(OPINIÓN) La justicia no solo cojea. Por: Luis Guillermo Suárez Navarro

La Constitución de 1991 estableció la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la carta, como una forma en la cual un ciudadano puede solicitar ante un juez o tribunal la protección de sus derechos fundamentales que considere violados por cualquier autoridad o un particular.

Hasta aquí, la norma se considera justa en defensa de los ciudadanos, prueba de ello las 732.668 tutelas que entre los años 2023 y 2026 le pusieron a las EPS prestadoras de salud, la mayoría intervenidas por el gobierno del expresidente Petro, que evidencian la crisis en el sistema; actualmente dicho instrumento de defensa al ciudadano, está siendo utilizado por el Pacto Histórico en la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, aduciendo violada la libertad de cultos, la protección a menores ubicados en campamentos reclutados por grupos al margen de la ley o evitar que se utilicen los símbolos patrios y últimamente, cuestionar los desplazamientos del presidente hacia las regiones en naves del Estado, desvirtuando totalmente el espíritu de la defensa de los derechos del ciudadano como un medio de presión política hacia el nuevo gobierno.

Es aberrante ver los tiempos que se demoran los procesos en los tribunales, por las dilaciones utilizando argucias por parte de los jueces y abogados de los procesados, argumentando incapacidades sospechosas para dilatar los procesos, buscando el vencimiento de términos de los procesos. Inclusive, existen cuestionamientos sobre los fallos de algunos jueces, claramente dirigidos en beneficio de quienes han violado la ley.

Adicionalmente, existen personas, especialmente políticos que demandan a la otra parte porque lo miró mal o le hizo un comentario del cual se sintió aludido, congestionando la acción de la justicia limitando la capacidad de los juzgados y tribunales para emitir fallos en forma eficiente sobre lo realmente importante.

La justicia en muchos aspectos no solamente cojea con respecto a su accionar, está en cuidados intensivos porque requiere de una reforma integral en la cual se involucre al ciudadano que la utiliza, porque se ha desvirtuado como un medio para perjudicar a otros, más que obtener un resultado justo. Es importante priorizar la ética y el buen juicio en las decisiones de los fallos, se dignifique la labor de los jueces y fiscales que trabajan en condiciones precarias para realizar las investigaciones, por las amenazas que sobre ellos pesan por parte de los acusados y adicionalmente, establecer sanciones a los ciudadanos que hagan mal uso de las denuncias, congestionando los juzgados y tribunales, buscando protagonismo político.

Este nuevo gobierno tiene una gran oportunidad para superar los fracasos de otras administraciones que han pretendido lograr la tan anhelada reforma a la justicia y con ella las penas, muchas de ellas laxas frente a los delitos cometidos, parte muy importante para lograr la verdadera justicia y la seguridad para el país.