(OPINIÓN) La JEP, ¿con las horas contadas? Por: Óscar Montes

Pocos tribunales de justicia alcanzaron tanto nivel de desprestigio en tan poco tiempo como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y ello tiene que ver fundamentalmente con cuatro hechos concretos: una exasperante lentitud procesal, un alto costo financiero con pobres resultados, una impunidad desafiante y una vergonzosa politización de sus fallos.

Prueba de la exasperante lentitud procesal con la que ha operado la JEP en ocho años desde su creación es la sanción que acaba de imponer a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y a otros cinco integrantes del llamado Secretariado de las Farc por secuestro, delitos cometidos durante sus años de militancia en las filas de esa guerrilla

De no haber sido por la presión ejercida por sectores influyentes de la opinión pública, como congresistas afines al gobierno de Abelardo De la Espriella, entre ellos el senador Enrique Gómez Martínez, la decisión de la JEP hubiera tardado mucho más.

JEP envió una carta a la Corte Penal Internacional manifestando su preocupación por la propuesta de recortar su presupuesto

De hecho, el senador Gómez Martínez propuso el recorte de 100.000 millones de pesos en el presupuesto de la JEP, recursos que serían trasladados a la justicia ordinaria, que también tiene una enorme cantidad de procesos acumulados. De esta manera, la JEP dispondría de 720.000 millones de pesos para su funcionamiento en el año 2027, cifra que pese al recorte de los 100.000 millones seguiría siendo una de las más altas de la Rama Judicial.

“Mientras la JEP funciona como un fortín burocrático e ineficiente, la justicia ordinaria colapsa con un inventario de 2,2 millones de procesos represados, disparados por el tsunami de tutelas tras el derrumbe del sistema de salud. Con lo que pretende consumir la JEP, en dos años resolvemos el déficit de jueces en Colombia”, sostuvo el senador del Movimiento de Salvación Nacional.

La propuesta del senador Gómez Martínez causó gran malestar en el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien afirmó que de prosperar la iniciativa del senador Gómez Martínez podría llevar el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

De acuerdo con Ramelli, este tipo de decisiones podría causar una “parálisis operativa” del alto tribunal de justicia transicional, nacido de los acuerdos de La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Una de las críticas más frecuentes a la JEP tiene que ver precisamente con su ineficiencia, pese al multimillonario presupuesto del que dispone. Una cifra evidencia esta situación: de 110.000 víctimas de desaparición forzada denunciadas en el país en los últimos años, la JEP solo ha logrado identificar 128. Se trata obviamente de una cifra ridícula, que no corresponde al presupuesto invertido para cumplir con el propósito de identificar a las víctimas de desaparición forzada, uno de los delitos más frecuentes del país.

Otra de las críticas más comunes a la JEP tiene que ver con el tratamiento a las víctimas de la guerra. Cuando se promovió la creación de la JEP en La Habana siempre se dijo que las víctimas tendrían un papel protagónico durante la implementación de los acuerdos. No ocurrió así. Las víctimas han sido las grandes ausentes, como en repetidas ocasiones lo han denunciado integrantes de la Corporación Rosa Blanca, conformada por víctimas de abusos sexuales de jefes guerrilleros de las Farc. La JEP piensa más en los victimarios de las Farc que en la suerte y el destino de sus víctimas.

¿Qué hacer con la JEP? ¿Debe desaparecer este alto tribunal de justicia transicional? Veamos:

Recorte a la JEP: ¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!

La propuesta del senador Enrique Gómez Martínez de reducir en unos 100.000 millones de pesos el presupuesto de la JEP para el próximo año recibió de inmediato el espaldarazo del presidente Abelardo De la Espriella, vehemente crítico del alto tribunal desde sus tiempos de candidato presidencial.

“¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”, escribió ‘el Tigre’ Abelardo en su cuenta X. Los $100.000 millones que se le quitarían a la JEP pasarían al Consejo Superior de la Judicatura, que los destinaría a la creación de nuevos despachos y la formalización de cientos de encargos tanto de jueces como de magistrados que hoy están en el limbo y en absoluta incertidumbre.

