(OPINIÓN) Nos tocó votar por el tigre. Por: Sandra Callejas

El pasado lunes 1 de junio les había dicho a mis amigos que votaría por «El Tigre», pero que definitivamente no me veía haciendo campaña. Sin embargo, tres doritos después y tras conversar con muchas personas sobre el rumbo de las elecciones, entendí que es imposible no reaccionar y quedarnos con las manos quietas. Lo que está en juego, tal como lo ha advertido el profesor Gaona, es la supervivencia misma de nuestra democracia. En este escenario, el eje más polémico y la verdadera línea roja es la defensa de la institucionalidad frente al proyecto que encarna Iván Cepeda. Existen cuatro dudas fundamentales sobre sus propuestas y sus formas, siendo la amenaza al orden institucional la que más nos afecta.

El escudo de la institucionalidad frente al autoritarismo

La institucionalidad es el único escudo que nos garantiza que los individuos en el poder no caigan en el autoritarismo. Su función es asegurar que los organismos, las reglas y las leyes del Estado operen libres de ideologías. Por eso, resulta alarmante la facilidad con la que Iván Cepeda juega con las reglas del juego: tras meses de promover una Asamblea Nacional Constituyente que amenazaba directamente la estabilidad jurídica de la Constitución de 1991, ahora pretende desmontarla a conveniencia de cara a la segunda vuelta. Este calculado giro al centro no es un acto de grandeza; es un camuflaje político que destruye su propia coherencia. Es paradójico que lo que ayer era su bandera principal para refundar el Estado, hoy sea desechable por mero cálculo electoral.

Además, el país tiene memoria fresca y recuerda el antecedente del mármol: promesas idénticas de respeto constitucional grabadas en piedra que terminaron hechas trizas desde el poder. Modificar o engavetar la defensa de la Carta Política según sople el viento de las encuestas demuestra que para ellos las instituciones no son un límite sagrado, sino un obstáculo maleable. Intentan calmar las aguas diciendo que respetarán el primer artículo constitucional, pero el riesgo de debilitar a la Corte Constitucional y reducir la separación de poderes sigue latente bajo la mesa. ¿Cómo confiar la estabilidad de la República a un proyecto que cambia de principios constitucionales con tanta facilidad?

El retiro de la Constituyente no solo desborda cinismo; deja al descubierto la inviabilidad técnica de su proyecto. Al engavetar su bandera principal, las cientos de páginas del plan de gobierno de Cepeda se convirtieron instantáneamente en un cascarón vacío y sin sustento legal. Sin el atajo de la Constituyente, sus reformas radicales no tienen viabilidad en el Congreso tradicional. Esto demuestra que el Pacto Histórico prefiere traicionar la consigna con la que ilusionó a sus millones de votantes en primera vuelta, con tal de camuflar un programa que nació muerto y cuyo único fin real es la perpetuación del poder por encima de las certezas que el país exige. Esta voltereta política me termina de confirmar la más profunda desconfianza: el plan de gobierno de Iván Cepeda jamás estuvo respaldado por un sustento técnico real, sino por un dogma puramente ideológico. Un proyecto serio no improvisa las bases del Estado según sople el viento de la conveniencia electoral. Si cambiaron su principal bandera con tanta ligereza, queda claro que sus propuestas no ofrecen ninguna certeza jurídica, sino un salto al vacío institucional.

Para muestra del poco respeto que le tienen a la institucionalidad, basta con mirar cómo el jefe de debate de Cepeda parece ser el propio Gustavo Petro. Desde la dignidad de su cargo, la Constitución le prohíbe de forma tajante participar en política, pero prefiere romper las reglas institucionales con tal de mantener el poder. De igual manera ocurre con la propuesta del denominado Acuerdo Nacional Vinculante. Si el actual gobierno ya ha tenido profundas dificultades para tramitar sus reformas en el Congreso respetando los contrapesos democráticos, cabe preguntarse: ¿un Acuerdo Nacional Vinculante no corre el riesgo latente de convertirse en un mecanismo para imponer decisiones y gobernar por encima de las instituciones legislativas tradicionales? Aquí concuerdo plenamente con la postura histórica de Sergio Fajardo: el problema de Colombia jamás ha sido la Constitución de 1991, sino su mala aplicación, la falta de voluntad política y las garras de la corrupción que desangran al Estado.

El colapso de la salud y la incertidumbre económica

En el plano de las propuestas sectoriales, centralizar el manejo de los recursos de la salud en el Estado cuando la administración pública ha sido históricamente corrupta no es una solución. El proyecto de Cepeda plantea cómo acceder a los dineros, pero no ofrece salidas reales para los ciudadanos en una crisis reflejada en el déficit acumulado del sector salud, que supera los 15.8 billones de pesos, y unas deudas en hospitales públicos que escalan a los 16.28 billones de pesos según alertas de la Contraloría General de la República. Esta situación nos tienee hoy con escasez de medicamentos esenciales y demoras críticas en la atención oportuna. No existe evidencia de eficiencia histórica en las administraciones estatales de estos regímenes. Si el Estado toma el control absoluto eliminando el rol financiero de las EPS, ¿cómo se garantizará que la burocracia no sea más ineficiente y propensa a la corrupción local que el sistema mixto actual?

