(OPINIÓN) La hora de la fuerza del Estado en Colombia: la propuesta de Abelardo. Por: Andrés Gaviria Cano

No lo dice con dramatismo ni con rabia; lo dice como quien describe el clima. En esa frase breve hay algo más profundo, la resignación de quien entendió que la violencia en su región dejó de ser una excepción para convertirse en la regla.

Ese paisaje lleva décadas instalado en Colombia. Sin embargo, hay cifras que ya no admiten interpretaciones complacientes. En lo corrido de 2026, apenas cinco meses, se han registrado 54 masacres y al menos 233 víctimas fatales, según Indepaz. La tendencia es clara y alarmante. Si no se corrige el rumbo, el país no solo repetirá las cifras del año anterior, sino que podría superarlas.

Al mismo tiempo, los grupos armados ilegales se han fortalecido. Hoy operan con una lógica empresarial, con redes transnacionales y con control territorial creciente. Se estima que sus filas han aumentado cerca de un 23% en el último año, superando ampliamente los 27.000 integrantes. Esto no es un fenómeno marginal, es una expansión estructural del crimen organizado en Colombia.

Las consecuencias no son únicamente en términos de seguridad. También son económicas. Diversos análisis coinciden en que la violencia le cuesta al país cerca del 15% del PIB. Es una cifra descomunal que supera la inversión en sectores clave y que limita de manera directa la capacidad de crecimiento, generación de empleo y atracción de inversión. No hay desarrollo posible en medio de la expansión del crimen.

Frente a esta realidad, la estrategia de los últimos años fracasó. La combinación de negociación sin resultados verificables, suspensión de operaciones y flexibilización de la presión del Estado no debilitó a los grupos armados; por el contrario, les permitió fortalecerse, reclutar, expandir sus economías ilegales y consolidar su control territorial. Lo que se presentó como una apuesta por la paz terminó traduciéndose en más violencia y más impunidad.

Por eso, el país necesita un cambio de enfoque sin ambigüedades. Y en ese punto, la propuesta de Abelardo de la Espriella representa una ruptura clara con la inercia reciente. Parte de un diagnóstico correcto: los grupos armados no son interlocutores políticos, son estructuras criminales que responden únicamente a incentivos de poder y rentabilidad.

En consecuencia, la respuesta del Estado debe ser proporcional a esa amenaza. Reactivar la extradición sin dilaciones, retomar la fumigación aérea de cultivos ilícitos en un país con más de 200.000 hectáreas de coca, suspender cualquier negociación que no produzca resultados concretos, construir megacárceles que rompan definitivamente las redes de operación criminal desde los centros de reclusión y fortalecer de manera decidida a las Fuerzas Armadas no son medidas extremas. Son medidas necesarias.

Las megacárceles, en particular, responden a una realidad innegable: hoy muchos cabecillas siguen delinquiendo desde prisión. Romper esa capacidad operativa no es opcional, es indispensable. De la misma manera, el fortalecimiento jurídico y operativo de la Fuerza Pública, junto con la autorización de operaciones ofensivas contundentes contra estructuras criminales, es una condición básica para recuperar el control del territorio.

Colombia ya ha visto que cuando el Estado actúa con determinación, los indicadores de seguridad mejoran. Y también ha comprobado que cuando el Estado se repliega, el crimen avanza. No hay punto medio sostenible entre esas dos realidades.

Mi amigo del Chocó no está pensando en teorías ni en debates ideológicos. Está esperando algo mucho más simple, que el Estado llegue y se quede. Que la ley se cumpla. Que quienes hoy imponen el miedo dejen de tener el control de su vida cotidiana.

Esa respuesta no puede seguir postergándose. Implica decisiones difíciles, sí, pero sobre todo implica claridad. La seguridad no es negociable cuando lo que está en juego es la vida de los ciudadanos y la estabilidad del país.

Cincuenta y cuatro masacres en cinco meses no son una estadística más, son la evidencia de que el modelo actual es insostenible. Por eso, más que una discusión teórica, lo que Colombia enfrenta hoy es una decisión de fondo.

Seguir en el mismo camino o asumir, con determinación, la estrategia que propone Abelardo de la Espriella para recuperar el control del país.