(OPINIÓN) El fenómeno de El Niño: El nuevo chivo expiatorio. Por: Carlos Andrés Echavarría Blandón

Su objetivo era descentralizar la gestión técnica e industrial de la política partidista tradicional, garantizando así continuidad operacional y solvencia financiera. Los concejales de la época actuaron con responsabilidad y comprendieron a la perfección una premisa fundamental: para que una empresa preste servicios públicos eficientes de energía, acueducto, alcantarillado y telefonía, debe mantenerse alejada de las manos de los políticos de turno.

A su primer gerente, el ingeniero civil y de minas Óscar Baquero Pinillos, le correspondió defender esa autonomía administrativa y presupuestal frente a las presiones provenientes de dos frentes: las nóminas burocráticas de las cuatro entidades que se fusionaron (energía, acueducto, alcantarillado y telefonía) y la tentación permanente de la alcaldía de utilizar a EPM como la «caja menor» de la ciudad ante sus aprietos fiscales. Los antioqueños tenemos una deuda de gratitud con el ingeniero Baquero porque no se rindió. Por el contrario, blindó la entidad fortaleciendo una Junta Directiva conformada por los sectores público y privado, en la que los empresarios y la banca imponían la viabilidad financiera y los criterios técnicos como norma rectora.

Sin la injerencia de la política electoral, la empresa se dedicó a crecer entre 1955 y principios de la década de 1990 mediante megaproyectos hidroeléctricos como Guadalupe, Troneras, Guatapé y San Carlos. En cuanto al agua potable, el crecimiento se dio con las obras de Piedras Blancas, La Ayurá y Riogrande II. Sin embargo, hoy Medellín afronta contingencias que amenazan la continuidad del suministro hídrico, debido a que desde 1991 no se construyen nuevos embalses destinados al acueducto del Valle de Aburrá. En el sector eléctrico, la última gran hidrogeneradora se adjudicó en 2011 y, a la fecha, no ha culminado su construcción.

El Acuerdo 58 de 1955 y la Junta Directiva de la época tenían como prioridad absoluta la capitalización interna y la inversión técnica, postura que llevó a EPM a convertirse en la segunda empresa estatal más importante de Colombia, solo detrás de Ecopetrol. No obstante, la entidad sí retribuía a la ciudad a través de subvenciones implícitas: en lugar de girarle un cheque a la alcaldía para su libre destinación, asumía e invertía directamente en infraestructura pública mediante la financiación y ejecución del alumbrado público, la extensión de redes de acueducto y alcantarillado, y la canalización de quebradas en zonas vulnerables o de expansión. De igual forma, cubría los costos del consumo de energía y agua potable de escuelas públicas, hospitales municipales, plazas de mercado y dependencias de la administración central.

Asimismo, cuando EPM generaba excedentes de caja considerables, la Junta Directiva destinaba recursos a la cofinanciación de vías principales, puentes y compra de predios. Cuando el Municipio le otorgaba exenciones en tributos locales, la empresa canalizaba ese ahorro directamente hacia obras de infraestructura y programas sociales ejecutados con su propia capacidad técnica. Bajo este esquema se entiende por qué, en todos los rincones del país, los medellinenses sentían un profundo orgullo por EPM.

Esa luna de miel terminó, y las advertencias de Milton Friedman recordaron que la máxima del poder político suele ser su propio crecimiento a costa del contribuyente. Las empresas estatales terminan convertidas en fortines donde la contratación, las nóminas y las licitaciones se utilizan para pagar favores electorales o ubicar a personas afines ideológicamente, en lugar de contratar bajo rigurosos criterios meritocráticos y técnicos.

En el derecho, las cosas se deshacen o modifican de la misma manera como nacieron. Fue así como en 1997, bajo la alcaldía de Sergio Gabriel Naranjo, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo 69, el cual transformó a EPM en Empresa Industrial y Comercial del Estado. En concordancia con la Constitución de 1991, la Ley 142 de 1994 y el Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), se estableció que los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado territorial no podían transferirse a la entidad propietaria en un porcentaje superior al 30%.

Esto obligó a reglamentar de forma institucional el giro de hasta un 30% de las utilidades líquidas de EPM al Municipio y los mandatarios de turno siempre exigieron la transferencia máxima. En Colombia pareciera que ese “hasta un” es siempre la regla y como una de las premisas del Estado de bienestar es crecer y crecer, sonaba un poco inocente creer que las administraciones locales se medirían en sus gastos a partir de ese momento; hay que contar con el 30% de las utilidades de EPM dentro del presupuesto municipal.

