(OPINIÓN) La oposición y las veedurías: ¿Cuándo serán verdaderos protagonistas? Por: John Jairo Llano Cano

Lamentablemente, en Colombia pareciera haberse impuesto una idea equivocada: que hacer oposición es obstaculizar la gestión pública y que ejercer una veeduría ciudadana es convertirse en enemigo de los gobernantes. Nada más distante del verdadero espíritu de nuestra Constitución y de la legislación vigente.

La oposición política fue desarrollada mediante la Ley Estatutaria 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición, que garantiza derechos a quienes no comparten el programa del gobierno elegido democráticamente. No se trata de una licencia para destruir políticamente al adversario ni para bloquear toda iniciativa gubernamental. Su finalidad es ejercer control político, presentar alternativas, debatir con argumentos y ofrecer a los ciudadanos opciones diferentes de gobierno.

De igual manera, la Ley 850 de 2003, que regula las veedurías ciudadanas, tampoco fue concebida para perseguir funcionarios ni para paralizar la administración pública. Su razón de ser consiste en permitir que los ciudadanos vigilen la gestión pública, la contratación estatal, la inversión de los recursos públicos y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos destinados al bienestar colectivo.

Ambas figuras nacieron para fortalecer la democracia y combatir la corrupción, no para alimentar la polarización que hoy divide al país.

Colombia enfrenta uno de los momentos de mayor confrontación política de su historia reciente. Gobierno y oposición parecen librar una batalla permanente donde cada decisión es interpretada desde la conveniencia electoral y no desde el interés nacional. Mientras tanto, muchos veedores ciudadanos son vistos con sospecha, señalados como enemigos del desarrollo o acusados de querer impedir la ejecución de los planes de desarrollo municipales, distritales, departamentales y nacionales.

Sin embargo, la verdadera oposición no busca que un gobierno fracase. Busca que gobierne mejor. La verdadera veeduría no pretende detener las obras públicas. Busca que se ejecuten con transparencia, eficiencia, oportunidad y calidad.

Cuando estas herramientas funcionan adecuadamente, toda la sociedad gana. Se optimizan los recursos públicos, disminuyen los riesgos de corrupción, se corrigen errores administrativos y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

Recientemente ha resurgido el debate sobre la conformación de un denominado "Gabinete en la Sombra", expresión tomada del sistema parlamentario británico, donde desde hace más de un siglo la oposición organiza equipos de trabajo que hacen seguimiento permanente a cada ministerio y presentan propuestas alternativas de gobierno.

En Colombia esta idea no es nueva. Durante el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, cuando todos los ministros pertenecían al Partido Liberal, el dirigente conservador J. Emilio Valderrama promovió un ejercicio inspirado en el modelo británico, buscando que la oposición contara con voceros especializados para analizar las decisiones gubernamentales y formular propuestas desde una visión alternativa.

Hoy, la sola mención de un "Gabinete Paralelo", "Gabinete en la Sombra", "Gabinete Alternativo" o "Gabinete Virtual" ha despertado toda clase de críticas y descalificaciones, incluso antes de conocerse con claridad sus objetivos, metodología o alcances.

 Quizás ello demuestra que nuestra cultura democrática aún tiene un largo camino por recorrer.

Un ejercicio de esta naturaleza solamente tendría sentido si estuviera integrado por personas de reconocida idoneidad, independencia, solvencia ética y preparación técnica; ciudadanos capaces de investigar con rigor, analizar políticas públicas, evaluar resultados y formular propuestas serias para mejorar la administración del Estado.

No tendría sentido convertirlo en una plataforma de confrontación permanente ni en un espacio para buscar protagonismos políticos. La oposición y las veedurías ciudadanas necesitan menos discursos incendiarios y más investigaciones; menos descalificaciones y más evidencia; menos intereses partidistas y más compromiso con el bien común.

Ser oposición no significa desear que el gobierno fracase. Ser veedor ciudadano no significa convertirse en enemigo de la administración. Significa ejercer un control responsable para que las decisiones públicas produzcan resultados reales en beneficio de los ciudadanos y de los territorios.

ÑAPA: Pocos recuerdan que, en Medellín, específicamente en la comuna de Belén, un grupo de líderes comunitarios impulsó hace varios años un ejercicio similar de seguimiento ciudadano a la administración municipal durante el gobierno del alcalde Sergio Fajardo Valderrama. Su propósito no era cogobernar ni sustituir a la institucionalidad, sino fortalecer la interlocución con el gobierno local y hacer seguimiento a la gestión pública desde la sociedad civil.

Aquella experiencia demuestra que la vigilancia ciudadana puede convertirse en una aliada de las buenas administraciones cuando existe voluntad de diálogo, respeto institucional y compromiso con el interés general. Quizás el verdadero reto de Colombia no sea crear nuevos mecanismos de control, sino aprender a utilizarlos con responsabilidad.

El día en que comprendamos que la oposición y las veedurías existen para mejorar el Estado y no para destruir al adversario, habremos dado un paso decisivo hacia una democracia más madura, más transparente y más cercana a las necesidades de los colombianos.

Si este GABINETE PARALELO fracasa, no necesariamente el gobierno también fracasa, pero si alcanzan éxito, con seguridad al gobierno y a los colombianos nos puede ir muy bien.