(OPINIÓN) La toga prestada. Por: Carolina Restrepo Cañavera

La juez Heredia, quien condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe, en primera instancia, no había superado los concursos de méritos exigidos por ley para ejercer como juez penal del circuito. No una, sino tres veces.
Fue nombrada en provisionalidad, y su encargo se venció. A pesar de eso, se mantuvo en el cargo. Y fue ella quien firmó la sentencia.

El artículo 29 de la Constitución Política es claro: toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente, imparcial y legítimamente designado. Y la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, exige haber superado el concurso de méritos para ser inscrito en el registro de elegibles. Si esto no se cumple, el nombramiento es ilegal, y la sentencia, nula de pleno derecho. Porque el juez natural no es el que se acomode al momento, ni el que le convenga al poder de turno. Es el que la ley establece.

Lo que está ocurriendo en Colombia es una ruptura del Estado de Derecho por vía del resentimiento.
No se trata de diferencias ideológicas. Se trata de una ofensiva política con disfraz judicial, liderada por personajes como Iván Cepeda y Eduardo Montealegre, y orquestada desde los hilos de la persecución. El problema no es que sean adversarios del expresidente Uribe. El problema es que su sed de revancha los inhabilita para ejercer la justicia con dignidad y equilibrio.

Porque un Ministro no puede actuar con rabia. Y una juez no puede dictar sentencia si no tiene la investidura para hacerlo. Eso no es justicia. Eso es abuso de poder.

Colombia merece saber la verdad. Y aunque hoy muchos celebren una decisión viciada, sin competencia ni legalidad, la historia pondrá las cosas en su sitio. Porque hoy todo se sabe, todo queda registrado, todo está a la vista. Ya no es posible ocultar una cadena de irregularidades como si nada.

La CIDH ha advertido que mantener jueces en provisionalidad sin concurso vulnera el debido proceso. Y este no es un detalle técnico: es la base misma de la justicia legítima.

Las consecuencias para la juez Heredia, para Eduardo Montealegre, para el senador Iván Cepeda y para el abogado Miguel Ángel del Río serán graves si se demuestra como ya empieza a demostrarse, la manera como actuaron. Porque ahí no solo se trata de un posible prevaricato, sino del uso de la justicia como arma política, de la coordinación extraprocesal de versiones, de la manipulación de pruebas y de la utilización sistemática del aparato judicial con fines personales y de poder.

Y si Colombia no empieza a castigar eso, entonces no tendremos derecho a llamarnos república. Porque una república se sostiene en el imperio de la ley, no en el abuso del poder. Una república no puede permitir que quienes están llamados a administrar justicia se conviertan en verdugos de sus adversarios. El país debe despertar. Porque si dejamos pasar esto, mañana nos puede pasar a todos.

No se puede condenar a nadie, ni siquiera al mayor símbolo de una corriente política, con las reglas rotas, la toga prestada y la mano temblorosa por el odio.

Esto que han hecho no es una victoria jurídica. Es la prueba de que están dispuestos a sacrificar los cimientos de la república por la necesidad de cobrar una factura política. Pero se equivocan quienes creen que pueden hacerlo sin consecuencias. La verdad no desaparece porque la escondan detrás de un fallo.

La verdad espera.

Y cuando sale a la luz, no hay tinta suficiente para volverla a tapar.