A pesar de que el acuerdo 69 de 1997 incluyó una cláusula en donde se determinó que las transferencias de EPM solo podían ir con destinación al alumbrado público y la inversión social, el blindaje original se debilitó y el apetito de la clase política encontró una puerta de entrada y como en la fábula del sapo y la olla con agua, la caja de Pandora se abrió.

Posteriormente, en el año 2007, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, se introdujeron modificaciones sustanciales al esquema de transferencias. En primer lugar, los recursos provenientes de la descapitalización o distribución de excedentes acumulados ingresaron al presupuesto municipal bajo la figura de recursos de capital.

Al no estar condicionados por una ley de destinación específica nacional, el Alcalde y el Concejo adquirieron la potestad de asignarlos libremente a cualquier rubro del Plan de Desarrollo Municipal.

En segundo lugar, se dividieron las transferencias en dos bolsas: una ordinaria y fija del 30% para cumplir con el marco legal, y una extraordinaria y flexible de hasta un 25% adicional. En la práctica, esto significó elevar hasta un 55% el techo de las utilidades líquidas transferibles a la ciudad. Aunque en el Convenio Marco de Relaciones de 2007 se fijaron requisitos técnicos para proteger el patrimonio de la entidad antes de autorizar ese 25% adicional, la excepción se convirtió en la norma como se venía venir.

Desde 2007 hasta la fecha, durante las administraciones de Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, Daniel Quintero y nuevamente Federico Gutiérrez, se giró de manera sistemática el 55% de las utilidades de EPM a través de acuerdos aprobados en el Concejo. Ni siquiera la tragedia de Hidroituango en 2018 y 2019 detuvo la hemorragia: aun con la empresa en crisis y a punto de colapsar la mayor central hidroeléctrica del país, los políticos que administraban la ciudad no sacrificaron los ingresos provenientes de EPM con la excusa de que se tenían que seguir a rajatabla los planes sociales de la ciudad, así que mantuvieron la exigencia del 55%, obligando a EPM a endeudarse y enajenar sus activos internacionales para no desfinanciar el presupuesto municipal y ojo, tampoco se detuvo durante la pandemia en el 2020 cuando la empresa atravesó por una crisis por la incapacidad de pago de los usuarios de los servicios de EPM. La empresa tuvo que endeudarse para cumplir con la obligación de las transferencias.

El único año en el que no se cumplió con el 55% no se debió a la responsabilidad del mandatario o el Concejo distrital; ocurrió en el 2023 por una pelea entre el alcalde Daniel Quintero y el Concejo con fines electorales de ese año. Aun así, se autorizó el giro del 44% de las utilidades, negándose el 11% restante ($330.000 millones de pesos por lo cual Daniel sigue quejándose).

La administración local se volvió adicta a las transferencias de EPM. Hoy, cuando se evidencian las consecuencias y la empresa ha tenido que enajenar activos en el exterior como Aguas de Antofagasta en Chile, su participación en Electra Noreste en Panamá o diversas subsidiarias en México y España para proteger la liquidez de la casa matriz, los mismos actores políticos que han conducido a la entidad a tensiones financieras (a través de decisiones como la adquisición de Afinia para asumir la operación en la Costa Caribe) se rasgan las vestiduras.

La situación con Afinia merece un artículo independiente debido a que comparten responsabilidades varias administraciones del distrito desde la configuración para hacer viable la compra pasando por las presumibles negociaciones con el gobierno nacional y la operación actual de la filial. Todas ellas, indiscutiblemente contienen más de cálculo político y reconocimiento nacional para aspiraciones futuras que utilidad técnica y beneficio para la empresa y sus propietarios.

Ahora la clase política argumenta que, por cuenta de los problemas en Afinia y el fenómeno de El Niño, las transferencias para los próximos ejercicios no serán de 3 billones de pesos sino de solo 1,5 billones. Por esta razón, el Concejo de Medellín evalúa autorizar endeudamiento por 1,5 billones de pesos para no paralizar la inversión social. En la práctica, de un plumazo, a cada uno de los 2,5 millones de habitantes de la ciudad se le impone una deuda indirecta de cerca de 600 mil pesos, la cual terminará pagándose con impuestos, tributos y tarifas locales. Las deudas, tarde o temprano, siempre las paga el ciudadano.

Como señalaba Milton Friedman: «Cuando te equivocas con tu propio dinero, el costo lo pagas tú. Cuando un político se equivoca con tu dinero, la cuenta te la pasan a ti y el político pide más presupuesto».

Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.