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(OPINIÓN) La oportunidad de achicar el Estado. Por: Cristian Halaby Fernández

Ningún gobierno en la historia reciente de Colombia ha tenido una oportunidad como esta. La Ley de Rescate, radicada el veintinueve de octubre, trae lo que muchos llevamos años pidiendo: reducir a la mitad los contratos de prestación de servicios, recortar el veinte por ciento de los gastos de personal y dar facultades temporales para reorganizar entidades.

IFM Noticias
Redacción
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(OPINIÓN) La oportunidad de achicar el Estado. Por: Cristian Halaby Fernández

Es la puerta para una reducción verdadera del tamaño del Estado, no para un recorte cosmético. Por eso no podemos desperdiciarla llenándola de impuestos.

Los números permiten hacer el ajuste con ahorro. El gobierno busca cerca de cuarenta billones de pesos en 2027. El presupuesto suma seiscientos treinta y cinco billones; ciento cincuenta y cinco se van en deuda y ochenta y siete en inversión. El funcionamiento se lleva trescientos noventa y tres, de los cuales casi trescientos son transferencias para pensiones, salud y regiones. Quedan cerca de noventa y cinco billones de funcionamiento propio del Estado, y ahí está el margen.

La nómina cuesta setenta y dos billones; un recorte del veinte por ciento libera unos catorce. Los contratos de prestación de servicios pasaron de doce a diecinueve billones entre 2022 y 2025; volver al nivel de hace cuatro años ahorra siete. Los contratadores mueven unos doce billones al año; reducirlos a la mitad aporta seis. Los gastos generales admiten un recorte del treinta por ciento, otros siete. Focalizar los subsidios de energía y combustible suma entre tres y cinco.

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Y el ejemplo debe venir de arriba. En 2020, en plena pandemia, Italia redujo por referendo su Parlamento de novecientos cuarenta y cinco a seiscientos escaños. Un Congreso treinta por ciento más pequeño, con sus UTL, y una sola administración para Senado y Cámara ahorrarían cerca de setecientos mil millones al año. La Unidad Nacional de Protección casi duplicó su presupuesto en tres años; reducirla a la mitad, empezando por los esquemas de políticos y el alquiler de camionetas, ahorra cerca de un billón y medio.

La cuenta total se acerca a cuarenta y cuatro billones. Sin un impuesto nuevo. El proyecto, sin embargo, también trae un paquete tributario que sobra. Desaparece la tarifa del cinco por ciento y salen de la lista de excluidos el maíz, la sal, los abonos, los plaguicidas y los tractores. Como ganadero sé lo que eso significa: sube el costo de producir comida, justo en el campo que debería jalonar el crecimiento. Gravar el abono del potrero para financiar un Estado que todavía no se ha achicado es poner la carreta delante de los bueyes.

Lo mismo pasa con los licores. El proyecto les sube el IVA del cinco al diecinueve por ciento y además encarece el impuesto al consumo, con un componente específico por grado que pasa de trescientos sesenta a setecientos cincuenta pesos, más del doble. Esto no golpea a las grandes licoreras, que tienen músculo para absorberlo. Golpea a las destilerías regionales y a las microempresas que apenas empiezan a abrirse mercado con productos de su tierra, generan empleo en municipios pequeños y compiten con marcas establecidas.

Con esa carga, muchas no sobreviven. Y el resultado es conocido: cuando el licor legal se vuelve impagable, gana el contrabando y gana el adulterado. Los departamentos, que financian la salud con estas rentas, terminan recaudando menos, no más. Otra vez Laffer: más tarifa no es más recaudo.

Lo que sí hay que defender es la reducción de la renta empresarial al treinta y uno por ciento. Colombia tiene una de las tarifas más altas de la región, y en ese nivel cada punto adicional espanta inversión, empuja a la informalidad y termina recaudando menos. Menos impuestos amplían la base, formalizan y ponen a crecer la economía que los paga. Ahorro y alivio no compiten: son las dos piernas del mismo ajuste.

Hay que decir también lo difícil. La ley recorta la nómina en 2028, y para que el ajuste de 2027 salga del ahorro habría que adelantar ese calendario. Es exigente, pero posible, y este gobierno tiene el mandato para hacerlo.

Le pido al Congreso que apruebe completo el recorte del gasto y las facultades para reorganizar el Estado, y que no apruebe ni un solo impuesto nuevo ni una sola tarifa más alta. Los cuarenta y cuatro billones están en el gasto del Estado, no en el bolsillo de los colombianos. Que el sacrificio empiece, y termine, por el Estado. Si alguna vez hubo un momento para tener un Estado que facilite en vez de estorbar, es este.

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