(OPINIÓN) La ley MiCA expulsa a Binance de la Unión Europea. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

La razón es simple: con los niveles impositivos actuales a escala global, un trabajador promedio destina al menos seis meses del año solo a pagar tributos. Eres un esclavo la mitad de tu vida mientras te venden la ilusión de que eres libre.

El sentido de autopreservación impulsa a las personas a ahorrar para tiempos difíciles o para la vejez. Es así como millones de ciudadanos en todo el mundo invierten sus recursos en el ecosistema cripto, con la esperanza de generar utilidades y evitar que los gobiernos expropien el fruto de su trabajo. Sin embargo, los Estados, valiéndose de su monopolio de la ley y de la fuerza, comenzaron a regular este mercado bajo la "noble intención" de proteger a los inversionistas y evitar fraudes.

Con la entrada en vigor de la Ley MiCA el pasado 1 de julio en la Unión Europea, el mayor exchange cripto del mundo enfocado en pequeños y medianos inversores, Binance, ha sido expulsado del viejo continente. Con esta decisión, destruyeron la libertad financiera de millones de usuarios que buscaban rentabilidad para sus ahorros y, sobre todo, escapar del control estatal.

Esta regulación implica que los recursos de los inversores deben migrar hacia plataformas autorizadas por la Unión Europea o regresar directamente a la banca tradicional. Como Binance se negó a ceder ante las exigencias de los reguladores de Bruselas las cuales vulneran la privacidad y los principios de descentralización de sus clientes, simplemente le prohibieron operar.

Los gobiernos europeos atraviesan una crisis fiscal sin precedentes. Con una deuda pública que en promedio supera el 80% del PIB, déficits que se consolidan en torno al 3% y una industria colapsada frente a sus rivales asiáticos, el panorama es crítico. Si a esto se le suma que el peso del gasto estatal ronda el 50% del PIB, es evidente que los gobernantes buscan desesperadamente nuevas formas de capturar recursos. Para lograrlo, cualquier empresa que se niegue a suministrar la información de sus clientes debe ser expulsada. El Estado siempre exige su parte del botín y solo tolera a los actores que se rinden ante su poder y le sirven como herramientas de fiscalización; por eso, mientras persiguen a la disidencia financiera, a la banca tradicional y a las plataformas cripto que decidieron "cooperar" con la Unión Europea se les permite seguir operando en el mercado.

El poder de los Estados está rebasando todas las libertades individuales. El control absoluto es su gran meta, y para lograrlo necesitan impedir que los ciudadanos decidan dónde colocar sus recursos porque los ciudadanos libres son el peor enemigo de los modelos socialdemócratas que hoy se imponen por la fuerza en todo el mundo.