(OPINIÓN) La trampa del racionamiento: Cuando el agua sobra y la política falla. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

La narrativa oficial ya prepara el terreno: los gobernantes culparán al fenómeno de el Niño y dirán que los colombianos no fueron capaces de ahorrar suficiente energía. Como nunca serán los responsables de no hacer nada, ya decretaron los castigos para los «despilfarradores» con aumentos desmedidos en las tarifas del servicio. Increíble que en ciudades con temperaturas que pueden llegar a los 45 °C, la solución que brindan los mandatarios sea apagar los ventiladores y aires acondicionados para ayudarle al sistema; al fin y al cabo, desde una oficina climatizada en Bogotá pagada con impuestos no se siente el fenómeno.

Lo advertía Milton Friedman: «Cuando tú te equivocas gastando tu dinero, sufres las consecuencias; cuando un político se equivoca gastando tu dinero, tú sufres las consecuencias y él te manda la cuenta».

El consumo per cápita de energía es uno de los indicadores más sólidos para medir el verdadero desarrollo de una nación. La electricidad es el motor transversal de la productividad y la industrialización; garantiza el acceso a alimentos frescos, medicinas y educación; transforma la calidad de vida mediante la climatización de los hogares y sostiene la esperanza de vida.

Sin embargo, las cifras consolidadas por la Agencia Internacional de Energía y Ember para los años 2023 y 2024 exponen la crudeza de la realidad colombiana frente a los otros 37 miembros de la OCDE.

En la cima del mundo, Islandia lidera con 52.000 kWh al año por habitante, seguida por Noruega (27.000 kWh) y Canadá (16.000 kWh). Estados Unidos ocupa el sexto lugar con 13.000 kWh; Corea del Sur el séptimo con 12.500 kWh; Australia el noveno con 10.500 kWh y Japón el decimotercero con 8.000 kWh.

En la mitad de la tabla aparecen las naciones europeas que, obsesionadas con la agenda climática, iniciaron el cierre sistemático de sus centrales nucleares. Esta decisión condujo al Viejo Continente a episodios trágicos en veranos recientes, cuando países como Alemania registraron más de 16.000 muertes asociadas a olas de calor por la falta de infraestructura de climatización. Bélgica consume 7.800 kWh; Francia 7.300 kWh; Países Bajos 6.800 kWh; Alemania 6.400 kWh y España 5.900 kWh.

En el fondo de la tabla figuran los latinoamericanos: Chile ocupa el puesto 31 con 4.600 kWh; México el 35 con 2.800 kWh; Costa Rica el 36 con 2.600 kWh; y en el último lugar de toda la OCDE aparece Colombia, con un lamentable consumo de apenas 1.900 kWh per cápita al año.

Generar bienes y servicios exige una infraestructura eléctrica robusta y confiable. Los ciudadanos merecen la tranquilidad de que sus alimentos no se dañarán ni sus electrodomésticos se quemarán por fluctuaciones de voltaje. Escuelas, hospitales, industrias y organismos de seguridad necesitan un flujo constante para operar. Colombia habita un mundo absolutamente dependiente de la electricidad, pero la negligencia de una clase política incapaz de dimensionar el futuro amenaza con paralizar al país en los próximos meses. Lo peor de todo es que esta situación será recurrente y cada vez más frecuente si no se despierta del letargo globalista y se piensa en las bondades que tiene el país.

La paradoja es indignante 

Colombia es el primer país del mundo en promedio anual de lluvia, triplicando la media global. Esa ventaja natural, combinada con su topografía montañosa, permitió construir un sistema basado en grandes hidroeléctricas que hoy suministran cerca del 70% de la energía nacional.

Pero en el país donde el agua cae del cielo y la gravedad es el combustible ideal, los «padres de la patria» promulgaron la Ley 1715 de 2014. Bajo el pretexto de promover la transición energética —como si la lluvia y la fuerza de la gravedad no fueran renovables—, circunscribieron los subsidios e incentivos tributarios a las Fuentes No Convencionales (FNCER): solar, eólica, geotérmica, biomasa y pequeñas centrales. Así, el Estado volcó sus recursos hacia estas alternativas, castigando y marginando a las grandes centrales que sostenían —y aún sostienen— la columna vertebral del país.

A esta miopía legislativa se sumó un cerco regulatorio e ideológico proveniente de cuatro frentes:

1. Consulta previa: La ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1991 convirtió la consulta previa en un trámite que, lejos de articular desarrollo y comunidad, derivó en sobrecostos, incertidumbre jurídica y dilaciones que hicieron inviables los grandes proyectos.

2. Trabas ambientales: Marcos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994), el Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017) o el Acuerdo de Escazú (2019) impusieron exigencias desproporcionadas, como la medición de emisiones indirectas por biomasa sumergida, paralizando cualquier iniciativa de gran escala.

3. El sello IHA/SECO: En 2021, el Ministerio de Minas y el gremio Acolgen acogieron el Estándar de Sostenibilidad Hidroeléctrica promovido desde Europa. Esta normativa desaconsejó las grandes represas y cerró las llaves del financiamiento de la banca internacional.

4. El trauma de Hidroituango: La contingencia de 2018 disparó los costos de pólizas y financiación, ahuyentando definitivamente la inversión privada en el sector.

Fueron decisiones políticas las que destruyeron la ventaja competitiva de Colombia para producir energía limpia, estable y económica a largo plazo. Una responsabilidad que recae de manera directa en el expresidente Iván Duque por la consolidación de estas medidas. La prueba del estancamiento es contundente: desde 2011 no se firma el inicio de una sola gran central hidroeléctrica en el país.

Gracias a esas medidas adoptadas por los gobernantes, se suspendieron o archivaron iniciativas más que suficientes para suplir la necesidad actual y futura:

· Porce IV: Capacidad de 0,4 GW (400 MW).

· Plan Maestro del Río Cauca: Capacidad proyectada de 7,0 GW.

· Quimbo II: Capacidad proyectada de 0,3 GW (300 MW).

· Cañafisto: Capacidad proyectada de 1,0 GW (1.000 MW).

Proyectos vitales se quedaron en un escritorio a la espera de una licencia o permiso que nunca llegaron.

Quienes pretenden reemplazar el modelo hidroeléctrico con granjas solares desconocen la escala del problema. Para equiparar la producción de una central como Hidroituango (2,4 GW), se requeriría instalar 25 millones de paneles solares sobre 240 kilómetros cuadrados. Es decir, habría que cubrir de celdas oscuras una extensión superior a toda la zona urbana y gran parte del sector rural del municipio de Medellín (380 km), enfrentando además el grave impacto ambiental de la degradación del suelo y el reemplazo de paneles oxidados cada diez años. La energía solar simplemente no ofrece la firmeza ni la densidad de la hidroelectricidad.

Plantas como El Charquito (inaugurada en 1900), Piedras Blancas (1921) o La Ínsula (1944) siguen operando hoy y demuestran que la infraestructura hídrica es una inversión centenaria. Renunciar a esta fortaleza para abrazar modas e imposiciones traídas de Europa es un acto de sumisión geopolítica.

Los países desarrollados entienden muy bien que restringir el acceso a la energía es la forma más eficaz de mantener al mundo en desarrollo bajo control. Prefieren que los países pobres sean solo proveedores de materias primas y no competidores industriales. La oscuridad que se avecina no será un accidente de la naturaleza, sino el recordatorio de lo que ocurre cuando un país renuncia a su soberanía energética por montarse a una moda importada.

Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.