(OPINIÓN) Las prioridades nacionales del nuevo gobierno. Por: Juan José Gómez
Estamos a punto de terminar con ese trago amargo que nos tocó apurar desde el 7 de agosto de 2022 con la posesión de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la República.
Queda para la historia de los dolores nacionales esa presidencia caótica y vergonzosa que ha sufrido nuestro país y que deberá constituir para los colombianos razonables una amarga lección de lo que es el desgobierno de un país, expresado por una jefatura de estado pervertida por la retaliación y la ignorancia; una jefatura de gobierno podrida por la más repugnante corrupción; una dignidad presidencial mancillada por la más grosera chabacanería, y una advertencia memorable de lo que es una elección equivocada cuando a ella concurren jóvenes maleables seducidos por falsas promesas; adultos crédulos que se dejan convencer por argumentos envenenados que ofrecen cambios y que efectivamente los generan pero para empeorar lo que de por sí ya es defectuoso, y el colmo de las desgracias electores zurdos que intuyen lo que va a ocurrir pero no obstante lo auspician con sus votos porque son fieles a una doctrina política que proclama el socialismo radical, el estatismo integral, los gobiernos autoritarios y el uso de “todas las formas de lucha”.
Gracias sean dadas a Dios Todopoderoso por haber permitido que, en nuestra Colombia, como viene sucediendo en muchos países americanos y europeos, la derecha política se imponga en la elección de gobernantes y legisladores merced a un movimiento pendular causado por una izquierda cada vez más desacreditada y por una derecha que como en el caso colombiano ofrece libertad dentro del orden.
Abelardo De la Espriella, el presidente electo de Colombia, ha sido escogido por una mayoría de opinión nacional que hubiera podido ser muy grande si solo se hubiera expresado con normalidad por los cauces institucionales, pero que en la pasada campaña se vio limitada por la ilegal intervención del gobierno nacional comenzando por el propio presidente Petro que al amparo de la alcahuetería de la Comisión de Absoluciones participó visiblemente y con todo descaro en ella so pretexto de defender su obra de gobierno (como si realmente hubiera mucho que mostrar), por los votos forzados de servidores públicos y contratistas y por los votos-fusil emitidos por los indefensos habitantes de muchos municipios colombianos donde los grupos terroristas son amos y señores y no hay presencia de las fuerzas del estado en cumplimiento de pactos celebrados por el gobierno y la subversión.
Se ha dicho que el presidente De la Espriella tiene listos y fechados el 8 de agosto próximo varios decretos que en términos generales disponen un retorno a la normalidad institucional colombiana alterada durante 4 años de desgobierno del Pacto Histórico. Si esto es verdad y ojalá que así sea, es deseable que hagan parte de esas manifestaciones de autoridad los que correspondan a dos temas de urgencia manifiesta porque son los que en la actualidad más perjuicios están causando a la población colombiana, tanto de aquellos que en la pasada campaña votamos por Abelardo como los de quienes lo hicieron por su oponente. Se trata de la seguridad y de la salud pública.
Como en los peores tiempos de la violencia desencadenada, en los días que corren hay muchos territorios que están dominados por las fuerzas criminales de grupos de matones enseñoreados de la vida de pacíficos habitantes que tienen que pedir permiso a sus captores para los más elementales movimientos de una existencia normal. Ocupan varias zonas al sur del país, en el litoral Pacífico y en otros territorios municipales de otros departamentos y disfrutan de inmunidad e impunidad garantizadas por el poder central.
Simultáneamente reina en el país una grave limitación de servicios médicos esenciales y de entrega a pacientes de medicamentos indispensables para la vida, todo ello por parte de las EPSs que hasta el desgobierno de Petro y su ministro Jaramillo, junto con la Superintendencia Nacional de Salud funcionaban más que aceptablemente y ocupaban un lugar privilegiado entre los mejores sistemas de salud pública en el mundo.
Pero vino la presidencia de Gustavo Petro y con ella un rechazo de origen marxista por el sector privado y de irracional confianza en el estatismo, que en materia de salud se manifestó por el odio a los laboratorios médicos y empresas proveedoras de salud, con el absurdo pretexto de que eran un negocio más que un servicio, por lo cual debería estar a cargo del Estado, o sea del gobierno presidido por él.
Dicho y hecho. Se inventó un gesto descendente acompañado de tres ruidos que sonaban como shu shu shu y con él, por intermedio del Ministerio de Salud, de la Superintendencia del ramo y de ADRES, la entidad que maneja los fondos de salud, procedió acabar con varias EPS y a asfixiar el sistema por lo económico hasta que lo logró, con lo cual se ha presentado en el país una crisis de salud que ya lleva varios meses, ha agravado la enfermedad de muchos pacientes y ha causado muertes que hubieran podido ser evitadas.
De manera que aun admitiendo que el país tiene graves falencias en materia de economía, de empleo, de educación, de política exterior y de cientos de temas de indudable importancia, es la seguridad y la salud los que menos espera dan y por eso abrigamos el anhelo de que sean los primeros atendidos por el nuevo gobierno, con lo cual comenzaría a verse realizada la esperanza de la Patria-Milagro.
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