En materia económica, nos hablan mucho de redistribuir el ingreso, pero cabe preguntarse: ¿Cuál ingreso? Para que exista un ingreso real, primero hay que generar riqueza; si la torta crece, habrá oportunidades, empleo y acceso genuino para todos. El modelo planteado por Cepeda carece de fundamentación técnica y se sostiene únicamente sobre una ideología que ignora cómo funciona la producción, pretendiendo distribuir la pobreza y frenar el desarrollo. El escenario más probable de este sesgo es terminar calcando los destructivos espejos económicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en lugar de impulsar el emprendimiento en un país donde la informalidad laboral ronda el 56% de la población activa. Hablan de crear un "Banco del Pueblo" para otorgar créditos condonables, pero no explican la sostenibilidad financiera de esa entidad a largo plazo sin que dependa de emitir más dinero o de asfixiar con más impuestos a los ciudadanos que intentan sostener al país, especialmente cuando el recaudo bruto oficial ya supera los 294.5 billones de pesos.

Sostenibilidad, propiedad privada y el costo del sesgo ideológico

El proyecto del Pacto Histórico también pone bajo amenaza la propiedad privada mediante su enfoque de reforma agraria. Bajo sus narrativas actuales, nos han querido imponer la idea de que si una persona tiene más de una casa, eso ya es “injusto”. Lo que es verdaderamente injusto es que la gente trabaje toda su vida por lo suyo y pretendan quitárselo. Mis abuelos fueron trabajadores independientes de clase media aspiracional. Toda la vida dependieron de su propio esfuerzo, no cotizaron a un fondo y no tuvieron una pensión. El ahorro de sus vidas se materializó en unas casas cuyos arriendos les permitieron vivir con dignidad y sostenerse en su vejez. Atacar ese patrimonio es atacar el esfuerzo de las familias colombianas.

Finalmente, si pensamos en los programas sociales que prometen, es inevitable cuestionar de dónde se van a financiar si no es con más impuestos, especialmente cuando sus propuestas restringen drásticamente la extracción de petróleo y la minería. No podemos olvidar que el sector minero-energético aporta históricamente entre el 5% y el 25% de los ingresos totales del Gobierno Central, representa el 36% de las exportaciones del país y la minería por sí sola aporta cerca del 1.6% del PIB nacional. Y no se trata de irresponsabilidad ambiental; soy partícipe de la sostenibilidad, y por eso considero que el fracking debe verse como una alternativa viable si se ejecuta bajo estrictas regulaciones científicas y de monitoreo que minimicen los riesgos.

Hoy, sin embargo, el debate se ha ideologizado y las decisiones políticas han frenado por completo el otorgamiento de nuevas licencias de exploración de hidrocarburos. Esta parálisis contractual es la verdadera responsable del acelerado déficit de gas que enfrenta el país con proyecciones de escasez de suministro superiores al 39%, obligándonos a depender de la importación desde Venezuela para evitar un desabastecimiento. Convirtieron la soberanía energética en un negocio regalado al régimen vecino, generando sobrecostos absurdos en las facturas que pagamos todos los colombianos y acentuando, de forma irónica, la brecha social que dicen combatir.

Seguridad y la mentira de la Paz Total

El cuarto y último bloque de mis preocupaciones estructurales se centra en la seguridad. A mí la mentira de la Paz Total, que más parece la impunidad total, que me la empaquen; ese proyecto se ha convertido en otro flagrante atentado contra la democracia y la separación de poderes. A través de la Paz Total se pretende sobreponer una decisión de conveniencia del Poder Ejecutivo por encima de la justicia penal y de los jueces de la República, vulnerando gravemente el equilibrio institucional. El descaro llega al punto de utilizar la figura presidencial para nombrar gestores de paz con el único objetivo de sacar delincuentes de las cárceles y evadir la acción de la justicia ordinaria. Este proyecto significa impunidad absoluta, falta de institucionalidad y el quiebre definitivo de la independencia judicial. Como píldora para la memoria colectiva, no podemos olvidar las tomas y la violencia que padecimos en el Atrato, ni que bajo el paraguas de esa supuesta estrategia terminaron asesinando trágicamente a Miguel Uribe Turbay.

Hoy, las zonas del país que sufren un mayor control político por parte de quienes comparten la ideología de Cepeda coinciden exactamente con las regiones más cocaleras del territorio, donde lo único que abunda es la falta de presencia militar y el abandono de la Fuerza Pública. Si el proyecto del Pacto Histórico pretende una desmilitarización total y el repliegue de los soldados, ¿cómo se les van a dar garantías de vida a los campesinos y productores que hoy están siendo constantemente extorsionados por los grupos criminales? Entregar el territorio no es pacificarlo.

Una cita con la historia

Por todo esto, la indecisión o la indiferencia ya no son opciones válidas. Las cartas están sobre la mesa y el futuro de nuestra República nos exige tomar partido con determinación. No se trata de buscar al candidato perfecto, sino de elegir el único camino que blinda nuestras leyes, protege la propiedad privada y garantiza el orden público. Los palomos, oviedistas y fajardistas entendemos que el cuidado de las instituciones está por encima de cualquier simpatía individual.

Con la firmeza constitucional de Abelardo y la gestión sensata, técnica y equilibrada de José Manuel en la vicepresidencia, asumimos este compromiso con el país. Este 21 de junio le ponemos freno a la incertidumbre ideológica. Primero está Colombia.

Mi nombre es Sandra Callejas y mi voto es por la democracia.