(OPINIÓN) La policrisis como herencia. Por: Rafael Nieto Loaiza

El homicidio, de 13.341 en 2022 a 14.780. En todos los casos, son los datos peores en tres lustros. El narcotráfico, más boyante que nunca. Para fin de 2024, 261.000 hectáreas de coca y 3.005 toneladas de cocaína producidas, las peores cifras en la historia. Los números de 2025, ocultos por orden de la Presidencia, no serán mejores. Mientras tanto, la Fuerza Pública en los huesos y los grupos criminales fortalecidos a niveles previos al pacto con las Farc. Crecieron de 15.120 miembros en 2022 a superar los 27.000 a finales de 2025. Y hoy hacen presencia en cerca de la mitad de los municipios del país, 518, un 36% más que en el 22. La política de “paz total”, un desastre absoluto que maniató a militares y policías, permitió que los jefes de los bandidos recuperaran su libertad y sus grupos siguieran delinquiendo con total impunidad, y no consiguió que ni un solo bandido se desmovilizara.

En economía, el panorama es también muy malo. La deuda pública del Gobierno Nacional Central pasó de $804 billones en agosto de 2022 a $1.167 billones a mitad de 2026, un aumento nominal cercano a $363 billones, alcanzando el 60,5% del PIB. El déficit fiscal está en el orden del 6,5%, el peor de nuestra historia excepto el de la pandemia. La inflación interanual a junio, el 6,14, es la peor del siglo. La informalidad es del 57%, es decir, apenas dos de cada cinco colombianos tiene empleo formal, cotiza para pensión y hace aportes a la salud. Petro reventó la principal fuente de ingresos del país, el sector minero energético. Solo en mayo la caída del volumen exportado de crudo fue del 18%. La caída de las utilidades de Ecopetrol fue brutal. Pasaron de un récord histórico de $33,4 billones de pesos en 2022 a $9 billones en 2025. El sector agrícola apenas sobrevive, azotado por la combinación del incremento de costos en mano de obra por el aumento arbitrario del salario mínimo y la revaluación del peso. Y como si fuera poco, estamos al borde de un apagón devastador para la economía nacional.

En materia de corrupción, el panorama es aún más grave. Corrupción ha habido antes, pero nunca en la magnitud y profundidad de ahora. El expolio de la cosa pública ha sido sistemático, descarado, extendido a toda la administración pública. El hermano, la mujer, el hijo, untados hasta el cogote. Sus compadres del M19 y los oportunos cómplices de otros partidos. Los principales ministros. Cobra el director del DAPRE y los de otros departamentos administrativos, los tesoreros, los pagadores. Exigen coima quienes adjudican contratos y quienes después verifican su cumplimiento. Putrefacción extendida a cada rama, a cada entidad, a cada rincón. Voraces, insaciables, buscando plata debajo de las piedras para meterle mano. Y después de perder las elecciones, desesperados en su afán. Ansiosos por que se les fuera la oportunidad, querían contratar hasta los fines de semana.

No es mejor la salud de la política, en el sentido más integral de la palabra. El deterioro de la calidad de la administración pública es descomunal. Barrieron con la burocracia técnica y experimentada, cambiaron manuales para nombrar incompetentes e ignorantes para nombrar solo leales, aumentaron descomunalmente la nómina pública y contrataron por cientos de miles inútiles prestaciones de servicios. Atacaron las otras ramas del poder público, su autonomía e independencia, sin descanso. Le pusieron una diana en el pecho a sus contradictores. A algunos, como a Miguel, los asesinaron. Se aliaron con los grupos criminales para ganar las elecciones. Se arrogaron la voz del pueblo, como si pueblo fuera solo el que a ellos votaba y no el resto de los colombianos. Sabotearon la Constitución del 91 como la representación del acuerdo fundamental entre los colombianos. La degradación democrática es palpable.

Pero se van. Y al menos por ahora, cesa la horrible noche. La responsabilidad de De la Espriella es monumental.