Corte Constitucional definió que burlarse del cuerpo de una mujer en redes sociales puede ser violencia de género digital

La Corte Constitucional ha emitido un fallo trascendental en materia de derechos fundamentales y entornos digitales al determinar que las burlas, ridiculizaciones o comentarios despectivos sobre el cuerpo de una mujer en redes sociales constituyen una forma de violencia de género digital.

La Sala Cuarta de Revisión del alto tribunal amparó los derechos de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social de Arauca, tras ser víctima de ataques sistemáticos a través de plataformas tecnológicas que buscaban degradar su imagen pública basándose en su apariencia física.

La decisión de la Corte se originó a raíz de una acción de tutela interpuesta por Ortiz Tafur, quien es la esposa del actual alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos. La gestora social decidió acudir a este mecanismo constitucional para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la dignidad, la honra, el buen nombre y el derecho a vivir una vida libre de violencia, los cuales consideró vulnerados por el administrador de dos cuentas de Facebook en la región.

El origen del conflicto jurídico

Según los antecedentes del caso, en las cuentas de Facebook mencionadas se difundieron múltiples publicaciones que se burlaban de la apariencia física de Stephany Dayana Ortiz Tafur. Entre el contenido denunciado, se encontraba una publicación específica que atribuía cambios en su rostro a una supuesta "mala calidad del bótox", utilizando un tono de burla y descalificación personal que trascendía la opinión informativa o política.

Inicialmente, la solicitud de amparo no prosperó en las instancias judiciales del departamento de Arauca. Un juez de segunda instancia negó la tutela, lo que llevó a que el expediente fuera remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

El alto tribunal seleccionó el caso considerando la importancia de definir los límites de la libertad de expresión frente a la protección de la mujer en el ecosistema digital, un espacio donde la violencia suele escalar con rapidez y anonimato. Al revisar el caso, la Sala Cuarta de Revisión decidió revocar el fallo de segunda instancia y, en su lugar, conceder el amparo solicitado por la gestora social. Tras un análisis exhaustivo del contenido publicado, los magistrados concluyeron que las publicaciones no eran simples críticas, sino que "sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban" a la accionante.

Para la Corte, estos actos encajaban perfectamente en la definición de violencia de género digital, el concepto que se refiere a agresiones que se ejercen mediante el uso de plataformas tecnológicas y que se dirigen específicamente contra una mujer por el hecho de serlo, utilizando estereotipos o ataques a su integridad moral y física para menoscabar su posición en la sociedad. El tribunal fue enfático al precisar que el reconocimiento público de una persona, como es el caso de una gestora social o figura política, no la expone a cualquier tipo de ataque personal.

La providencia aclara que, si bien el rol público de Ortiz Tafur permitía un escrutinio riguroso sobre sus actuaciones oficiales y su gestión administrativa, esto no habilitaba a terceros para emitir mensajes que la reduzcan exclusivamente a su apariencia física o que reproduzcan estereotipos discriminatorios que históricamente han afectado a las mujeres.

El fallo de la Corte Constitucional no se limitó a la declaración de la vulneración, sino que impuso órdenes concretas y de obligatorio cumplimiento para el administrador de las cuentas de Facebook, en este sentido; el accionado debe cumplir con lo siguiente:

• Retiro de contenido: Debe eliminar de sus cuentas de Facebook las 28 publicaciones identificadas en el expediente dentro de las 48 horas siguientes a la notificación oficial del fallo.

• Prohibición de reincidencia: El creador de contenido debe abstenerse de difundir nuevos mensajes que sexualicen, desacrediten o degraden a la gestora social.

• Disculpas públicas: En un plazo máximo de cinco días, el responsable deberá ofrecer disculpas públicas a Stephany Dayana Ortiz Tafur a través de las mismas cuentas donde se originaron los ataques.

• Capacitación obligatoria: El accionado deberá participar en una capacitación sobre igualdad de género para comprender el impacto de sus acciones.

• Publicidad de la sentencia: Deberá publicar el fallo en sus perfiles de redes sociales, asegurándose de no revelar información reservada del proceso.

El Juzgado Primero Civil Municipal de Arauca fue designado como la autoridad encargada de verificar que cada una de estas órdenes se cumpla de manera efectiva y oportuna. Más allá del caso particular de la gestora social de Arauca, la Corte Constitucional aprovechó esta providencia para reiterar un llamado urgente al Congreso de la República. El tribunal exhortó nuevamente al legislativo para que expida una regulación específica y robusta sobre la violencia de género en entornos digitales.

Este vacío normativo ha sido advertido en decisiones anteriores, señalando que, mientras no exista una ley clara, la acción de tutela sigue siendo la principal y, a veces, única herramienta judicial efectiva para que las víctimas logren el retiro de contenidos ofensivos y obtengan medidas de reparación. Este pronunciamiento se produce a pocas semanas de que inicien los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que comienzan globalmente cada 25 de noviembre.

Preguntas y respuestas sobre el fallo

¿Qué determinó la Corte Constitucional sobre las burlas hacia el cuerpo de las mujeres en redes?

El alto tribunal estableció que ridiculizar la apariencia física de una mujer en plataformas digitales constituye violencia de género digital, pues estos actos sexualizan y descalifican a la persona por su condición de género, vulnerando su dignidad y buen nombre.

¿A qué sanciones se enfrenta el creador de contenido involucrado en este caso?

El responsable debe retirar las 28 publicaciones ofensivas de Facebook en un plazo de 48 horas, ofrecer disculpas públicas en sus redes, abstenerse de realizar nuevos ataques y asistir a una capacitación obligatoria sobre igualdad de género.

¿El fallo de la Corte limita la crítica hacia los funcionarios públicos?

No. La sentencia es clara al señalar que el reconocimiento público permite el escrutinio sobre la gestión y las actuaciones de una persona. Lo que no está permitido es emitir mensajes que reduzcan a la mujer a su apariencia física o que utilicen estereotipos discriminatorios para atacarla.