el crimen tiene consecuencias termina enseñando que delinquir es una estrategia legal.

El comunismo promete abolir las clases sociales. Y millones de personas abrazan esa esperanza con absoluta sinceridad. Cepeda como Petro promete gobernar para los olvidados, dignificar al pueblo, alcanzar la paz total y transformar las estructuras tradicionales del Estado. El escándalo de corrupción de la UNGRD dejó exdirectivos en prisión, decenas de funcionarios y congresistas bajo investigación y compulsas de copias que alcanzan a altos funcionarios del Gobierno. La promesa de la paz total tampoco resistió el choque con la realidad. El gobierno que iba a acabar la guerrilla no desmovilizó ni a un armado. Ni a uno. Y el daño más profundo es cultural. Petro al retirar las órdenes de captura a cabecillas armados para convertirlos en gestores de paz, enseñó que la violencia es una forma legítima de ascenso social. El crimen no solo dejó de castigarse, sino que se convirtió en una credencial para sentarse a negociar con el Estado.

La confusión moral alcanza niveles desconcertantes cuando las organizaciones criminales transnacionales son descritas como simples expresiones de exclusión social. Petro afirmó recientemente que los miembros del Tren de Aragua son, en esencia, jóvenes excluidos producto de la migración forzada. Reducir a esa categoría a una estructura criminal con presencia en múltiples países, dedicada al secuestro, la extorsión, la trata de personas, el narcotráfico y el asesinato sistemático, supone una peligrosa trivialización del mal. Y delata una complicidad tácita y una apología al delito. El Tren de Aragua no es una pandilla improvisada de adolescentes sin oportunidades. Es una multinacional del delito controlada por adultos que tomaron la decisión racional, perversa, de expandirse por el continente, cuya capacidad para sembrar terror obliga a varios gobiernos a coordinar esfuerzos para combatirla. Cuando Cepeda y Petro miran a los victimarios como víctimas, el Estado corre el riesgo de olvidar a quienes realmente lo son. Una sociedad que confunde la compasión con la impunidad debilita la certeza de que la ley existe para protegerla y contener a quienes deciden quebrantarla.

También está la promesa más seductora de todas: el poder para el pueblo. Como Petro, Cepeda promete que acabará con las castas gobernantes y entregará el destino de la Nación a los trabajadores. Pero Colombia hoy posee una burocracia inmensa: ejércitos de funcionarios y nuevas jerarquías encargadas de interpretar qué es lo que el pueblo quiere, sin dárselo. El problema nunca es entregar el poder al pueblo; el problema es que alguien decide hablar, eternamente, en nombre del pueblo.

Con Petro han pasado por el gobierno sesenta y cinco ministros y ciento treinta y cuatro viceministros, convirtiéndolo en el gabinete más inestable de la historia del país. El gobierno del cambio terminó siendo, literalmente, el gobierno de los cambios de gabinete. En la práctica, el poder del pueblo hoy se expresa en la repartición de notarías, contratos, embajadas y cargos públicos. Donde, curiosamente, nunca hay pueblo. Se promete el gobierno de los ciudadanos y terminamos financiando castas burocráticas cada vez más numerosas. El Estado deja de ser un instrumento para servir a la gente y se convierte en una maquinaria diseñada para reproducirse a sí misma.

Los gobiernos que prometen gobernar para los olvidados suelen terminar atrapados en la lógica más antigua de nuestra política: el clientelismo. Se multiplican los nombramientos, se negocian apoyos burocráticos y se fortalece la dependencia de los ciudadanos con subsidios. El resultado es paradójico: mientras se habla de empoderar al pueblo, el verdadero poder se concentra cada vez más alrededor de una sola figura política. Hoy Petro y mañana Cepeda. Los liderazgos carismáticos se presentan como intérpretes exclusivos de la voluntad popular y cualquier crítica a ellos es descalificada como un ataque contra el pueblo mismo. Y así descubrimos otra ironía de la historia: el pueblo, esa entidad abstracta que aparece en todos los discursos de Petro y Cepeda, nunca gobierna. Lo hacen ellos que aseguran representarlo. El verdadero problema del poder popular es que exige una virtud escasa: la renuncia voluntaria al poder mismo. Y la experiencia demuestra que muy pocos seres humanos llegan a la cima para después bajarse por iniciativa propia. Por eso Petro gasta recursos públicos eligiendo a su heredero.

Y si hoy Cepeda se presenta como heredero político del petrismo, también es legítimo reconocer que es heredero de una tradición ideológica repleta de promesas románticas muy antiguas. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, dirigente del Partido Comunista Colombiano y posteriormente senador de la Unión Patriótica, fue encarcelado en 1964 por actividades revolucionarias. Durante ese período escribió Vencerás Marquetalia, una obra que exaltaba la resistencia armada de las autodefensas campesinas de Marquetalia, precisamente el proceso histórico del que surgirían las FARC ese mismo año. La historia política está llena de revolucionarios dispuestos a gobernar en nombre del pueblo. Lo que no existe son revolucionarios dispuestos a devolverle al pueblo el poder una vez lo han conquistado.

Eso era lo que mi profesor intentaba decirme hace tantos años. Tener corazón consiste en indignarse frente a la injusticia. Pero tener cerebro consiste en desconfiar de quienes prometen erradicarla, concediéndole a unos pocos el derecho de decidir sobre la vida, la libertad y la dignidad de los demás. Los ideales son necesarios. Sin ellos nos resignaríamos a un mundo miserable. Pero también son peligrosos cuando dejamos de examinarlos a la luz de sus consecuencias. Porque la historia está llena de hombres que quisieron salvar a la humanidad. Y demasiadas veces terminaron creyendo que, para hacerlo, primero debían imponerse sobre ella.

A los veinte años, el romanticismo político es comprensible. El corazón todavía no ha sido desmentido suficientes veces por los hechos. Pero llegar a los cuarenta, a los cincuenta o a los sesenta insistiendo en que las mismas ideas, aplicadas por los mismos métodos y administradas por la misma naturaleza humana producirán ahora un resultado diferente, ya no es ingenuidad. Es ignorancia. Y la ignorancia tiene una desagradable consecuencia: nunca la paga quien la predica. La terminan pagando los pueblos que deciden votar por ella, creyendo erróneamente que las ideas románticas pueden ser realidades ciertas.