En plata blanca la propuesta de Salvación Nacional significa el fortalecimiento de la justicia ordinaria y el debilitamiento de la justicia transicional, que no cumplió con las expectativas con las que fue creada.

Es un hecho inobjetable que la JEP ha estado muy lejos de las víctimas y muy cerca de los victimarios de las Farc, cuyas condenas no solo han sido tardías, sino irrisorias. Punto.

La JEP terminó por favorecer a los victimarios de las Farc

Después de todos los delitos cometidos que incluyen reclutamiento de menores y violencia sexual contra mujeres menores reclutadas, incluyendo la obligación a abortar los miembros del Secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, alias Timochenko, recibieron generosos castigos por parte de la JEP.

La sanción impuesta está muy lejos de los delitos cometidos por quienes tuvieron mando sobre los combatientes rasos de las Farc, incluyendo Sandra Ramírez, excompañera sentimental de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, máximo jefe de esa organización guerrillera.

Los antiguos jefes de las Farc que disfrutaron por varios años de curules en el Congreso de la República deberán portar dispositivos de seguimiento electrónico y no podrán salir del país durante el tiempo que paguen la sanción. Las penas impuestas están orientadas a cumplir con un propósito “restaurativo y reparador”, encaminado a la no repetición de los delitos cometidos.

Mientras los victimarios de las Farc pagan generosas “penas restaurativas”, sus víctimas cargan con traumas incurables, por cuenta de los vejámenes que sufrieron de manos de los antiguos jefes de las Farc, cuya máxima pena impuesta será de ocho años. Una verdadera burla a las víctimas.

Las penas restaurativas son una afrenta a las víctimas de los jefes de las Farc

De acuerdo con testimonios de víctimas de jefes de las Farc, integrantes del antiguo Secretariado, muchas de ellas fueron obligadas a entregar sus hijos nacidos dentro de las filas de la guerrilla para que fueran criados por otros miembros de ese grupo guerrillero.

Esa práctica cruel tan solo recibirá sanciones restaurativas, que ninguna proporcionalidad guardan con la falta cometida. Igual sucede con otros tipos de delitos, que incluyen amenazas de fusilamiento por la orientación sexual de algunas de las víctimas, cuyas penas resultan más simbólicas que efectivas.

La pena restaurativa, como la considera y la aplica la JEP, cuando se trata de los jefes de las FARC, no es más que una afrenta una humillación a las víctimas.

¿Tiene sentido la existencia de un tribunal transicional que así se comporta? ¿Un alto tribunal que piensa más en los victimarios que en las víctimas tiene razón de ser? Mientras la justicia ordinaria está sometida a un drástico recorte presupuestal, ¿tiene sentido destinar cientos de miles de millones a un tribunal transicional que en poco más de ocho años ha proferido muy pocos fallos?

Al ganar el NO, en el plebiscito del 2016, la JEP “nació condicionada”

La JEP nació de los acuerdos de La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Dichos acuerdos no contaron con el respaldo popular cuando el Gobierno los sometió a su veredicto en octubre del 2016.

En aquella oportunidad ganó el NO. Es decir, la JEP “nació condicionada”. Por tal razón, si había un tribunal que tenía la obligación de actuar con eficacia y transparencia era la JEP. Y no ocurrió así.

En todos estos años no ha habido por parte de la JEP razón o motivo que justifique su continuidad por los próximos años. Es un tribunal de justicia transicional demasiado costoso para los resultados que ofrece. Su sostenimiento, incluyendo la frondosa y creciente nómina, no se justifica, por cuenta de la precariedad de sus fallos.

Los únicos felices y contentos con la JEP son los exjefes de las Farc, que pueden “pagar” sus delitos de lesa humanidad, cumpliendo horarios de oficina y ayudando a construir escuelas y carreteras. Esa farsa no puede continuar y por esa misma razón tampoco debe continuar el alto tribunal de justicia transicional, que con sanciones simbólicas justifica la actuación criminal de los antiguos jefes de las Farc. Así de simple.